Jalisco: un estado feminicida

En los últimos años en Jalisco, según los registros de la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ), han ocurrido 337 feminicidios; las colectivas feministas han denunciado que esto podría duplicarse por la manera en que las autoridades están tipificando este crimen

La mayor parte de estos feminicidios no se investigan realmente, pues las autoridades judiciales no juzgan con perspectiva de género ni emplean los marcos legales para procesar a los presuntos feminicidas.

Al contrario burlan, omiten y minimizan esta violencia de género como en los casos de Imelda, Gabriela, Vanessa, Alondra, Betsabé y Liliana, quienes han sido víctimas de un Estado feminicida que no les garantiza ni justicia ni verdad.

En esta investigación exponemos cómo es que esta violencia feminicida está precedida por diversos tipos de violencia de género que, igualmente, son ignorados por las autoridades, las cuales forman parte de la violencia que padecen las mujeres en Jalisco.

Por Nayeli Escobar, María Fernanda Félix, Guadalupe Baltierra, Emma G. Caballero, Fernanda Elizabeth Mariscal Vázquéz, Fátima Plascencia, Fátima Hurtado y Oziel Díaz*.

337 feminicidios se han cometido en Jalisco, entre 2012 y 2020; así asegura la Fiscalía del Estado de Jalisco; sin embargo, la Red YoVoy8deMarzo y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, han denunciado que, tan sólo en 2020, 220 mujeres fueron las que fueron asesinadas de manera violenta en el estado.

Para cada una de estas víctimas no existe la justicia, pues la mitad de los victimarios no han recibido algún castigo y si se revisa el número de agresores que han llegado a los tribunales, sólo reciben condena uno de cada cuatro.

La nula investigación, las pocas detenciones y las escasas sentencias condenatorias forman parte de quienes tienen que pelear con el Estado para que éste les garantice: justicia, memoria y verdad.

En Jalisco sólo dos de cada diez asesinatos de mujeres son tipificados como feminicidios; el resto, sin más explicaciones, son considerados sólo como homicidios dolosos.

Este terrible dato empata con la realidad del país donde nueve de cada diez feminicidios quedan impunes, esto conforme los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

“Un feminicidio es el homicidio de una mujer por razones de género a manos de un hombre”; así ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras las sentencias que ha hecho contra el país por la comisión de este delito.

En ese sentido, los feminicidios son asesinatos motivados por la misoginia, el machismo y el patriarcado porque implican el desprecio y el odio hacia las mujeres; pero también por el sexismo porque los varones que las asesinan sienten que son superiores y que tienen el derecho a terminar con sus vidas.

En Jalisco, el Código de Procedimientos Penales en su artículo 232-BIS establece el protocolo de actuación con perspectiva de género para la investigación del delito de feminicidio, el cual consiste de 11 conductas para determinar la tipificación de este delito.

De acuerdo a la solicitud de transparencia realizada para esta investigación, expediente LTAIPJ/FE/2250/2020, de enero a septiembre del 2020, hubieron 39 averiguaciones previas y/o carpetas de investigación, aunque realmente existía un registro de 40 víctimas de feminicidio.

Al concluir el año, Jalisco se posicionó como el sexto lugar entre las entidades con más feminicidios en el país.

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) denunció que existe un subregistro de feminicidios en Jalisco; para la colectiva en 2020 se habían registrado más de 220 feminicidios, la FEJ -hasta septiempre- sólo registró 40.

Estefanía Vela, directora de Intersecta (organización feminista comprometida con la lucha para erradicar la discriminación en México), propone que lo primero que se debe hacer es fomentar y posibilitar la denuncia a las mujeres cómo y en dónde pueden hacerlo

Sin embargo, los procesos no prosiguen hacia una resolución, pues las denuncias se estancan en el proceso, sin prestarle el interés debido al no aplicar justamente las leyes. Provocando que la agresión llegue hasta el punto máximo de violencia de género, el feminicidio.
Para atender este delito, en la FEJ existen dos unidades: la primera es la Unidad Especializada en la Investigación de Feminicidios y la Unidad de Investigación en Delito contra las Mujeres y Delitos en Razón de Género. Ambas instancias trabajan de manera “coordinada” con el Centro de Justicia de la Mujer (CJM).
Conforme lo marcan sus leyes orgánicas, todas deben regirse con el protocolo de actuación propuesto por la CIDH, tras la sentencia dictada el 16 de noviembre de 2019, donde se señaló la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la falta de diligencia en las investigaciones relacionadas con la desaparición y asesinato de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez (Caso Campo Algodonero).

