#AlianzaDeMedios
Creado el 23 de agosto de 2017, este organismo estatal no representa un soporte para periodistas agredidos o amenazados. Quienes son violentados deben salir del estado o buscar apoyo en organizaciones.
Por Elizabeth Rivera Avelar / LadoB
Un mayor control de los grupos de la delincuencia organizada sobre el territorio, caciques y líderes políticos que se creen todopoderosos, lazos familiares y amistades conocidos por todo el pueblo, corporaciones policiacas sin infraestructura y la poca atención mediática cuando ocurre un crimen, hacen que ejercer el periodismo en poblaciones pequeñas o en ciudades medias implique mayor riesgo que ser reportero en una gran zona urbana.
La vulnerabilidad de sentir que está en peligro tu vida y las de tu familia y que son limitadas las opciones que tienes para obtener ayuda, la vivió el periodista Lauro Rodríguez en 2018 y 2019, cuando él y su equipo recibieron amenazas de muerte y actos de intimidación que los obligaron a realizar un desplazamiento forzoso.
“No es lo mismo ser reportero en la ciudad que ser reportero en una región, si nos llega a pasar algo a los reporteros de la ciudad habría un poco más de visibilidad, que si nos llegara a pasar algo a los reporteros de las regiones. Al menos, eso quiero pensar que por sus aspiraciones políticas o lo que sea, no les va a convenir el agredir a un periodista que está más visible en la ciudad que los que están en la regiones. En las regiones te desaparecen y nadie se da cuenta, pero en una ciudad grande creo yo es un poquito más complejo”, compartió el periodista.
Recibió las primeras amenazas en 2018, cuando residía y trabajaba en Ciudad Guzmán, municipio de la Región Sur de Jalisco. Esto ocurrió en el contexto de un proceso electoral en el que habían secuestrado a un candidato y amenazado a otro más.
Mientras Lauro Rodríguez y su equipo trabajaban en un reportaje para El Suspicaz, el medio de comunicación independiente que fundó en Ciudad Guzmán, sobre un posible fraude electoral en Zapotlán el Grande fueron amedrentados en varias ocasiones. «Hubo varios aspectos de inseguridad, vehículos que nos seguían mientras hacíamos la investigación, llamadas para amenazar, nos decían que lo que nos pasara a nosotros también le iba a pasar a toda la familia», recordó.
Crédito: Wikipedia.
A partir de estas agresiones contactó a la organización Artículo 19 que expuso su caso ante el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, el organismo del gobierno federal respondió 14 días después, pero sólo con una llamada.
El representante del Mecanismo de Protección Federal únicamente le ofreció un número de teléfono al que debía comunicarse en “caso de que pasara algo más”; después nadie lo volvió a buscar, las amenazas cesaron sólo cuando dejaron de investigar el tema.
En 2019, regresaron las intimidaciones para la redacción de El Suspicaz después de la publicación del 25 de agosto sobre el avance de la producción de aguacate y sus consecuencias ambientales en el deterioro de los bosques y los vínculos que tienen actores políticos de la Región Sur con las empresas aguacateras.
«A raíz de eso volvió nuevamente el hostigamiento de personas en vehículos, algunos de ellos sin placas que comenzaron a vigilarnos a nosotros y a la familia, notamos que ellos querían que nos diéramos cuenta que nos estaban vigilando», relató.
Lauro explicó que en ese entonces su trabajo e ingreso principal era otro medio de comunicación, una televisora local en donde publicaba trabajos diferentes a los que difundía en El Suspicaz.
El entonces presidente municipal y también productor aguacatero, José de Jesús Guerrero, quien actualmente es el director de Infraestructura Rural en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de Jalisco, acudió a la televisora local a presionar para que Lauro Rodríguez detuviera las publicaciones del tema aguacatero o de lo contrario dijo que retiraría el apoyo de la publicidad oficial a la televisora. Enseguida el director de la televisora habló con él y luego lo hizo el alcalde, con muchos reclamos.
