Llaman a la SEGOB a revisar el caso de los hermanos Díaz Pantoja como presos políticos

Los expedientes judiciales de Antonio, Abraham, Luis, Mario y Carlos Díaz Pantoja están fundados en prácticas de tortura e inconsistencias que las autoridades judiciales reconocen, pero no consideran importantes. A 11 años de la privación de su libertad, las mujeres familiares de los cinco hermanos llaman a la Secretaría de Gobernación, a la Fiscalía General de la República y hasta al presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que atiendan, revisen sus casos y los consideren como ellas lo hacen: presos políticos recluidos injustamente.

Por Ximena Torres / @ximena_tra

Después de 11 años de lucha jurídica incesante, las mujeres de la familia Díaz Pantoja hacen un llamado urgente a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y al presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que atiendan el caso de sus cinco hermanos y esposos privados de la libertad. Sus expedientes judiciales están desde 2019 entre los casos de presos políticos que la SEGOB se ha comprometido a revisar.

Antonio, Abraham, Luis, Mario y Carlos Díaz Pantoja, originarios de Oaxaca, están acusados de cometer los mismos delitos, a la misma hora y en el mismo lugar, aunque fueron detenidos en años distintos y se encuentran en diferentes Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESO) del país. Sus familiares han demostrado que sus casos están fundados en tortura, pruebas inconsistentes y que, además, han implicado una condena invisible para todas y todos sus seres queridos.

Las esposas y mujeres cercanas a los hermanos, quienes se han encargado del seguimiento de los procesos penales, explican que la persecución, cateos y detenciones arbitrarias contra su familia comenzaron en 2007, cuando Luis Díaz Pantoja decidió participar en la vida política del municipio San Pedro Totolapan en Oaxaca.

Años más tarde, el 18 de junio de 2010 vivieron la primera detención, la de Antonio en Yucatán. A él inicialmente le dijeron que se lo llevaban por resistirse a una revisión policial en estado de ebriedad, pero en lugar de iniciar un proceso por esa falta, lo desaparecieron por seis días y lo torturaron. Lo sometieron a ahogamientos, golpes, extracciones de uñas y presión psicológica para firmar documentos, aunque no lo hizo.

Cuando su familia supo de Toño, como lo llaman, él les explicó que estaba en el CEFERESO 3 de Matamoros. Al llegar al lugar se enteraron de que estaba acusado de secuestros que no había cometido y que el médico que había hecho su dictamen de salud minimizó las heridas de las torturas cometidas contra él.

En sus declaraciones ante el juez, Toño refirió las violaciones a sus derechos humanos, pero nunca se consideraron los hechos. Guadalupe Díaz Pantoja, otra de las hermanas de la familia, también denunció los actos ante la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR), pero recibió respuesta hasta julio de 2011, y la llamaron para aportar pruebas hasta 2014.

Para ese entonces ya se había comprobado la inocencia de Toño, pues la víctima del secuestro que lo señalaba declaró que agentes de la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) fueron quienes le recomendaron dar los nombres de Abraham y Antonio Díaz Pantoja como los presuntos culpables. “Los secuestradores ya están presos y son otras personas” manifestó la persona víctima en 2012.

Sin embargo, eso no fue suficiente para dejar en libertad a Toño. Antes de salir absuelto del reclusorio empezaron otro expediente contra él que lo señalaba por delincuencia organizada en modalidad de delitos contra la salud.

En los meses siguientes los otros cuatro hermanos fueron detenidos por los mismos motivos. A la fecha todos se encuentran privados de su libertad, en distintos momentos procesales. Antonio y Abraham son los únicos que ya tienen una sentencia condenatoria y han consumado los recursos disponibles en las leyes mexicanas para probar su inocencia.

Las pruebas y más tortura

Las familiares y defensoras de los hermanos Díaz Pantoja se han encargado de mostrar que las pruebas en su contra fueron conseguidas de manera ilegal y presentan irregularidades.

Las primeras pruebas son las declaraciones de dos testigos protegidos por la SEIDO con los nombres clave de “Paco” y “Pitufo”. Es decir, dos hombres que participaron en el crimen organizado y una vez detenidos por las autoridades dieron información y nombres de otras personas que supuestamente también cometieron actos delictivos con ellos.

El primer señalamiento que hacen las defensoras es que los testigos protegidos no refirieron la supuesta participación de los hermanos Díaz Pantoja en su primera declaración, sino hasta un año y ocho meses después de iniciar su cooperación con la Subprocuraduría. Encima, confundieron a los hermanos cuando le presentaron sus fotografías de reconocimiento.

Además, tienen pruebas de que, en una de las ampliaciones de su declaración ante el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, “Paco” presentó una licencia para conducir falsa como identificación. El folio de ese documento sí corresponde a una licencia expedida en el Estado de México, pero a nombre de otra persona.

A través de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la SEBOG descubrieron que no existía una Clave Única de Registro de Población (CURP) para quien decía ser “Paco” y que en el registro civil de Tamaulipas —donde aseguró haber nacido— no se localizó un Acta de Nacimiento a su nombre.

En diversos medios de comunicación nacionales ha trascendido que tanto “Paco” como “Pitufo” vendieron varias declaraciones falsas a la Procuraduría General de la República (PGR) para señalar a gobernadores, elementos del ejército y policías ministeriales durante el sexenio del presidente, Felipe Calderón Hinojosa. La participación de los hombres se registra en casos como el “michoacanazo”. Actualmente “Paco” está desaparecido y “Pitufo” murió en una prisión de Estados Unidos.