El perfil de las víctimas de feminicidio en Jalisco

Conforme a la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ), el perfil de edad de las mujeres víctimas de feminicidio en Jalisco, de 2012 a 2020, son mujeres entre los 18 y 30 años de edad.

El segundo grupo en riesgo son las mujeres de 31 a 40 años de edad; después de 41 a 50 años; 10 a 17 años; 51 a 60 años; 61 a más y finalmente, de 0 a 9 años; respecto a clasificación de grupos de riesgo por edad.

 

Los municipios con más averiguaciones previas y/o carpetas de investigación por el delito de feminicidio son Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque y Zapopan. Según registros del 2018, 2019 y 2020 de la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ), estos municipios concentraron el 50% del total de los feminicidios en la entidad.

¿Por qué no se toma en serio o con la gravedad necesaria?

Una herramienta para identificar las agresiones de género es el violentómetro, el cual permite darnos cuenta de las microagresiones y agresiones que se cometen contra las mujeres. Su escala ayuda a prevenir que la violencia llegue a un grado mayor.

El violentómetro tiene tres niveles que se presentan en una escala de colores y donde los tipos de violencia y su gravedad van intensificando el color; esto permite identificar los focos de alerta. Estas acciones agresivas pueden ser experimentadas de manera intercalada y no necesariamente en el orden que se muestra esta herramienta.

La Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género (UPGPG) ha diseñado este material didáctico para poder visualizar las diferentes manifestaciones de violencia que hemos normalizado en nuestra vida diaria y que van quedando ocultas confundiéndose con acciones cotidianas dentro del ámbito familiar, laboral y escolar.

Al primer foco rojo que detectes: ¡Huye!

¡Ten cuidado! La violencia aumentará

En esta primera etapa, la violencia puede pasar desapercibida; sin embargo, con una educación con perspectiva de género se pueden identificar a tiempo los focos rojos para poder evitar ser víctima o convertirse en victimario gradualmente.

La violencia de género actúa como sombra perpetua de las mujeres mexicanas, desde pequeñas normalizamos actitudes violentas sin saberlo. Te levanta la falda porque así juegan los niños, te molesta porque le gustas, ¿te robó un beso? ¡Qué tierno, es todo un galán!

Este tipo de frases que escuchamos en la infancia provocan que no identifiquemos que se tratan de intrusiones hacia nuestra persona y que nadie tiene derecho a cometerlas. ¿Y a ellos? se les enseña que pueden hacerlo sin ningún tipo de consecuencia.

Cuando creces dentro de un entorno en el que el machismo es normal, es difícil cuestionar ciertas actitudes aprendidas a lo largo de nuestros años formativos. Nunca se te dice en qué poner atención para evitar violentar o ser violentada por otros.

Y esa es la primera falla del Estado.

Gabriela Ayala tenía tan sólo 18 años de edad cuando se enfrentó con la situación más crítica de su vida. Se “atrevió” a decidir sobre ella misma y le dijo a un compañero de trabajo de 19 años que no quería ser su novia, pues ella únicamente lo veía como un amigo.

A Luis Enrique Ruvalcaba, no le pareció correcta la decisión de Gaby y tras seguirla y acosarla en repetidas ocasiones, un día se atrevió a quitarle la vida a la joven.

El 13 de julio de 2015 por la tarde, la encontró en la calle. El encuentro fue planeado por él, sabía muy bien en cada lugar que estaría, al acercarse, Luis le gritó a Gabriela por su nombre, ella volteó y vio sacar a Luis un arma de su mochila, ella intentó cubrirse del primer disparo, sin embargo, Luis logró darle en la cabeza, después se acercó y le dió unos tiros más.

Estos son los tipos de actos que marcan la diferencia en lo que se atreven a hacer o no, las personas con respecto a su educación y formas de vida, y son las conductas que tendrían que estar pautadas desde edades muy tempranas, no es lo mismo tomar decisiones sobre tu vida a darte el derecho a arrebatar la de alguien más.

