El pasado 1 de mayor la Coalición de Extrabajadoras (es) y Trabajadoras (es) de la Industria Electrónica Nacional (CETIEN) salieron a las calles a marchar en el marco del Día del Trabajo. En los inicios de la pandemia denunciaron cómo sus derechos laborales eran violados por parte de las empresas.
Aunado a ello, en los últimos años las trabajadoras de la industria han denunciado situaciones constantes y recurrentes de acoso laboral y sexual. Ante este contexto de violencia contra las y los trabajadores de la industria electrónica, las mismas empresas se encargan de “dar solución” al problema despidiendo a quienes denuncian o también, para no otorga un pago final a la o el trabajador, les hostigan hasta que se van por “su cuenta”.
Por Samantha Anaya/@Sam_An16
Fotografías CETIEN México
La Coalición de Extrabajadoras (es) y Trabajadoras (es) de la Industria Electrónica Nacional (CETIEN), en compañía de otras agrupaciones obreras salen a marchar cada año en el marco del Día del Trabajo. Ciertamente, 2020 fue un año distinto, pues producto de la emergencia sanitaria no hubo movilizaciones, aunque eso no significó la mejora de sus condiciones laborales. Por ello, este 2021 retomaron las calles para exigir un alto a las violaciones sistemáticas a sus derechos:
“Manifestamos todas las situaciones que se viven allá: acoso sexual, hostigamiento, salarios bajos, discriminación de género, despidos injustificados y se exige en un manifiesto el cumplimiento de nuestros derechos laborales, respeto a nuestras prestaciones y a nuestra dignidad como trabajadores”, denunció Amapola López, integrante de la CETIEN.
Desde el inicio de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de la COVID-19, se exigía que las industrias electrónicas mandaran a casa a todas y todos sus trabajadores, ya que muchas de las actividades que estas realizan no son esenciales, no obstante, afirmó Amapola “ellos alegaron que sí, bajo el argumento de que trabajan en el sector de telecomunicaciones”.
En tanto, a las personas que pertenecen a grupos vulnerables, aunque sí se les envió a casa, fue a costa de algunos de sus derechos laborales. Les quitaron sus vacaciones e, incluso, algunas empresas decidieron que los días que las y los trabajadores permanecieran en sus hogares se les iban a descontar de su salario. También se les redujo el sueldo al 50%; y les quitaron algunas prestaciones como vales de despensa y el fondo de ahorro.
Ahora, a más de un año de la pandemia, en casi todas las empresas la mayoría de las y los trabajadores han regresado, incluso, las y los que son parte de la población más vulnerable:
“Las mismas personas de estos grupos no querían estar en casa, porque les rebajaban su sueldo, no podían sobrevivir con lo que ganaban, ni sin sus prestaciones, porque una de estas eran los vales de despensa. Entonces, las personas, aunque sean vulnerables, decidieron regresar y las empresas ahora lo único que cuidan es que se lleven a cabo las medidas sanitarias”, expresó la integrante del CETIEN.
La razón por la que las empresas quieren que todas las empleadas y todos los empleados regresen a laborar (sin excepción) es porque, durante la pandemia, han despedido a gran parte del personal.
Algunas y algunos de los que realizaron denuncias ante las pésimas condiciones laborales en medio de la pandemia, fueron despedidos.
Casos como estos se documentaron en las empresas Sanmina y Jabil, luego de que un grupo de técnicos publicaron en redes sociales una convocatoria para participar en un paro laboral. “Realmente no sabían ni quién, ni cómo se había organizado, así que despidieron a varias personas, incluso a quienes ni eran técnicos”. Amapola aseguró que las empresas tomaron esta situación como “un pretexto para hacer una limpia”, y tomaron a personas con un expediente, hasta cierto punto, “negativo, por ejemplo, personas que tenían faltas” señaló.
Otras de las acciones que tomaron las empresas contra quienes denunciaron las violaciones a sus derechos, fue cambiarles de turno. La “justificación” que dieron ante estas acciones fue que “tenían que hacer recorte de personal porque ya no podían pagar por la crisis económica que se vive”.
Por otra parte, y a pesar de que los artículos 42 y 429 fracción IV de la Ley Federal del Trabajo, establecen que “en caso de contingencia sanitaria se deberá pagar un salario mínimo por parte del patrón a los trabajadores cada día de suspensión, con un límite de 30 días”, y aun cuando las clínicas de servicios de salud pública atienden, en su mayoría, a pacientes con COVID-19, a las y los trabajadores que pertenecen a grupos vulnerables se les continúa exigiendo un comprobante médico que avale su condición médica.