A pesar de reconocer estas inconsistencias en las resoluciones de sentencias, las y los jueces y magistrados que han condenado a Antonio y Abraham Díaz Pantoja aseguran que ninguno de los elementos restan valor a las declaraciones de los testigos.

“Tal cuestión no es suficiente para restarle valor probatorio que se le dio por este medio, pues no es una circunstancia que por sí misma demuestre la inexistencia del testigo” argumentó la jueza federal Guillermina Matías Garduño en la sentencia de Abraham.

Por otro lado, la tercera prueba con la que señalan culpables de los Díaz Pantoja es la declaración que hicieron firmar a la esposa de uno de ellos, Emilia, a través de tortura psicológica. Con un dictamen psicológico hecho por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal han comprobado que Emilia sufre de estrés postraumático desde que, en marzo de 2010, un grupo de soldados del ejército, policías estatales y federales entraron a su casa golpearon a sus hijos, robaron sus cosas y se llevaron detenida.

Bajo amenazas a ella y a sus hijos la hicieron firmar una declaración falsa en la que supuestamente, decía que su esposo y sus cuñados formaban parte de un grupo del crimen organizado.

Esa prueba debía ser excluida del expediente de los Díaz Pantoja desde un inicio por obtenerse con tortura, como indica el artículo 50 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

La condena invisible de toda la familia

Más allá de la evidente separación familiar, las y los seres queridos de los cinco hermanos oaxaqueños han vivido una condena invisible a partir de su reclusión. Como explicaron investigadores del tema en la charla “Confinamiento sin fin”, los hijos, esposas, padres y madres de las personas privadas de la libertad también se ven forzados a cumplir condenas de delitos que no cometieron por la incapacidad del Estado para garantizar sus derechos.

Las esposas y hermana de los Díaz Pantoja han tenido que llevar los procesos penales desde la distancia, ya que los hermanos se encuentran en diferentes CEFERESOS del país. El costo económico, de tiempo y el desgaste emocional durante sus 11 años de lucha es incalculable. Con la pandemia de COVID-19 ha empeorado.

También comentan que ellas y toda su familia ha sido estigmatizada por las actividades delictivas de otros de sus parientes en el pasado. El mismo expresidente Felipe Calderón Hinojosa ha hecho señalamientos al respecto. Eso afecta y obstaculiza sus proyectos de vida.

Durante los procesos judiciales de sus hermanos y en los CEFERESOS, aseguran, han sido humilladas y degradadas. Denuncian los malos tratos del personal penitenciario masculino que las ha forzado a desnudarse por completo antes de dejarlas ver a sus familiares y las ha sometido a revisiones ginecológicas.

“Como familiares nos hemos enfrentado a situaciones muy humillantes, violencia verbal por parte de la gente que cuida en los reclusorios, era un trato inhumano. Pasas miles revisiones y aun así te piden que te desnudes por completo, es algo muy invasivo. Al final una termina haciéndolo por el cariño que le tiene al familiar y porque queremos verlos, pero es algo degradante” dice Guadalupe Díaz Pantoja.

En más de una ocasión Toño le pidió a su hermana que dejara de lado el expediente de tortura cometida contra él por miedo a represalias. “Ya no sigan esa denuncia” decía él, a pesar de que las secuelas de las agresiones le afectan hasta la actualidad.

Guadalupe Díaz Pantoja. Fotografía: RéplicaMx

En 2020 Toño se sometió a una cirugía urgente en uno de sus ojos porque los golpes que le dieron 10 años atrás casi provocaron que perdiera la visibilidad. Sin embargo, para que las autoridades penitenciarias aprobaran el procedimiento médico pasó más de un año.

“Muchas veces salí llorando del coraje y la impotencia de no poder hacer nada porque ahí, si te quejabas, la siguiente vez te iba peor. Vincular a mis hermanos a uno de los grupos de delincuencia organizado más terribles nos ha afectado de sobremanera, finalmente nos marcó un estigma” agrega Guadalupe.

Que revisen sus expedientes

Después de ocho años recluido en Sonora y con una sentencia condenatoria, la esposa de Abraham, Ángeles, pide su traslado inmediato al CEFERESO de Oaxaca por motivos de vinculación familiar. Desde que empezó la pandemia visitarlo se ha complicado mucho y en su estado natal podría conocer a su hijo.

Ángeles denuncia que el reclusorio en el que se encuentra su esposo ahora ha dado muy poca información sobre las medidas para evitar contagios de COVID-19, el número de personas contagiadas dentro, ni el número de fallecidas. Abraham, de hecho, fue uno de los que enfermaron.

Además, piden que los juicios pendientes de los hermanos continúen en Oaxaca por el mismo motivo: las complicaciones de la familia Pantoja Díaz para trasladare a otros estados del país.

A la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación piden que revisen nuevamente las pruebas, acusaciones y declaraciones de los testigos contra los cinco, para que finalmente sean reconocidos como presos políticos.

“Lo que queremos es ser escuchadas con todo lo que está sucediendo. Hace unos días veíamos una declaración del Presidente de la República en la que decía que en su sexenio sí va a haber políticos presos, pero no presos políticos. Esto nos anima a poder hablar y saber que se puede hacer justicia” dice Guadalupe Díaz Pantoja.

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Ximena Torres
Estudiante de periodismo, fotógrafa y reportera feminista trabajando por hacer el periodismo en el que creo. Interesada en temas como justicia para las mujeres, salud, movilidad e interculturalidad. Ganadora del Premio Jalisco de Periodismo 2019.

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