Este caso de feminicidio sigue impune, pues Luis Enrique Ruvalcaba sigue libre hasta el día de hoy, y la familia de Gaby no ha tenido justicia por la tragedia que vivieron, lamentablemente el caso de Gaby no es el único que sigue en la impunidad.

La educación con perspectiva de género es de suma importancia para evitar que el machismo mate a más mujeres. Alejandra Cartagena, abogada feminista y acompañante de los familiares de las víctimas, menciona que este factor es fundamental en la lucha contra la violencia hacia las mujeres: “Es importante que desde pequeños nos enseñen a tratar y ser tratados igual, niños y niñas con sus diferencias, para que aprendamos a que nadie puede disponer de nuestros cuerpos ni de nuestras vidas”.

¡Reacciona! No te dejes destruir

El llegar a este nivel de agresiones, dentro de la vida de pareja o familiar, representa un peligro latente a las mujeres que las padecen. Es de suma importancia identificar estas alertas para poder actuar ante ellas.

Este es el segundo escalón de la violencia, y aquí explicaremos qué pasa si una mujer identifica las señales y denuncia a su/s agresor/es.

La violencia de género se manifiesta tanto en el espacio público, como en el privado, sin embargo, las agresiones más fuertes suelen darse en este último por la falta de testigos que se presenta en el mismo y por la vulnerabilidad de las mujeres en dicho espacio.

“La violencia contra la mujer, tanto la familiar como la ejercida por extraños, está basada en el valor inferior que la cultura otorga al género femenino en relación con el masculino y la consecuente subordinación de la mujer al hombre”, denuncia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Para cumplir con los acuerdos aceptados por el Gobierno de México en los foros internacionales, el Estado elaboró la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención.

Dicha Norma establece los criterios a observar para detectar, prevenir y atender a las personas involucradas en situaciones de violencia familiar o sexual. Engloba todos los aspectos de salud integral que tienen que cubrirse al momento de que una mujer sufra algún tipo de estas agresiones, desde darles albergue y atención psicológica, hasta un aborto médico, según la ley de cada estado.

Las mujeres víctimas de violencia tienen que acudir a la Unidad de investigación de delitos contra las mujeres, ahí se presentan las denuncias.

Los agentes del Ministerio Público (MP) al recolectar información de una mujer que denuncia algún tipo de abuso, proceden a actuar bajo esta Norma para identificar las medidas que van a proceder a partir de ese momento.

Una vez que lleva todo el proceso (examen psicológico, presentar testigos, parte médico, etc.), se le dictan las medidas de protección.

En caso de que sea otorgada una orden de restricción, es deber de la autoridad informar al acusado de la situación legal. En caso de que el acusado se acerque al domicilio a ciertos metros de distancia, la mujer puede llamar a la policía municipal para darle atención.

Todo eso es lo deseable, lo establecido y lo que por ley debería suceder para atender estas situaciones de violencia; sin embargo, la realidad es diferente.

Vanessa Gaytán había denunciado tres veces desde diciembre de 2017, a su marido Irving Emanuel Ramírez Barajas. En ninguna de las tres ocasiones Irving fue notificado.

Al ver que las autoridades no atendían a sus denuncias, los vecinos de Vanessa, que había vuelto a vivir con su mamá, crearon una red de apoyo para avisarle en caso de que vieran a Irving en los alrededores de su vivienda, ya que en repetidas ocasiones la acechaba.

Aunque en las ocasiones que Vanessa denunció dejó su información de contacto (que te piden para seguir con el protocolo de protección), nunca se interesaron en comunicarse con ella.

Después de su asesinato, las autoridades mencionan que tras la primera denuncia, Vanessa dejó de contestar y no fue encontrada en su domicilio porque volvió con su agresor (En un intento de revictimizarla y quitarse la responsabilidad, ya que el Estado debe evitar procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables en una relación de sometimiento entre agresor y víctima).

Sin embargo, tras la segunda denuncia, en su intento por retomar la antes levantada, la autoridad no evaluó el nivel de riesgo a pesar de que denunció en 3 ocasiones, y fue amenazada por su agresor incluso con una pistola.

