#HastaEncontrarles
Si ese lugar existiera, ahí habrían estado las más de 10 mil 700 personas reportadas en Sinaloa, y por lo menos 5 mil siguen ahí.
Por Marcos Vizcarra / Revista Espejo
Si en Sinaloa se fundara un pueblo nuevo, podría llamarse Desaparecido.
Javier Valdez Cárdenas, periodista y escritor sinaloense, relató en su libro “Huérfanos del narco: Los olvidados de la guerra del narcotráfico” la historia de un niño que habla sobre ese lugar.
El niño espera a su papá, cuenta las horas, los días y siempre escucha que podría volver. Su madre habla con periodistas y otras mujeres de su esposo que se encuentra desaparecido. El niño escucha tanto esa palabra que piensa que es un lugar, cree que su padre está en Desaparecido.
Si Desaparecido existiera, ahí habrían estado las más de 10 mil 700 personas reportadas en Sinaloa, y por lo menos 5 mil siguen ahí.
Son tantas personas que supera la población de otros pueblos de Sinaloa conocidos por su historia, como San Pedro, Navolato; Chametla, Rosario; El Quelite, Mazatlán; San Blas, El Fuerte; y alcanza al número de personas de cabeceras municipales como Cosalá y San Ignacio.
Pero en este Estado que regresen esas personas no es tan simple como para sentarse a esperar.
Muchas de ellas quizás murieron y fueron enviadas a panteones para desfogar las morgues de funerarias. Esas empresas trabajan en Sinaloa como si fueran Servicios Médicos Forenses (Semefo).
En 2005 se hizo un acuerdo de palabra. Sí, de palabra. Había tantas personas asesinadas y un solo Semefo que prefirieron pedir prestadas las camas de acero de esos lugares para hacer necropsias y cumplir con su trabajo.
A cambio, las funerarias se quedan con los cuerpos para que cuando sean identificados y reconocidos puedan tener el ‘derecho’ de ofrecer sus servicios. Esto se reconoció por Servicios Periciales de Sinaloa.
En los últimos 10 años, hubo mil 600 personas enterradas en fosas comunes porque ya no cabían en esas morgues.
Los cuerpos se encuentran en 17 panteones ubicados en Ahome, El Fuerte, Guasave, Sinaloa, Salvador Alvarado Angostura, Culiacán, Elota y Mazatlán.
Por lo menos mil 217 personas enterradas no tienen identificación correspondiente. Es decir, no se les hizo pruebas suficientes para poder tener un expediente que sirva para reconocerlos.
Lo normal es que esas personas hayan sido revisadas por especialistas, se les haya tomado muestras y resguardadas en laboratorios o morgues del Servicio Médico Forense.
La Fiscalía General de Justicia tiene cuatro edificios para poder cumplir con ese propósito, pero solo usa uno. Otro es una bodega de cadáveres en Mazatlán, uno más son oficinas y otro es un edificio vacío.
La mayoría de los cadáveres son de personas asesinadas y encontradas en terrenos baldíos, abandonadas a su suerte, pero hay también quienes fueron halladas en fosas clandestinas.
El registro oficial establece que hay 258 hallazgos de fosas clandestinas entre 2010 y 2020, la mayoría por los 22 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y han encontrado a más de 500 personas.
La Comisión Estatal de Búsqueda, con 17 empleados y un presupuesto de 36.7 millones de pesos en sus dos primeros años, encontró 45 cuerpos en fosas clandestinas y a 22 personas con vida.
Esos hallazgos, sin embargo, han sido dirigidos por los colectivos.
Las personas que integran esos grupos son en su mayoría mujeres madres, hermanas, amigas, cuñadas, abuelas e hijas que se han manifestado en múltiples ocasiones para exigir resultados y menos desapariciones, aunque las oficinas del Ministerio Público están saturadas.
La Fiscalía General tiene 16 agentes para investigar desapariciones y cada uno posee, en promedio, 670 carpetas de investigación. En los últimos cuatro años han llevado 117 casos a los tribunales, pero solo 55 han sido resueltos.
Si Desaparecido existiera sería más sencillo encontrar al papá de ese niño, pues se sabría de ese pueblo y su ubicación. Pero no es así.
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