El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se ha jactado de la eficaz labor que ha tenido la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas en cuanto a la localización de mujeres y hombres a los cuales se había reportado como desaparecidos, pero quiénes son éstas personas, qué sabemos de ellas y de las razones por las que se les desapareció.
Por Jonathan Ávila/ @JonathanAvilaG
La opacidad ha sido un componente reiterado en el ejercicio de las funciones que atañen a las instituciones de procuración de justicia en México. El caso de Jalisco, y en especial la labor de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, no ha sido la excepción. Aún cuando uno de los principios fundamentales de las leyes en materia de desaparición de personas de nuestro país se centre en el derecho de las víctimas a conocer la verdad de los hechos, este derecho ha quedado pisoteado por las instituciones públicas a quienes poco les importa la investigación para poder determinar dicha verdad. Si no se han empeñado en poder encontrar a las miles de personas que aún siguen desaparecidas, mucho menos tienen voluntad política para esclarecer las circunstancias de la barbarie que vivimos.
Desde hace meses que me empeño en poder hacer frente a la zozobra que nos invade como sociedad y también ante las dudas evidentes que nos hacemos a diario por la crisis que vivimos en el país. ¿Cómo entender lo que pasa en Jalisco?, ¿qué datos pueden aportar al esclarecimiento del contexto que se vive? En mi temeridad he comenzado con una solicitud sencilla pero contundente:
¿Cómo se ha localizado a las personas que ha dicho este gobierno que localizó en el último año y que con falta de tacto presume como si se tratara de un evento mediático del cual enorgullecerse como si se tratara de la inauguración de una calle recién pavimentada?
De acuerdo con su Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID), entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019 se han localizado a tres mil 283 personas que se habían reportado como desaparecidas o no localizadas. De ese total el gobierno estatal establece que dos mil 835 personas fueron localizadas con vida y las 448 restantes, lamentablemente, sin vida. Pero, ¿cuáles son las determinaciones de la localización?, ¿se debió a las labores de búsqueda, a las investigaciones de la fiscalía, al trabajo propio de las víctimas?
La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD), entidad que da cuenta de esta información, se ha empeñado en guardar celosamente esta información. Según el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, existen criterios claro para los agentes del Ministerio Público en cuanto al registro y determinación de las condiciones para cuando se localiza a una persona. El propio protocolo establece procesos diferenciados para cuando la víctima se presenta, detecta o localiza con vida o sin vida.
La autoridad del actual gobierno, con Enrique Alfaro como rostro principal y más mediático, se empeña en señalar no sólo que ya hay más personas localizadas en el último año de gobierno, sino que la barbarie configurada en fosas clandestinas y sitios de exterminio –mal llamadas casas de seguridad por la jerga burocrática y policial– se debe a que ellos “están buscando”. Aunque no sabemos cuántas personas realmente han sido localizadas con vida por las autoridades o cuántas de las localizadas sin vida fueron encontradas en determinadas condiciones que hablen de las lógicas de la violencia que vivimos a nivel local, no solo en términos de lo que representa el estado sino en cuanto al contexto de cada región, municipio, localidad y colonia.
La FEPD se empeña en guardar celosamente la información y se limita a decir que esta no es procesada de manera electrónica y por lo tanto los ciudadanos no podemos acceder a ella a menos de que nos adentremos en la inhibición de las condiciones de una consulta pública en la fiscalía para revisar los miles de expedientes y encontrar este dato. Como sociedad, hemos quedado nulificados para acceder al derecho a la verdad que no sólo compete a las víctimas sino a todos, en tanto posibles víctimas de desaparición y por la magnitud de la problemática que la convierte en un tema de innegable interés público.