Sobre este punto, solicitamos vía correo electrónico y telefónica una entrevista con José de Jesús Guerrero, su respuesta fue: “Respecto al contenido del correo y en atención al mismo, no tengo nada que comentar al respecto. Si desean abundar sobre el tema los espero con mucho gusto en las oficinas de la secretaría en la cual me desempeño actualmente”. Como quienes integramos el Colectivo Desde Provincia estamos en diferentes estados, se le solicitó una entrevista virtual, vía Zoom, sin obtener respuesta.
Aunque ya lo habían amenazado antes, Lauro tiene en la memoria el día en que sintió más temor, “una ocasión, que salí en la noche a comprar algo para cenar y estaba la calle completamente sola. Yo iba por la banqueta y un vehículo se fue paralelo a mí, a la misma velocidad que yo sin tener tráfico adelante, podía avanzar a la velocidad que quisiera, cuando yo entro al puesto de comida el vehículo acelera; era una clara señal de que nos estaban vigilando. A raíz de toda esta situación, de bloqueos informativos y demás, también de algunas alertas que nos comenzaban a llegar de la familia diciéndonos que ellos también veían personas raras cerca de sus domicilios, buscamos hacer el desplazamiento por seguridad”, recordó.
En esa ocasión se comunicaron con él del Mecanismo Estatal, pero sólo le dijeron que si pasaba algo más él les llamara. En septiembre de 2019, el hostigamiento los obligó a desplazarse y salir de Ciudad Guzmán para garantizar su seguridad física.
Con el apoyo de la organización Periodistas de a Pie se trasladó a Guadalajara, Jalisco. El reportero nunca tuvo un ofrecimiento para ingresar al Mecanismo de Protección Federal, ni para recibir algún apoyo de las autoridades estatales. La ayuda fue externa aún cuando a escala federal y estatal existen mecanismos que se supone lo debían respaldar.
En la entidad existe el Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Jalisco, pero nadie lo dirige desde el 23 de agosto de 2021 porque en esa fecha vencieron todos los nombramientos de los integrantes. Sumado a esto, lleva tres años sin sesionar.
En la respuesta a la solicitud de transparencia la Secretaría General de Gobierno de Jalisco reconoció que los nombramientos se vencieron y no fueron renovados.
Por esa vía, el gobierno estatal informó que “en las sesiones del Consejo Consultivo existieron peticiones de atención de los casos de tres personas, dos defensores de derechos humanos y un periodista, todos hombres y de cuya edad no se cuenta con el dato”. El Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Jalisco fue instalado el 23 de agosto de 2017, en la administración del ex gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien ocupó el cargo del 1 de marzo de 2013 al 5 de diciembre de 2018.
Crédito: Gobierno de Jalisco.
La Secretaría General de Gobierno de Jalisco confirmó que la fracción IV del artículo 8 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Jalisco, rige al Consejo Consultivo.
Este Consejo Consultivo puede emitir a la junta de gobierno del Mecanismo directamente, o a través de la Secretaría General de Gobierno, inconformidades presentadas por peticionarios o beneficiarios sobre la implementación de medidas preventivas, medidas de protección y medidas urgentes de protección, “pero no solicitudes de incorporación, desincorporación o para dar seguimiento a casos”, por lo que la instancia local informó que no añadió a ninguna persona al Mecanismo. La respuesta no aclara qué fue lo que pasó con esas “peticiones de atención”.
Este Consejo nació cuando el Congreso del Estado de Jalisco aprobó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Jalisco que establece “la cooperación del estado con la Federación para implementar y operar las medidas de prevención, preventivas y urgentes de protección para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que tengan algún riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo”.
El Consejo surgió cuando en Jalisco se recrudeció la crisis de inseguridad y de violación a derechos humanos, periodo en el que incrementaron la desaparición de personas y hubo un alto número de homicidios dolosos. De acuerdo con las estadísticas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en el sexenio de Sandoval Díaz en Jalisco se registraron 5 mil 347 casos de personas desaparecidas y no localizadas, esto contrasta con las mil 338 que hubo en el sexenio anterior.