En estos casos lo óptimo sería darle asilo en algún albergue o seguir el caso más de cerca y ofrecerle protección de cualquier manera, su caso no fue tratado con la importancia que debía y la consecuencia fue el feminicidio de Vanessa y la posterior muerte de su agresor.

El hecho ocurrió el 25 de abril del 2019, Vanessa se dirigía a su trabajo, poco tiempo antes había sido ascendida a encargada de una farmacia por el rumbo de Casa Jalisco, en su camino notó que su agresor la seguía en el vehículo que utilizaba para trabajar en una plataforma de servicio de transporte privado, Vanessa le llamó en ese momento a su abogado y este le indicó que se bajara en Casa Jalisco puesto que habría policías que pudieran darle atención.

Vanessa se acercó a hablar con un policía estatal que se encontraba resguardando el lugar y mientras hablaba con él, su esposo los arrolló a ambos en el coche que conducía, posteriormente se bajó del mismo y la atacó en varias ocasiones con un cuchillo.

Lo impresionante fue que el escolta del fiscal estatal intentó evitar la agresión detonando algunos disparos a Irving Emmanuel, sin embargo, él continuó embistiendo a su esposa con el cuchillo. Vanessa murió apuñalada frente a la residencia oficial del Gobernador. Irving murió posteriormente en el hospital.

Al preguntarle a un agente de la Fiscalía del Estado de Jalisco, quien habló bajo anonimato, sobre el caso de Vanessa, después de explicarnos todas las omisiones que cometieron las autoridades responsables de su caso, le preguntamos qué fue lo que específicamente llevó a Vanessa a tan trágico final.

“La autoridad no evaluó el nivel de riesgo, a pesar de que denunció tres veces. La falla fue por parte de la Dirección General en Delitos de Violencia contra las mujeres en Razón de Género y Trata de Personas”, menciona el agente.

¡Necesitas ayuda profesional!

El feminicidio es la etapa final de la violencia de género, en este nivel del violentómetro las alertas son más claras, su nombre dice cómo actuar ante estas situaciones, buscar ayuda profesional.

A pesar de haber aclarado evidentes omisiones de parte de la Fiscalía del estado y sus instancias en los procesos de protección, los miembros de este equipo de investigación alentamos fervientemente a las víctimas de violencia a buscar ayuda profesional y asesoría para cada uno de sus casos.

Aunque la autoridad sea deficiente, para mejorar nuestro sistema de justicia tenemos que hacer nuestra parte para exigir que cumplan con la suya. A pesar de todas estas negligencias y del caso de Vanessa, y de todos los demás a los que la autoridad no dio atención para prevenir sus feminicidios, NINGUNA PERSONA HA SIDO RETIRADA DE SU CARGO POR INCUMPLIMIENTO DE SU TRABAJO.

¿Será que esta medida falta para que los encargados hagan su trabajo? Tal vez si se implementaran medidas contra las autoridades negligentes éstas dejarían de serlo.

Madre de Alondra (Foto: Amnistía Internacional).

Alondra Guadalupe González Arias vivía con su pareja en un departamento en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, tenía 20 años y recientemente se había convertido en madre de una bebé.

La joven interpuso una denuncia en contra de su pareja por violencia y estas fueron remitidas al Centro de Justicia para las Mujeres en Guadalajara, en donde le tomaron la declaración con evidencias (golpes visibles y lesión en el cuello por ahorcamiento).

La Agencia del Ministerio Público del Centro de Justicia para las Mujeres emitió una orden de protección pero la orden no llegó a las autoridades correspondientes.

A 10 días de haber dado a luz y un mes después de haber obtenido la orden de protección, el 10 de marzo del 2017, Alondra fue encontrada sin vida en su departamento con signos de violencia.

Después de dos años de angustia para la familia e involucrados en el caso, por fin se detuvo al asesino de Alondra en el municipio de Zapopan, dentro del mismo estado, su ex-pareja Pedro Giovani, el 14 de mayo del 2019.

Aunque el crimen sí fue tipificado como feminicidio, el personal de fiscalía comenzó los trabajos de investigación complementaria en las últimas semanas del mismo año (2019), es decir más de seis meses después.

La negligencia por parte de las autoridades se puede ver claramente en este caso también, ya que de haberse cumplido las medidas de protección que se emitieron por el MP, Alondra seguiría con vida.

