Del Tlajomulcazo al desalojo arbitrario de la comunidad de Arroyo Seco

Manos Libres

Por Francisco Macías Medina /@pacommedina

A diario escuchamos historias cuyo telón de fondo son amenazas, pausas o acciones en contra de la dignidad de las personas, les llamamos violaciones a los derechos humanos pero en realidad se trata de episodios que desaceleran las capacidades de personas o comunidades.

Hacernos preguntas básicas sobre lo que ocurre y su contexto, los actores involucrados se vuelve difícil ante tante información o la sensación de que muy pocas cosas se mueven o cambian, pareciera que vivimos lapsos de parálisis.

Hay aspectos que consideramos naturales como la política partidista, la apatía social, las injusticias o la impunidad cuando no lo son. Muy probablemente nos falta una mirada más enfocada en la esperanza que se construye en lo cotidiano que en agendas interesadas de procesos largos.

Uno de esos eslabones que siempre nos invita a despabilar nuestros sentidos son los ejercicios de memoria. De manera afortunada cada vez más se divulga información sobre lo ocurrido en el pasado que se conecta ineludiblemente con los momentos actuales.

Lo anterior viene a propósito al cumplirse 20 años del “Tlajomulcazo”, ocurrido durante el sexenio de Francisco Ramírez Acuña, el cual inauguraría una etapa que ha permitido la consolidación de la represión y el abuso de autoridad como una forma de generar miedo y control a la sociedad.

En aquellos años había una necesidad de que las acciones de la “fuerza pública” se asemejaran al perfil directo, firme y decidido de un gobierno estatal que buscaba controlar todo como en el régimen político pasado.

Para esos casos se encontraba a un sujeto o colectivo “criminalizable”, porque podían colocarse en ellos los temores, el estigma y versiones moralinas correctas de los objetivos que se buscaban cumplir, ante una sociedad ansiosa porque su visión de la sociedad no cayera.

Por eso las y los jóvenes que se divertían en las fiestas “rave” —que en sí mismas reflejaban la libertad de movimiento y placer—, en espacios abiertos autogestionados, convocadas por las pocas redes de comunicación que existían y con un número de asistentes envidiables (aproximadamente 1500 personas) para la época, inquietaba a los antes mencionados por su propio significado.

El operativo marcado por la humillación, el maltrato y los tratos crueles e inhumanos, no se enmarcó en una acción de un protocolo policial sino en la lucha por mandar un mensaje contundente a los jóvenes: No se permite la libertad ni la autonomía para decidir como divertirse.

Por eso la insistencia en el miedo a través de las acciones para inmovilizar y mermar, así como la estigmatización hacia las y los jóvenes al catalogarlos de adictos, lo cual marcó a toda una generación.

A la postre las protestas en el marco de la Cumbre de la Unión Europea y el Caribe, los incidentes violentos alrededor del Mercado de San Juan de Dios o en los partidos de futbol, hasta llegar a las manifestaciones por la ejecución extrajudicial de Giovanni López, se encuentran marcadas por el mismo campo, con todo y sus graves efectos para los derechos humanos de las juventudes.

Una prueba más de ello, lo encontramos en el desalojo de varias familias jóvenes y diversas, cuya única falta es autogestionarse vivienda precaria en una ciudad excluyente en el margen de un arroyo, cuya sola existencia denuncia las omisiones históricas del gobierno federal, estatal y municipal.

Como en el pasado, se busca actualizar un sujeto criminalizable para hacer creer a la sociedad que se actúa bajo la apariencia de “servir y proteger”, incluso se presionó a los medios de comunicación para que se les catalogara como “invasores” y no como afectados.

¿Invasores por luchar por sus propias condiciones de vida que no han sido garantizadas por el Estado? ó ¿invasores de una verdad que no quiere ser revelada por las autoridades?

Hasta un medio de comunicación (Diario Mural) de forma inexplicable publicó una imagen clasista: la existencia de una alberca en una zona marginal, como si la diversión fuera exclusiva de ciertos rostros, ubicaciones y nomenclaturas de colonias.

Se construyó desde las autoridades un discurso de protección cuando en realidad lo que se busca en la zona es desarticular la organización que ya existe y el acompañamiento de varios defensores de los derechos humanos, de ahí el discurso tradicional sobre la existencia de “intereses ocultos”.

De nueva cuenta nos encontramos con la continuidad en la implantación del miedo para condicionar las “ayudas y apoyos”, como una forma moderna de coaccionar y silenciar a los que más necesitan voz.

Es indispensable estar vigilantes de los nuevos actores políticos cuya visión hacia la vigencia de los derechos humanos se muestra limitada y con graves riesgos a futuro (basta ver la iniciativa del Ayuntamiento de Guadalajara sobre la prohibición para circular de motocicletas en varias colonias del poniente de la ciudad). Hay poco tiempo para que superen la curva de aprendizaje, si es que no se quiere repetir los episodios de represión.

Lo ocurrido en el margen del Arroyo Seco en Zapopan, constituye la verdad del Derecho a la Ciudad que tanto se promulga en los discursos de las sedes de los poderes públicos, pero que en la práctica se elimina y doblega. A todos y todas nos afecta.

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Francisco Macías Migrante de experiencias, observador de barrio, reflexiono temas de derechos humanos.

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