#HastaEncontrarles
A siete años y medio de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, el tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) asestó un golpe definitivo a la “verdad histórica”.
El grupo reveló evidencia incontrovertible de la participación activa de las fuerzas de seguridad en los tres niveles de gobierno, de la alteración de evidencias antes de la investigación oficial, y de la complicidad de las corporaciones militares del país en el crimen de Estado.
Por Andrés De la Peña / @andres_dlap
Foto portada: Mario Marlo
¿Cuál fue la verdad histórica?
La “verdad histórica” impulsada por la administración de Enrique Peña Nieto y su procurador general, Jesus Murillo Karam, asegura que los 43 normalistas fueron privados de su libertad por policías municipales de Iguala y de Cocula bajo el mando de funcionarios vinculados con el grupo delictivo “Guerreros Unidos”. En cambio, la misma versión asegura que entre los normalistas se encontraban integrantes de un grupo criminal denominado “los Rojos”, rival a Guerreros Unidos.
Según esta narrativa, los estudiantes fueron detenidos por la policía municipal por el secuestro de cuatro camiones para transportarse a la Ciudad de México con el fin de manifestarse el 2 de octubre. Entonces, estos policías coludidos los entregaron a sicarios de Guerreros Unidos para ser asesinados.
La investigación que Murillo Karam y la PGR presentaron se fundaba en averiguaciones hechas después de una llamada anónima de un colaborador voluntario, que habría sido recibida el 25 de octubre. Según lo sostuvo la PGR, esta llamada llevó a las recolecciones de indicios realizadas entre el 29 de octubre de 2014 y el 31 de octubre de 2014.
Además de los indicios físicos, la procuraduría presentó una serie de testimonios de miembros del grupo Guerreros Unidos, donde admitieron haber llevado a cabo los sucesos violentos y validaron la versión oficial.
Construcción de una verdad histórica: el reporte Ayotzinapa II
En su reporte previo, el GIEI develó que la llamada telefónica que llevó a las averiguaciones había sido falsa y que, antes de las visitas de campo que realizó la PGR y donde supuestamente se encontraron las primeras evidencias, el Estado ya había intervenido los sitios de investigación de manera secreta.
Las evidencias recabadas por este grupo también mostraban que los testigos, presuntos integrantes del grupo Guerreros Unidos, habían sido torturados y que sus declaraciones contenían inconsistencias.
Crucialmente, este reporte previo señalaba que Tomás Zerón de Lucio, el entonces jefe de investigación criminal de la PGR, había sido encomendado con la dirección de unas denominadas “Juntas de Autoridades” en el 27 Batallón de Infantería. Como resultado de estas juntas, la PGR intervino comunicaciones y realizó visitas secretas, dirigidas por Tomás Zerón, a los lugares de los hechos antes de que estos fueran visitados oficialmente para la investigación que publicó el procurador Murillo Karam.
Las nuevas evidencias de manipulación: el archivo de la SEMAR
Según los nuevos archivos que obtuvo el GIEI con el apoyo del Presidente de la República y el Subsecretario de Derechos Humanos, esta manipulación extraoficial, secreta y previa a la investigación que terminó por imponer la “verdad histórica” también fue llevada a cabo con el apoyo de la Secretaría de Marina.
Entre las nuevas evidencias, resaltó un vídeo capturado desde un dron, donde se observa a personal de la Marina, de la Policía Federal, y de la Procuraduría General de la República ─incluyendo al mismo procurador Murillo Karam─ en el basurero de Cocula. Al principio de este vídeo se aprecia a personal de la Marina moviendo objetos, prendiendo fuego, e interactuando con personal de la Policía Federal.
Lo más importante de esta nueva evidencia es que la grabación se capturó el 27 de octubre, un día antes de la visita oficial donde los peritos encontraron los indicios de la investigación oficial. Esto también probó que las autoridades sabían dónde buscar y encontrar los indicios antes de la llamada falsa del colaborador anónimo.
Espionaje militar contra los normalistas
Según el reporte del GIEI, la Secretaría de Defensa de la Nación (SEDENA) y los servicios de inteligencia del CISEN monitoreaban a las organizaciones estudiantiles de Ayotzinapa desde 2004. Entre los informes de inteligencia del CISEN de 2011 a 2014, a los cuales tuvo acceso el GIEI, no existía ningún indicio que vinculara a los estudiantes con el crimen organizado.
Además, los informes de inteligencia revelaron que al menos 3 agentes de la SEDENA habían infiltrado la Escuela Raúl Isidro Burgos y Tixtla, actuando como estudiantes, para vigilar a los grupos e informar sobre sus actividades. En ningún reporte producido por estos agentes, y en manos del GIEI, se encontró evidencia de que los estudiantes formaran parte de un cártel.
No solo eso, sino que quedó un registro claro de que diversos enfrentamientos violentos previos a la desaparición habían sido orquestados con la organización y pleno conocimiento de los tres niveles de gobierno: el gobierno federal conocía el plan de tomar autobuses, por lo que logró coordinar a las policías municipales de Cocula, Iguala y Tixtla, así como a la policía estatal de Guerrero, para detener a los estudiantes.
Entre estas detenciones, dos fueron efectuadas con máximo uso de fuerza, dejando estudiantes muertos. Los reportes de inteligencia dejaron en claro que los tres niveles de gobierno también sabían de esta actuación letal por parte de diversas fuerzas de seguridad.
La información desaparecida: lo que aún falta por develar
Sin embargo, el informe del GIEI resalta que el seguimiento detallado que el CISEN, SEDENA y el C4 de Guerrero tenían de los normalistas y del grupo Guerreros Unidos cesó justo en el marco temporal donde los 43 estudiantes fueron desaparecidos. Hasta este tercer intento del GIEI por esclarecer la verdad, el gobierno federal había declarado que no existía ninguna información sin revelar para este periodo.
Con el apoyo del Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el grupo de investigadores consiguió acceso a los archivos ocultos respecto al seguimiento de Guerreros Unidos y de los normalistas del 27 al 28 de septiembre de 2014.
En estos nuevos materiales, conformados principalmente por reportes de interceptación de comunicaciones, se encontró que los tres niveles de gobierno tuvieron conocimiento en tiempo real de todos los sucesos conforme se desarrollaron: desde las policías municipales en Guerrero, pasando por el entonces gobernador Angel Aguirre Rivero y llegando hasta el presidente Enrique Peña Nieto.
El ejército sigue hostil a la investigación
Además de aquella documentación entregada, el GIEI tiene conocimiento, a través de referencias entre la información que sí se entregó, de una investigación interna por parte del Ejército y que nunca se entregó ni publicó. Ésta derivó incluso en procesos disciplinarios y sanciones, pero se niega su existencia.
Igualmente, el grupo encontró diversos informes donde se desacredita al GIEI y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno de ellos declara que la Corte tenía como objetivo operar “al GIEI como una herramienta para descalificar al gobierno mexicano, denostar a la PGR e inculpar, aun sin sustento, al Ejército Mexicano”.
Entre los señalamientos del nuevo informe, se encuentra una serie de omisiones por parte del Ejército. Estas se relacionan con que hubo presencia y conocimiento militar durante varios hechos violentos antes de la desaparición de los normalistas. La evidencia en la que se basa el Grupo Interdisciplinario para acusar de esta omisión es la existencia de reportes de inteligencia relatando los hechos y escritos por agentes del Ejército que aseguran no haber estado presentes.