A pesar de la opacidad, existen datos interesantes en lo otorgado por la propia FEPD, derivado de los cuestionamientos que se han hecho a las entidades públicas a partir de las herramientas al alcance de periodistas, organizaciones y ciudadanos en general. Durante las pasadas mesas de trabajo, y por los reclamos legítimos de las familias que se organizan para buscar a sus desaparecidos, se hizo presente la pregunta inevitable; sobre todo, según la memoria, lo expresado por Esperanza Chávez, representante del colectivo Por Amor a Ellxs: “¿quiénes son los que han localizado, si yo tengo buscando por años a mi familiar y sigo sin saber de él?”.
En los datos obtenidos por transparencia queda evidenciada la labor reactiva y altamente demandante de la fiscalía especial, pues el 92.29 por ciento (tres mil 30) de las personas que han sido localizadas en el último año, concerniente a la administración de Enrique Alfaro, justamente fueron personas que se reportaron como desaparecidas en denuncias que se interpusieron entre 2018 y 2019; es decir, se trata de un trabajo al momento de la desaparición y que si bien habla de la labor de las autoridades actuales también nos muestra que los localizados de este gobierno expresamente han sido los reportados, mayoritariamente, de este mismo gobierno.
Apenas el 7.70 por ciento de las personas “localizadas” (253) corresponden a personas cuya desaparición se denunció en años previos a la actual administración, son personas cuya desaparición se denunció entre el 2001 y el 2017. Un dato sumamente importante para quienes llevan años buscando, como las personas organizadas en colectivos y quienes de manera autónoma también han asumido este rol, pues muchos de los casos en los colectivos y con familias que siguen pugnando hablamos de familiares desaparecidos en años anteriores a los de este gobierno, muchos datan de 2012, 2013, 2014 y 2015; gente que tiene ya más de un lustro en el difícil camino de la búsqueda de sus seres queridos.
De acuerdo a la propia fiscalía especial, estas tres mil 283 estaban contempladas en dos mil 958 carpetas de investigación que se iniciaron por el reporte y denuncia de la desaparición. Ninguna ha sido enviada a archivo, según su versión y ante la duda por las versiones de las propias familias, pero solo siguen en investigación 455 averiguaciones previas luego de la localización. Apenas se han judicializado las carpetas que involucran a 26 personas detenidas, mismas que según la información corresponden con grupos de gente armada, y a las que se les acreditó su responsabilidad en los hechos delictivos en asuntos donde se localizó a las personas reportadas como desaparecidas.
Un dato destacable al ver la complejidad y nula investigación luego de la localización es lo que la propia Fiscalía reconoce, al detallar que hay dos mil 503 asuntos en los cuales se han agotado todo tipo de investigaciones sin tener resultados. De las circunstancias de la localización, por la naturaleza misma del cuestionamiento hecho por transparencia, nada dice la dependencia.
La categorización de personas como “desaparecidas” y las “no localizadas”, contempladas en la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda –tal como lo recordó el miércoles 29 de enero en el Congreso de Jalisco el defensor de derechos humanos Jorge Verástegui– se hizo con la intención de presionar aún más a las entidades públicas que se rehusaban a realizar a cabalidad las investigaciones. También para rendir cuentas en cuanto a su verdadera labor, por la promoción de cifras de localización ante posibles casos en los que verdaderamente no haya habido hechos violentos y solo constituyera una falla en la comunicación de las familias con la persona no localizada, de ahí el término jurídico ahora en disputa.
Por eso es legítimo preguntar que, de esos desaparecidos que hoy nos presume la administración de Enrique Alfaro, ¿cuántos fueron localizados por la FEPD?, ¿cuántos por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco?, ¿cuántos por la labor de las familias?, ¿cuántos simplemente aparecieron en sus domicilios para señalar que nada violento, por fortuna, les ocurrió o a través de comunicaciones pudieron dar información a sus familias sobre su paradero? De eso no nos habla la fiscalía, y con eso solo abre más suspicacias con respecto a su poca responsabilidad en la localización y el trato indigno para las familias, que son quienes finalmente terminan por localizar a sus seres queridos desaparecidos.
