La Calle del Turco
Por Édgar Velasco / @TurcoViejo
Cuando en 1983 se restauró la democracia en Argentina, luego de la dictadura militar encabezada por Videla, se llevaron a cabo juicios que tenían por objetivo castigar los muchos crímenes realizados por el Estado militar. Dos fueron los principales delitos cometidos desde el gobierno: la desaparición forzada de personas y la apropiación de menores de edad para ser entregados a familias de los militares o personas afines al régimen. Las madres de las y los desaparecidos habían estado buscándoles desde el principio, primero a sus hijos y luego a sus nietos —así surgieron los movimientos Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo— y, aunque en principio lo hacían plantando cara al Estado, una vez que la dictadura cayó contaron con el apoyo y el cobijo del gobierno.
En 2014, durante su visita a la FIL, Estela de Carlotto —uno de los rostros más visibles de Abuelas de Plaza de Mayo— señaló en alguna de sus apariciones públicas que la situación en México era muy compleja porque en Argentina tenían claro de quien era la mano detrás de las desapariciones: era del Estado militar. Una vez restaurada la democracia, estaba claro quiénes eran los responsables de las desapariciones y desde el gobierno, ahora democrático, se realizaba la búsqueda.
De Carlotto señalaba que el problema en México es que resulta imposible saber quién está detrás de la desaparición de personas: si el delito fuera cometido sólo por el crimen organizado, las autoridades y la ciudadanía podrían trabajar juntos para evitar que las desapariciones aumenten o para dar con el paradero de las y los desaparecidosmientras se resguarda la seguridad y la integridad de las familias que realizan la búsqueda de sus seres queridos.
El problema en México, dijo aquella vez Estela de Carlotto, es que las desapariciones son cometidas no sólo por un actor (el crimen organizado), sino que también se realizan desde el poder, que muchas veces cobija o está coludido con el crimen organizado. Este contexto, añadió entonces la activista argentina, es muy peligroso porque deja en la vulnerabilidad y pone en riesgo también a las personas que están buscando a sus familiares, ya que no hay garantías y seguridad en su búsqueda, algo que sí tuvieron en Argentina cuando cayó la dictadura y se reinstauró la democracia.
Los dichos de Estela de Carlotto me han estado dando vueltas en la cabeza desde que se dio a conocer que siete policías de Acatic están presuntamente involucrados en la desaparición forzada de una familia. Como si esto no fuera suficiente, Mural publicó hace un par de días que en los últimos tres años se ha procesado a 42 policías, siendo la desaparición forzada de personas el delito más recurrente.
¿Y cómo olvidar lo ocurrido en junio del año pasado en las inmediaciones de la Fiscalía de Jalisco, cuando agentes de la Policía Ministerial desaparecieron por horas a jóvenes que pretendían protestar afuera de la institución?
Imposible no recordar el video de Enrique Alfaro en el que, con su cara de “no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo peeeero”, se lavó las manos deslindándose del actuar de los integrantes de la corporación, acusando primero que se habían ido por la libre y, después, diciendo que había elementos para sospechar que la Fiscalía había sido infiltrada por el crimen organizado. Esa acusación, cuya mera posibilidad ameritaba una limpieza de fondo de la institución comenzando desde su cabeza, Gerardo Octavio Solís, sólo dio para un titular en la prensa y dos chivos expiatorios, uno de los cuales ya dio su versión en la que señala que el fiscal tenía pleno conocimiento del actuar de sus subordinados. Casi un año después el fiscal sigue en su lugar y todos como si nada.
Ese día de junio las y los ciudadanos vimos cómo la autoridad actuaba exactamente como los grupos criminales.Supimos, por ejemplo, que la Fiscalía tiene camionetas disfrazadas de autos utilitarios de panaderías en las cuales traslada personas. En el caso de los hechos más recientes, se ha informado que fueron utilizadas hasta tres patrullas para desaparecer a la familia cuyo caso se ha venido documentando de una semana a la fecha. Los recursos y el aparato del Estado utilizados para delinquir.
En el momento en que redacto este texto inconexo, la noticia es que fue encontrada la pequeña que fue desaparecida junto con sus padres, de quienes no se ha informado el paradero. La pequeña “apareció” por La Barca, lejos, muy lejos de donde fue sustraída junto con su familia. ¿Una niña de año y medio botada sin más en un predio? ¿Sin noticia de sus familiares? ¿Así nomás la encontraron sentadita, o caminando, o acostada? Lo único que me aterra más que ese escenario es imaginar qué información se están resguardando para encubrir a no sé quién. Piensa mal y acertarás, decía la abuela.
Mientras todo esto ocurre en el estado con más desapariciones del país, en el estado con más fosas clandestinas, los partidos políticos ya viven su fiesta trianual llamada campañas. Sus candidates se toman fotos, desayunan, vociferan, condenan, prometen. Hacen spots ridículos como ridículas son sus promesas. ¿Alguien se acuerda de la covid-19? Los políticos no, desde luego: afortunadamente el semáforo verde llegó justo antes de las campañas. Así los días.
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Muchas horas después de cerrado este texto, las autoridades informaron que encontraron con vida a toda la familia.
Ojalá que pronto recuperen la paz y que su aparición no concluya las investigaciones, porque hay demasiadas preguntas abiertas. ¿Por qué la niña apareció en La Barca y el resto en Zapotlanejo? ¿La familia estaba abandonada a la intemperie, en una casa de seguridad, dónde? ¿Por qué la bebé fue separada del grupo? ¿Para quiénes trabajan los policías que los desaparecieron? ¿Cuántos policías más están coludidos con los perpetradores?