Uno de esos asesinatos fue el del secretario de turismo estatal, Jesús Gallegos Álvarez, quien tenía apenas ocho días en el cargo. Otros de esos homicidios fueron los de 15 elementos de la Fuerza Única Regional, emboscados por el Cártel Jalisco Nueva Generación en San Sebastián del Oeste en abril de 2015.
Esto ocurría mientras el Consejo Consultivo de Jalisco sesionó únicamente en diez ocasiones; nueve encuentros en 2018, una sesión en todo el 2019 y desde esa fecha no han tenido alguna sesión desde 2020 a la fecha.
Uno de los puntos reiterados en las reuniones fueron la petición de presupuesto para la operación del Consejo y la demanda de capacitación a los integrantes.
El Consejo estuvo conformado por nueve consejeros honoríficos. El entonces secretario general de gobierno, Roberto López Lara tomó la protesta al cargo que tendrían durante 4 años a Pedro Ernesto Gómez-Limón y González como presidente y a los consejeros Juan Manuel Estrada Juárez, Fascinación Eydie Beirut Jiménez Figueroa, Hans Jurado Parres, Esperanza Loera Ochoa, Arturo Martínez Madrigal, Moisés Mora Cortés y Jesús Ramírez Zúñiga.
El día de la instalación del Consejo Consultivo, López Lara afirmó que “los integrantes son expertos en la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión, el periodismo o academia en la materia”.
En una revisión sobre los perfiles de los consejeros encontramos que Moisés Mora Cortés ha trabajado como periodista y actualmente es el responsable de Comunicación Social de la V Región Militar. Mientras que Pedro Ernesto Gómez-Limón y González cuando fue consejero era rector de la Universidad Univer y ahora es director de Negocios Estratégicos del Grupo Nacer-Global- El Economista.
De los hoy ex miembros de Consejo Consultivo sólo de dos se conoce públicamente sus actividades como defensores de derechos humanos: Juan Manuel Estrada Juárez, quien preside la Fundación Nacional de Niños Desaparecidos (FIND) enfocada a la recuperación de niños robados y desaparecidos; y Fascinación Jiménez Figueroa, con activismo a favor de los derechos de la población LGBTI+ por medio de la asociación Unión Diversa de Jalisco (UDJ), que preside.
Sin presupuesto y sin sesionar en la administración actual
Desde su creación, el Consejo Consultivo nunca tuvo presupuesto, como se confirmó en la respuesta del gobierno de Jalisco a solicitudes de transparencia. Incluso, durante las sesiones varios miembros solicitaron al gobierno estatal asignar recursos económicos para la operación del mismo, pero nunca recibieron una respuesta positiva.
En el contexto de un consejo sin presupuesto propio sus acciones fueron limitadas, únicamente aprobó una Guía de Procedimientos en la tercera sesión del 21 de marzo de 2018 y el Plan de Trabajo en la cuarta sesión ordinaria de fecha 25 de abril de 2018.
En el único informe que emitió él Consejo Consultivo, refirió que la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas comunicó “la incorporación directa de 11 beneficiarios quienes radican en el estado de Jalisco” y notificó “la continuidad y modificación del plan de protección de 2 personas defensoras de derechos humanos, mismos que deberán continuar en tanto sean sujetos de una nueva evaluación”.
Las autoridades locales informaron en la petición de transparencia que “actualmente dicho Consejo Consultivo no tiene miembros elegidos”. Por lo tanto, en la administración actual del gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, solo sesionaron una vez.
La última sesión del Consejo Consultivo fue el 29 de marzo de 2019. Esa vez, el entonces consejero presidente, Pedro Ernesto Gómez-Limón y González tomó la palabra para señalar que esperaba que la actual administración estatal «los tomara en cuenta como el consejo que son en las solicitudes que puedan presentarse sobre el tema», pero ya nunca volvieron a sesionar.