Estado feminicida: impunidad y nula investigación.

Las omisiones legales por parte del Estado al ocurrir un feminicidio se basan en la tipificación errónea (cuando se tipifica como homicidio doloso ante un claro caso de feminicidio), minimización de la violencia de género y revictimización como el caso de Betsabé, donde estos dos últimos puntos son tocados.

María Amparo Hernández Ramírez y Mario García Gómez son los padres de Betsabé, quienes nos pueden contar la historia de “Bechi”, como le decían cariñosamente, “desde muy pequeña fue muy amiguera, le gustaba ser atenta con todos, muy trabajadora, reservada, siempre alegre”.

Cuando Betsabé iba en secundaria conoció a José Alberto, con el tiempo se hicieron novios y cuando se encontraba cursando cuarto semestre en la preparatoria, se escapó de su casa para irse con él, en ese momento ella tenía 17 años.

“Él desde un inicio fue celoso, posesivo, la encerraba porque no quería que nadie la viera”, detalla Amparo.

Ese fue el inicio de una relación destructiva, Betsabé perdió a su primer hijo debido a un aborto espontáneo, a su esposo Alberto no le importó mucho aquel incidente, Amparo recuerda aquel día “yo estuve cuidando a mi hija porque él nunca la fue a ver”.

Fue hasta 2005 cuando nació el primer hijo de la pareja.

En diversas ocasiones, Betsabé llamaba a sus padres para pedirles ayuda y salir de aquella casa, mientras Amparo le preguntaba qué estaba sucediendo pero no le respondía nada…“Siempre me decía ‘mamá, no se meta’”. Amparo asegura saber el por qué su hija siempre regresaba a su casa, Alberto la tenía amenazada con que les haría daño o los mataría.

Betsabé siempre fue muy dedicada a su matrimonio y a su familia, pero Alberto nunca estaba contento. Las humillaciones, los insultos y las peleas eran algo constante durante los 12 años que llevaban juntos, en los cuales tuvieron cinco hijos. Todos ellos fueron testigo de cómo su padre asesinaba a su madre aquel 9 de septiembre de 2015.

Un mes antes, en agosto, Betsabé le habló a sus padres para contarles que Alberto la había golpeado, fue ese mismo día que fueron a ayudarla y sacarla de la casa junto con los cinco hijos. “Beto todavía me dijo que el matrimonio es de dos, para darme a entender que no me metiera. A mí no me importó porque ya era demasiado”.

“Él no se quiso salir en ese momento de la casa. Nos fuimos y sus hermanos cuidaron de ella esa noche. Al siguiente día el sujeto me dijo que prefería irse él de la casa para que sus hijos no durmieran en el piso, por lo que Bechi regresó a la casa solamente con los niños”, Amparo se arrepiente de haber apoyado esa decisión.

Todas las noches, Alberto iba a la casa con el pretexto de ver a los niños pero realmente solo iba para insultarla. La casa de Betsabé se encontraba a unos ocho metros del domicilio de sus padres.

Amparo se encargaba de ir cada noche para asegurarse de que su hija estuviera bien. Ese día, 9 de septiembre, no fue la excepción; sin embargo, sí notó algo diferente.

“Llegué y vi que estaba la bicicleta de él; de inmediato le hablé a mi esposo y fuimos”, cuando llegaron Alberto salió de la casa y se fue. “Dejamos a Bechi y regresamos a casa”.

Alrededor de la una de la madrugada, Ian, el más pequeño de los cinco hijos tocó la puerta de la casa de sus abuelos.

La chapa estaba trabada y no podían salir, pero cuando finalmente lograron romper la chapa y llegar al domicilio de su hija, el pequeño ya se encontraba balbuceando y llorando: “¡Mi mamá, mi mamá!”.

Su padre entró a la casa y ahí estaba su hija en medio de un charco de sangre, acuchillada, “todavía la encontré respirando, la abracé, pero no resistió”, recuerda.

Las autoridades llegaron como dos horas después de que sucedieron las cosas, pero ya no había nada que hacer: Alberto ya había escapado:

“A muchos ya se les olvidó, a nosotros nunca. Acudimos a marchas, a todos lados a donde nos llamen para que no se olvide que sigue libre y mi Bechi sin justicia”, cuenta Amparo.