“Las empresas quieren es mantenerlas trabajando, no pagarles sin trabajar, y uno de los requisitos, desde un inicio, es un documento médico que abale que sí son personas vulnerables que llevan un tratamiento” sentenció la integrante de CETIEN.
Por su parte, la Secretaría del Trabajo ha llevado con éxito algunas demandas interpuestas, otras más siguen en proceso, y otras ya han llegado a una conciliación.
A inicios de la pandemia, en el primer semestre del 2020, las autoridades competentes decían que hacían las inspecciones correspondientes, aunque esto no sucedía del todo, ya que, precisa Amapola, estas se realizan sólo para que las empresas continuaran abiertas y no para resguardar la seguridad, salud y vida de las y los trabajadores. Además, únicamente se llevaban a cabo en la primera línea y “no recorrían, ni revisaban toda la planta”.
En el caso de Jabil, los directivos llegaron a asegurar que la empresa se encuentra avalada por la Secretaría de Economía: “Siempre hablan de respaldo por parte del gobierno y lo que tratan de hacer es amedrentar a las y los trabajadores para que no vayan a denunciar”.
Las empresas hacen esto para evitar denuncias, pero en el caso de quienes sí deciden romper el silencio y manifestar su reclamo “le ponen una marquita a su expediente”, expresó Amapola. De esta manera, algunos empleados y empleadas son despedidas o se les hostiga para que él o ella se vaya por “su cuenta”, sin que la empresa tenga que darles una liquidación.
En cuanto a la reducción del personal, esto no ha sido sólo por los despidos injustificados, sino también, porque a partir de la crisis sanitaria, los turnos de 12 horas fueron remplazados por tres turnos de 8 horas. Esto ha implicado que muchas personas no puedan ajustar sus horarios y/o que tomen tiempos extras:
“Las empresas están haciendo que la gente se quede tiempo extra para poder tener la producción a tiempo y cubrir los puestos de la gente que ha renunciado”.
Acoso sexual y laboral
Además de las violaciones anteriores a los derechos de las y los trabajadores de la industria electrónica, las empleadas se enfrentan a los actos de violencia de género recurrentes, por parte de ingenieros, supervisores y jefes, quienes se aprovechan de sus puestos y posición:
“El acoso sexual y laboral siempre ha existido, lamentablemente no se denuncia y no se enuncia” manifestó Amapola.
Para “cubrir” este problema, las empresas optan por despedir a la trabajadora que ha decidido denunciar a sus agresores y/o ejercen en su contra acciones de hostigamiento hasta llevarla a que renuncie por su propia cuenta, pero nunca sancionan a los responsables.
Los acosadores y hostigadores –en su mayoría hombres- tienen puestos superiores que los de las víctimas, por lo que, se aprovechan para ejercer control sobre ellas, incluso, investigan su perfil. Por lo general, explicó la integrante de CETIEN, buscan madres solteras que necesitan el trabajo y si llegan a denunciar “es la palabra del jefe o la persona que tiene el puesto superior, ósea, los acosadores, contra la de ella”.
Amapola también sentenció que este tipo de situaciones son muy recurrentes, pero las empresas lo niegan y aseguran que “no hay números”. Además, no cuentan con protocolos para atender estas problemáticas.
En el caso de Flex, a partir de la norma 035 –la cual define la violencia laboral como aquellos actos de hostigamiento, malos tratos contra las y los trabajadores y actos de acoso que puedan dañar su integridad o salud- han informado a sus empleadas sobre que el acoso es un delito y que lo tienen que denunciar.
En contraste, las acciones que toma Sanmina son por demás omisas y cómplices, pues únicamente cambian a los acosadores de planta o de turno:
“Dicen que los ingenieros son muy importantes y prefieren correr a las trabajadoras y las ignoran. Hemos sabido de Sanmina que es la empresa que más los encubre y que tiene bastantes, en el área de calidad, los supervisores. Sanmina tienen un nido de acosadores y las afectadas son las empleadas. Ahorita están despidiendo a las empleadas que anuncian el acoso en Sanmina. Más que las despedir a sus acosadores están despidiendo a las que los puedan denunciar”.
Las mujeres no son las únicas que viven día a día acoso sexual y laboral, sino también, quienes forma parte de la comunidad LGBTTTIQ+.
Ante este contexto, Amapola señaló que otro de los problemas que han notado es que, muchas veces, las trabajadoras y trabajadores no saben cuándo están ante una situación de acoso, por lo que han llevado a cabo un programa digital para informar y dar a conocer qué es el acoso, cómo identificarlo, qué hacer si lo viven y, sobre todo, “para que sepan que no están solas”.