La carencia de un Consejo Consultivo estatal viola lo establecido en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Jalisco y el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024 que establece la meta de “fortalecer los mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos”.
La ex integrante del Consejo, Fascinación Jiménez Figueroa, en entrevista confirmó que con la llegada de la administración estatal en curso terminaron las actividades del grupo y la existencia de éste en sí.
“Como mecanismo no teníamos incidencia, pues no podíamos hacer mucho frente al tema nacional y no había absolutamente un sólo peso como recurso destinado a este Mecanismo, ni por parte de la federación, ni por parte del gobierno del estado. Sesionamos, ahora sí que nos desahogábamos en cada sesión, porque obviamente cada una y cada uno desde su ámbito, vivíamos contextos de violencia, hacia periodistas, activistas, etcétera, pero poco podíamos hacer. A partir de la llegada de Movimiento Ciudadano jamás se volvió a sesionar, varias compañeras y compañeros solicitamos que nos convocaran para sesionar, y ya jamás tuvimos la oportunidad de sesionar», reconoció.
La activista explicó que las autoridades ni siquiera les informaron que el nombramiento de los consejeros caducó, ni efectuaron una sesión de cierre, ni siquiera de forma virtual.
Fascinación Jiménez añadió que ante la falta de un Consejo cuando conocen de algún caso de riesgo lo derivan a asociaciones civiles o al Mecanismo de Protección Federal. También confirmó que el Consejo carecía de teléfono y de oficina, pues sesionaba en algún salón que les “prestaba” la Secretaria General de Gobierno.
Este colectivo preguntó, a través de correo electrónico, al gobierno de Jalisco sobre el nombramiento de nuevos integrantes del Consejo, la falta de asignación presupuestal y de las acciones emprendidas por los casos de agresiones a periodistas sin que hasta el momento hubiera respuesta.
Informar cuando el gobernador agrede
Mientras el Consejo no opera ni tiene presupuesto, la situación de seguridad para los periodistas en Jalisco ha ido empeorando.
El 30 de noviembre de 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado para solicitar a las autoridades de Jalisco, Puebla y Guerrero que respeten la actividad periodística y aseguren el pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, de prensa y acceso a la información.
«Este Organismo Nacional manifiesta su preocupación ante la reciente declaración realizada por el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien señaló que los medios de comunicación locales deben limitar la información y dejar de hacer publicaciones sobre los delitos de alto impacto porque lastiman el turismo en Puerto Vallarta, circunstancia que no abona al libre desempeño periodístico», advirtió la CNDH y enfatizó que ante la persistente agresión contra periodistas y trabajadores de los medios, era urgente que de autoridades federales, estatales y municipales aplicaran las medidas necesarias para que la labor informativa no fuera afectada de manera directa o indirecta y que el funcionario debía evitar expresiones que coartaran los derechos fundamentales de las y los periodistas.
La carrera política del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ha estado marcada por varios desencuentros con periodistas y medios de comunicación locales, entre ellas están las múltiples ocasiones en las que ha llamado “mentirosos” a diferentes medios de comunicación.
En junio de 2017, cuando era presidente municipal de Guadalajara, calificó de “basura” a los periódicos Mural, El Diario NTR Guadalajara y Crónica. “Yo quiero ver a todos esos que escriben tantas cosas de mí, al periódico Mural, al NTR, a La Crónica, todas esas basuras, que escriben cosas todos los días, denigrando, ofendiendo, atacando. ¿Qué han hecho a parte de criticar, de atacar, de ofender, de mentir? Eso es lo que hay que cambiar”, expresó Alfaro Ramírez.
Mientras que en enero de 2018 arrancó su campaña a la gubernatura en el programa radiofónico “Forma y Fondo”, de Notisistema, con un expediente físico de todos los comentarios negativos que los conductores hicieron en su contra cuando fue alcalde. El funcionario le reprochó a los periodistas lo que catalogó de “ataques” y les dio la fecha exacta de cada uno de los comentarios, les dijo: “traigo una carpeta grandotota”, “ustedes hicieron menciones de un servidor en 385 programas, de esas 242 fueron negativas”.