Han pasado cinco años desde aquel terrible suceso, y Amparo se cuestiona:

“Ahorita que estaba haciendo mis cosas y traía eso en el pensamiento, le digo ‘ay dios mío’ yo no sé por qué no lo han sentenciado ¿o qué estará pasando?, este trámite de que no lo sentencian ¿lo podrán dejar libre? es lo que se me viene a la cabeza”.

El feminicidio de Betsabé demuestra las omisiones legales en la investigación y resolución judicial, puesto que dos veces se hicieron denuncias contra Alberto, en una ocasión la acompañó su papá y en otra, la nuera de Amparo, “pero las demandas desgraciadamente no se superaron, no caminaron. Entonces ella se decepcionó mucho” relata Amparo.

Alberto sigue sin ser sentenciado a pesar de que él confesó y está detenido, pero no hay una sentencia formal ya que se ha retrasado el proceso judicial debido a los abogados de Alberto.

Las autoridades de Jalisco no han hecho nada para hacer justicia por Betsabé, sumando un caso más de impunidad.

Dulce comenzó a estudiar la licenciatura en derecho para poder tener herramientas y defenderse.

Otro caso de impunidad y omisiones legales es el caso de Dulce Gabriela, tenía 30 años cuando el 21 de junio del 2019, fue encontrada sin vida al interior de una finca cercana a su casa ubicada en el municipio de Tonalá.

A las cinco de la mañana Gilberto Javier Olivares Villareal, esposo de su hija, le aseguró a la mamá de Dulce que ella se había suicidado.

Encontraron a Dulce con una soga en el cuello y severos golpes en su cuerpo, sin embargo, la causa de su muerte fue declarada como suicidio, la familia pide que se abra una carpeta por el delito de feminicidio.

Cristian Castañeda, hermana de Gabriela, mencionó que en los papeles de la autopsia que ella solicitó el cráneo presentaba un hematoma.

“Lo curioso es que él trabaja en el Congreso del Estado. Gilberto Javier Olivares trabaja aquí y de eso se apoya. La diputada Ester de Movimiento Ciudadano es la que lo está apoyando y gracias a eso se nos está truncando todo”, expuso su hermana.

Como la causa de muerte fue por suicidio, no hay culpables en su historia. Gilberto se quedó con dos de sus hijos y hoy por hoy, está en total libertad.

La familia comparte la historia de Dulce en busca de justicia, esperan se reabra su caso y que se hagan las investigaciones correctas bajo el protocolo de feminicidio para que paguen los verdaderos autores del crimen.

***

En enero a septiembre del 2020 se encuentran registrados en la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) 40 feminicidios ocurridos, de los cuales sólo 11 son el total de personas detenidas por el delito de feminicidio y, finalmente, tres es el total de personas sentenciadas por el delito de feminicidio. Esto nos muestra la impunidad que hay en las resoluciones judiciales en Jalisco, con 37 hombres prófugos del cumplimiento de la justicia que merece cada víctima.

Solicitud de transparencia realizada para esta investigación, expediente LTAIPJ/FE/2250/2020.

Víctimas del Estado

Liliana era madre, una mujer trabajadora y soñadora.

Cuando hay tantas instituciones gubernamentales y organismos públicos para proteger a los ciudadanos mediante sus leyes tan estrictas y diversas, lo menos que te esperas es que sean ellos mismos quienes apoyen una injusticia.

Un día había pasado cuando la muerte de Liliana se determinó como suicidio a través de la necropsia realizada por un médico del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y su caso se archivó sin iniciar una investigación por parte del ministerio público.

Liliana Carrillo González tenía 20 años, era wixaritari y uno de sus sueños era ser maestra, mientras tanto se dedicaba a bordar cinturones y trabajar como instructora rural en el programa del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).

A sus 16 años se embarazó y durante los cuatro años restantes que le tocaría vivir con Gelacio sufrió violencia intrafamiliar.

Un día antes, el 2 de marzo, no sería la excepción, ya que narra la familia cómo estando en casa de la madre de Liliana, Gelacio la agredía.

