El (no) Informe del Gobierno de Jalisco sobre las personas desaparecidas.

1 noviembre, 2020

Manos Libres

Por Francisco Macías Medina / @pacommedina 

En el segundo informe del Gobierno de Jalisco sobre la situación de las personas desaparecidas, se subrayaron datos como la disminución en el número de denuncias y por tanto de desapariciones, la judicialización de expedientes, número de funcionarios públicos responsables y de personas sentenciadas; además del incremento al doble del presupuesto para las áreas de atención. 

La forma de presentarlos con números, porcentajes y frases, no tienen diferencia con una misión política de mostrar acciones a través de un lenguaje que convenza de las afirmaciones, sobre todo de sus seguidores. El principal problema es que más allá de la inconsistencia de las cifras o de la forma en que se realizó el informe, confirma una desconexión con las denuncias de las familias que exigen respuestas y evita explicaciones urgentes e indispensables de la dinámica de violencia sin tregua que se vive en la entidad.

Parte de las preguntas las encontramos en el reportaje “Guadalajara. Zona de Exterminio y Desaparición”, realizado por ZonaDocs y CONNECTAS, en el que se dibuja una geografía del horror que reconfigura los límites municipales cuyo centro es la administración de la violencia para propiciar el miedo.

Es indispensable identificar el origen de las dinámicas de las violencias para interpretar las consecuencias o si acaso las cifras. Los expertos entrevistados en el reportaje -Falko Ernst de Crisis Group y Edgardo Buscaglia- confirman que el sitio donde se desarrollan las actividades es importante porque facilita la disminución de costos y construye facilidades en el entorno. De esta manera se alimentan 50 grupos criminales, 70% de ellos con operación en Guadalajara, territorio que ha recibido el 54% de señalamientos del Departamento del Tesoro de los EU.

Bajo esta dinámica, cualquier actividad delictiva o dinámica de violencia debe interpretarse bajo parámetros de macro criminalidad, para la cual la autoridad local debería mostrar fortalezas y coordinación. Precaución: dar cifras de disminución de casos o expedientes no explican el contexto en el que ocurren o dejan de ocurrir los casos de desaparición, ni identifican acciones adecuadas que permitan atenderlo.

Existe otro argumento de origen: la transición a la democracia. En su columna “Pluralismo y Barbarie” en el diario Mural, Jesús Silva Herzog Marquez, cita el reciente libro de Guillermo Trejo y Sandra Ley “Votos, Drogas y Violencia”, los cuales afirman que los procesos de democratización nos condujeron a la barbarie y a la violencia, debido a la vinculación y convivencia entre actores autoritarios de nuestro pasado y el crimen, dinámica que fue heredándose al pluralismo político, aspecto que impulsó incertidumbre entre dichos actores y por tanto motivos para la violencia exacerbada.

Surgen de nuevo preguntas no contestadas en el informe: ¿de qué parte, grupo o segmento forman parte nuestros actores políticos?, ¿los procesos electorales son para elegir o subastar administraciones del crimen?, ¿qué justifica el nombramiento de jueces, magistrados y fiscales venidos del pasado?, ¿se busca “administrar” las violencias de acuerdo a parámetros del autoritarismo?

Finalmente, la pieza de comunicación de esta semana no explica el aumento del 150% de lugares de exterminio, ni el incremento del 200% de los reportes de personas desaparecidas al número de auxilio 911. No informa sobre operativos para evitar la logística del horror, pero tampoco coloca razones que expliquen la generalización de prácticas inhumanas en personas asesinadas y localizadas en la vía pública. Tampoco ofrece un posicionamiento reflejado en acciones que desmantele el miedo reinante.

Con los datos ofrecidos por el reportaje y las investigaciones, más bien se explica el mantenimiento de funcionarios cuyas fortalezas provienen de la administración de la violencia, lo cual favorece un discurso simplista que no explica lo que debería ser transparentado. 

Por eso el constante uso de etiquetas, estigmas en las víctimas y el uso de eufemismos o de categorías, entre ellas la de “no localizados”, así como la magnificación de un registro que sólo muestra pálidos indicios de lo que debería impulsar acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno. 

Se trata de un posicionamiento más lleno de promesas que de un informe. Para el caso, me sumo al reclamo de los familiares de los desaparecidos en Autlán: A nosotros nadie nos ha informado nada. 

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Francisco Macías Migrante de experiencias, observador de barrio, reflexiono temas de derechos humanos.

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