En tanto que el 6 de febrero de 2019, la organización Artículo 19 emitió un comunicado en el que recordó que Enrique Alfaro Ramírez se expresó públicamente en diversas ocasiones en contra El Diario NTR Guadalajara, a partir de una nota periodística que cuestionó la determinación de desaparecer el Instituto Jalisciense de las Mujeres, para convertirlo en una Secretaría del Gobierno. Cuando el mandatario estatal fue cuestionado respondió: “siguiente pregunta; eso contéstenselo ustedes solos; no les contesto a mentirosos”, “al medio que tu representas no les voy a contestar más”, “se acabó el tema”, “porque no le contesto a mentirosos”.
Artículo 19 sostuvo que sus declaraciones eran “estigmatizantes” y agregó que las descalificaciones en contra de medios de comunicación o periodistas “generan un clima que impide una deliberación plural y robusta sobre los asuntos públicos” y además, en un contexto de violencia como el que atraviesa México, “esas conductas incrementan la vulnerabilidad de las y los periodistas”, tal como lo ha señalado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El llamado de atención no fue atendido por el gobernador y en abril de 2019 calificó como “periodiquito” a El Diario NTR Guadalajara, luego de que éste reveló un conflicto de interés en la licitación de maquinaria pesada.
El incidente más reciente fue el 8 de diciembre de 2021 cuando acusó a la reportera de Canal 44, Rocío López de “tratar de reventar” un evento, al tiempo que ordenó al secretario de salud, Fernando Petersen Aranguren que cancelara “la entrevista banquetera” que estaba dando, llevándose al servidor público.
Tras estos últimos hechos, periodistas protestaron virtualmente bajo el lema “Cuestionar no es atacar”. En la manifestación contra el asesinato de periodistas en México del 25 de enero de 2022, en la plaza de Armas de Guadalajara, a la que acudieron más de 200 personas entre periodistas, camarógrafos, fotoperiodistas, trabajadores de medios de comunicación y estudiantes de periodismo, los asistentes también reprobaron las descalificaciones, censura y ataques por parte del gobierno del estado de Jalisco al trabajo de los periodistas locales. Para subrayar esta postura los participantes se colocaron con pancartas frente a las puertas de Palacio de Gobierno.
Crédito: Elizaberth Rivera.
En opinión del periodista jalisciense Ricardo Balderas de la organización PODER Latam, la creación del Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Jalisco es una farsa. “Son políticos (quienes conforman el Consejo), las elecciones son políticas, el Consejo no es ciudadano, no hay participación de periodistas. De las estructuras regulares, sí hay gente con su página, (pero) tiene intereses políticos o están gentes que ocuparon cargos en las oficinas de derechos humanos estatales, que está secuestrada por el PAN. Es decir, es una cosa política, allí está, pero en casos y en rendición de cuentas está en la misma circunstancia que la federal: es nula”.
Las estadísticas del Mecanismo de Protección Federal de abril de 2021 sobre la protección de personas defensoras y periodistas, informan que hay 29 solicitudes de adhesión admitidas procedentes de Jalisco de 2012 a abril de 2021. Asimismo, habría 81 personas beneficiarias de este estado (44 mujeres y 37 hombres) casi en su totalidad dedicadas a la defensa de derechos humanos, sólo una persona periodista. Jalisco es uno de los estados donde proceden los casos de defensores de derechos humanos que buscan protección con 79 casos.
Al reclamo por el respeto al ejercicio periodístico se sumó la Universidad de Guadalajara (UdeG). El 14 de diciembre de 2021, esta casa de estudios anunció la creación de un Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas. La UdeG refirió que en 2021 en Jalisco se registraron 24 ataques a periodistas por parte de autoridades de gobierno y particulares.
“El observatorio es un aporte más de la Universidad en un país que parece que nos están robando de las manos. En ocasiones, vemos a gobernantes poco sensibles, mal asesorados, con políticas públicas muy endebles en temas de seguridad”, recalcó el rector general de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí.