Lo cual se ignoró totalmente por el agente del Ministerio Público al momento de archivar el caso. En las declaraciones de los familiares de Liliana, hablaron sobre la violencia que ejercía su pareja sobre ella, tampoco se tomó en cuenta el testimonio de su hija, quien presenció el crimen con tan sólo tres años de edad.

Liliana fue encontrada colgada de un árbol en el patio de su casa, donde su pareja Gelacio “N” la habría puesto tras quitarle la vida aquel 3 de marzo del presente año, en la localidad El Bajío, municipio de Mezquitic.

Una investigación de cuatro meses ejecutada por la Tercera Visitaduría General y el área de quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), probó quienes habían participado en la manipulación de la carpeta para ocultar el feminicidio.

Se encontró al médico José Fernando “N” del Ayuntamiento de Huejuquilla el Alto, al perito Ulises Adrián “N” del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), al agente Óscar “N” del Ministerio Público y policías municipales de Mezquitic.

Violaron los derechos humanos de Liliana al calificar su muerte como suicidio, sin aplicar el protocolo de feminicidio. No investigaron el delito bajo el protocolo de actuación con perspectiva de género, que establece el Código de Procedimientos Penales del artículo 232-BIS.

A la vez, hubo una supresión de evidencia al incinerar sus prendas por costumbre de la familia; cuando el médico forense que practicó la necropsia les entregó en una bolsa la ropa que llevaba puesta aquel día, sin que antes se realizara un peritaje.

Una evidente omisión legal por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) que únicamente obstaculizaron el proceso. Incluso, solamente se simuló la necropsia de Liliana, por lo que se tuvo que hacer una exhumación de sus restos 42 días después de su deceso.

La Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) retomó la investigación y logró la captura del feminicida Gelasio “N”, quien está detenido y bajo proceso de feminicidio.

Los funcionarios fueron vinculados a proceso por abuso de autoridad y delitos cometidos en la administración de justicia, al médico se le impuso la prohibición de salir del país y tendrá que presentarse a firmar cada 15 días ante un juez del municipio de Huejuquilla El Alto.

Un juez de control ordenó suspender del cargo al agente ministerial y como medida cautelar se le prohíbe abandonar el municipio de Zapopan y presentarse a firmar ante un juez durante los seis meses que va a durar el juicio.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), exhortó al gobierno de Jalisco a que se haga una agencia ministerial especializada para atender casos de violencia contra las mujeres en las comunidades wixáritari.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentados el 23 de noviembre del presente año (Comunicado de prensa Num. 568/20), las mujeres que hablan y/o pertenecen a un hogar indígena presentan un 30.1% de violencia sexual y 33.0% de violencia física; respecto a la prevalencia de violencia entre mujeres de 15 años y más por parte de cualquier agresor a lo largo de sus vidas.

“El acceso de la justicia de las mujeres wixaritari ante las autoridades comunitarias es mínimo en cuanto a datos cuantitativos” – Grupo focal lideresas, Mesa del Tirador, Tuxpan de Bolaños, Jalisco.

Así es como finalmente, después de 8 meses del feminicidio de Liliana, las autoridades de Jalisco están haciendo algo al respecto, tras las diversas denuncias que se hicieron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), principalmente por la hermana de Liliana. Ahora hay que esperar 6 meses que durará el juicio para saber si se hará justicia y si se sentenciará a Gelacio, el responsable de este atroz suceso.

Información para ti, que aún te puedes salvar

Si has identificado algún tipo de violencia y sientes que estás en peligro, esta información es para ti.

Basándote en el violentómetro encuentra la escala en la que se posiciona lo que estás viviendo, recuerda que en las primeras etapas lo deseable es que te alejes de esta situación.

Sin embargo, si te sientes en peligro, siempre puedes acudir a pedir ayuda desde el minuto uno.

Línea mujeres:

33 3345 6166 o 01800 00 68597

Lunes a viernes de 9 am a 5 pm

Asesoría jurídica (procesos legales):

abogadasglitter@gmail.com

Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)

Tel: 38388339

Me Cuidan Mis Amigas GDL (colectiva, acompañamiento y asesoría)

E-mail: mecuidanmisamigasgdl@gmail.com

¡No estás sola!

#YoSíTeCreo

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Este reportaje fue realizado por alumnas y alumnos de la Licenciatura en Comunicación Pública de la Universidad de Guadalajara.

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