Un paso importante para poder entender lo que ocurre en todo México, pero sin duda con especial interés en el caso de Jalisco, es poder establecer la verdad con respecto a los hechos violentos y las graves violaciones a los derechos humanos que acontecen y han acontecido en el estado en materia de desaparición de personas.
Tal como lo señaló Jesús Peña, representante adjunto de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México durante el primer día de las famosas mesas de trabajo en el Congreso de Jalisco; no olvidemos que cuando hablamos del tamaño del problema; es decir, de las altas cifras que se registran en la entidad, también estamos hablando de miles de personas de las que no sólo se desconoce el paradero sino que han roto todo lazo de comunicación posible con sus familiares y seres queridos, lo que genera una gran incertidumbre y zozobra en quienes les buscan.
En Jalisco, a pesar del discurso que ha tratado de alzar el gobernador Enrique Alfaro Ramírez desde su llegada y ante su famosa frase en la que prometió que en este gobierno se hablaría “con la verdad”; sin embargo, impera todo menos la verdad. Este derecho y principio fundamental de las familias y de la sociedad entera no se respeta a cabalidad y es que faltan los recursos, el personal y la infraestructura institucional suficiente para poder garantizarla; pero agregando también que a esos obstáculos institucionales se les debe poner al lado de la ausencia de una buena dosis de voluntad política para hacer frente al problema y generar un diagnóstico público sobre el momento que vivimos.
En las mesas que pasaron para “atender” la deuda que se tienen en el estado de Jalisco por la falta de armonización del marco normativo local con lo establecido en la Ley General en materia de desaparición destacaron grandilocuentes discursos de funcionarios que hablaban de un trabajo institucional casi de otro país, semejante al de aquellos que enfrentan a los “malos” con todo el peso de la justicia sin descanso desde instancias como la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco.
Junto a tamaños discursos hemos de hacer evidente que en nuestro sistema de procuración de justicia sin duda hacen falta muchas cosas para tener un avance considerable en materia de desaparición. La fiscal especial, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, habló de la cercanía con las víctimas, de las limitaciones en la norma y de los avances en su gestión. Todo eso quedó opacado ante una frase que ella misma expresó: “no hemos cumplido con la sociedad ni el trabajo ha terminado mientras siga habiendo víctimas que no hemos encontrado”.
En Jalisco siguen miles sin localizados, más de nueve mil personas según las cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda. Es cierto, se trata de un contexto similar al que viven otras entidades debido a la magnitud y complejidad del problema, pero no podremos entender lo que ocurre y mucho menos actuar en consecuencia mientras no tengamos un mínimo de referencias para poder ir entendiendo lo que ocurre en el estado y cómo eso puede ser comparado o diferenciado con respecto a lo que sucede en otras partes del país.
Hay una gran deuda de la administración estatal actual con la verdad. No hay que tenerle miedo a las cifras y el gobierno debe reconocer el tamaño del problema, como le expresó la ex senadora Angélica de la Peña en un mensaje público al gobernador desde el patio central del Congreso de Jalisco. Tenemos derecho a saber lo que pasa, la verdad será fundamental para hacer frente a este problema y su difusión debe ser amplia y accesible, pues estos años de aprendizaje desde abajo han demostrado que son las familias y el acompañamiento social quienes en realidad ponen el dedo en el renglón. Gracias a esas personas estamos hoy frente a posibles acciones y su vigilancia, pero debemos tener la fotografía completa.
Como se determinó en el caso de Rosendo Radilla Pacheco contra el Estado Mexicano, según las determinaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “la privación continua de la verdad acerca del destino de la persona desaparecida constituye una forma de trato cruel e inhumano para sus familiares”; en el caso de la ausencia de un diagnóstico claro sobre las condiciones y lógicas sobre las personas desaparecidas y las localizadas en Jalisco, hablamos de un trato cruel e inhumano en contra de toda la sociedad, ¿cuándo podremos aspirar a la verdad ante tal opacidad?