Como parte de esas agresiones están las sufridas por el periodista Lauro Rodríguez, quien relató que él únicamente recibió el apoyo de la organización de Periodistas de a Pie, que a su vez cuenta con el respaldo de organismos internacionales. Esta organización lo becó por seis meses para movilizarse a Guadalajara, donde luego le ofrecieron un trabajo para laborar en un diario local.
El reportero consideró que la respuesta de Periodistas de a Pie sí fue muy rápida, sin burocracia y efectiva, a diferencia de las instancias de gobierno que sólo le hicieron dos llamadas, para saber cómo estaba, y además la del Mecanismo de Protección Federal fue muy tarde, dos semanas después.
“Mi experiencia fue mala porque no hubo, al menos del Mecanismo Federal, una respuesta inmediata y creo yo que para ese tipo de situaciones en donde uno siente que está en riesgo su integridad física sí tendría que haber una respuesta más inmediata», expresó.
Lo que vivió Lauro es similar a lo que han pasado otros periodistas en México como lo documenta el “Diagnóstico sobre las Personas que en el Ejercicio de su Derecho a la Libertad de Expresión se Encuentran en Situación de Desplazamiento Forzado en la Ciudad de México”, donde se refiere que el Mecanismo Federal informó que, desde el año 2013 al 27 de enero de 2020, se tenían identificados 40 casos de hombres y mujeres periodistas en contextos de Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en el país, lo que representa un total de atención a 112 personas. El último caso fue atendido en enero de 2020.
Mientras que del 1 de enero de 2012 al 15 de enero de 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó que registraron 18 expedientes de queja y primero de orientación directa en donde las personas periodistas estaban desplazadas. De estos expedientes de queja, 2 son mujeres y 16 son hombres. El último expediente de queja registrado sobre una persona periodista desplazada es del día 5 de diciembre de 2019.
Desde el 2017 al 22 de octubre de 2019, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) respondió que en el área de asesoría Jurídica Federal tenía 245 expedientes de víctimas directas, entre periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Son 50 expedientes de personas defensoras de derechos humanos y el resto son periodistas, es decir 195 expedientes. En el caso de personas periodistas desplazadas en el país son 26 expedientes. La CEAV cuenta con información sobre personas periodistas que se desplazaron por sus propios medios, sin el respaldo del Mecanismo de Protección Federal.
Esta revisión documental confirma que el desplazamiento forzado interno de Lauro Rodríguez no quedó registrado en las anteriores estadísticas. Para él existen varias fallas en los Mecanismos Estatal y Federal: hace falta que les den mayor difusión de qué son y qué hacen y cómo tener contacto directo con ellos, no sólo para los periodistas que están en riesgo, sino con todos, para que sepan que existe y cómo comunicarse con esos sistemas.
Lauro Rodríguez lamentó que el Mecanismo de Protección Federal nunca haya tenido una sola sesión en Jalisco, considera que lo debería de hacer, además de visitar las regiones de la entidad, donde los periodistas están más expuestos.
«Lo ideal sería que crearan ese ambiente de confianza, que en realidad sí hubiera resultados, para que los periodistas cuando nos sucediera una acción de inseguridad, pues que dijéramos ‘voy a hablar al Mecanismo para que ellos me digan qué hacer’, que esa fuera la primera reacción que tuviéramos, y para eso, pues hace falta primero que lo conozcamos», concluyó. Después de ese episodio, aún y cuando por seguridad se desplazó de su comunidad, siguió haciendo periodismo. Actualmente, Lauro y su equipo continúan publicando en El Suspicaz, espacio que cumplió 5 años de informar. Además desde hace 2 años y medio Lauro labora en El Diario NTR Guadalajara, donde continúa aplicando su pasión por el periodismo de investigación y de análisis de datos.
Protesta por las agresiones contra periodistas en Guadalajara, Jalisco.
Crédito: Elizaberth Rivera.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Lado B que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
