El martes 27 de septiembre a las 8:30 de la mañana se reunió la asamblea de vecinos de La Floresta, quienes fueron desalojados de sus hogares por la fuerza, sin previo aviso y para la demolición inmediata de sus viviendas el 27 de abril. El motivo del encuentro fue la clausura simbólica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y un informe público sobre el estado de la demanda que interpusieron contra el Ayuntamiento de Zapopan, el estado de Jalisco y la Federación.
Por Andrés de la Peña / @andres_dlap
Fotos cortesía: Asamblea de vecinos de La Floresta
Han pasado 5 meses desde que el gobierno de Zapopan destruyó alrededor de 50 casas, pero entre 75 a 100 familias desalojadas aún no han recibido una propuesta de solución. La demolición se dio con el argumento de que su vivienda se había construido en una zona vedada, por encontrarse demasiado cerca del cauce del Arroyo El Seco.
El operativo “Miramar seguro”, que dejó a estas personas sin casa antes de la temporada de lluvias, supuestamente mitigaría las inundaciones aguas abajo. Sin embargo, las inundaciones en la zona han continuado, a pesar del enorme daño humano que representa un desplazamiento.
Entre los desplazados también figuran miembros de las comunidades purépecha mazahua, otomí, tsotsil y tseltal, quienes han recibido un trato particularmente malo de parte de las autoridades municipales desde entonces. A estas personas no se les ofrecieron intérpretes o traducciones al momento de ser desalojados
El operativo “Miramar seguro”, que dejó a estas personas sin casa antes de la temporada de lluvias, supuestamente mitigaría las inundaciones aguas abajo. Sin embargo, las inundaciones en la zona han continuado, a pesar del enorme daño humano que representa un desplazamiento. Entre los desplazados también figuran miembros de la comunidad Wixárika, que han recibido un trato particularmente malo de parte de las autoridades municipales desde entonces.
Los vecinos interpusieron tres quejas (una individual con folio 2827/22 y dos colectivas con los folios 2884/22 a 2908/22) ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), pero explicaron que aún no han recibido ninguna solución o medidas cautelares. Es por esto que el informe sobre la demanda colectiva también se llevó a cabo como clausura simbólica de la CEDHJ. En su boletín, los vecinos informan:
“Nos despojaron de nuestras viviendas, de documentos personales, de nuestro patrimonio y del trabajo de toda una vida, dándonos de 5 a 10 minutos para desalojar por cada casa. A pesar de que CEDHJ estuvo presente durante el desalojo como espectadores ésta no ha emitido ninguna recomendación “.
También informaron sobre el estado actual del amparo 1014/2022, que decidieron interponer contra los tres órdenes de gobierno responsables de su desalojo: se presentarán para una audiencia el 29 de septiembre, ante el Decimoctavo Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, Civil y del Trabajo del Estado de Jalisco.
El desalojo se llevó a cabo con la presencia y permiso de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Protección Civil de Jalisco y de Zapopan, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, la Policía Municipal de Zapopan, y la Guardia Nacional.
Sin embargo, los vecinos dejan en claro que también responsabilizan por sus malos tratos al presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, a Salvador Villaseñor de la Dirección de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad del mismo municipio y a Octavio Uriel López Cabrera, de la misma dependencia. Esta dirección, a través de los servidores públicos señalados, les solicitó documentos personales para un trámite que nunca se concretó, y que ahora les son negados.
Hace unos meses los vecinos ya habían denunciado a Salvador Villaseñor y a Octavio Uriel López de simular actividades de diálogo, negando cualquier apoyo más allá de la participación en programas sociales de despensas y amedrentando a los vecinos, diciendo que el municipio no tenía ninguna responsabilidad sino que la tenía CONAGUA, y que si no les gustaban los apoyos ofrecidos podían demandar al municipio. En ese entonces, lo único que pedían los vecinos era un apoyo financiero para pagar rentas por un tiempo limitado, pero el municipio de Zapopan se negó rotundamente a siquiera negociar esa medida.
Ante medios de comunicación, Juan José Frangie mencionó que les habían ofrecido albergue a todos los afectados. Sin embargo, Arturo López, vocero de los vecinos inconformes lo desmiente:
“del gobierno nunca tuvimos ningún apoyo. Se limitaron a darnos una comida al día por un mes. Dijeron que ellos hasta ahí, que era culpa de CONAGUA, y que no tenían por qué gastar dinero”.
Con la clausura simbólica, salió a atender a los vecinos y medios de comunicación Katya Marisol Rico Espinoza, Cuarta Visitadora de la CEDHJ. Ahí refirió que la Comisión sí ha tomado actuaciones, incluyendo la canalización ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, aclaró que hasta ahora el proceso sólo ha llegado al segundo paso: la recopilación de informes de 14 autoridades.
Para los vecinos, este avance ha sido insuficiente, puesto que llevan ya cinco meses viviendo fuera de sus hogares demolidos, sin ningún apoyo de parte del gobierno, y con autoridades que insisten en sostener que no tienen responsabilidad alguna con los afectados. Aquellos que perdieron sus viviendas en las colonias La Floresta, Carlos Rivera Aceves, Jardines Tapatíos, Miramar y Arenales Tapatíos, siguen a la espera de alguna acción concreta de parte de cualquier autoridad en alguno de los tres niveles de gobierno. Mientras tanto, continúan con su proceso legal.
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Aquí un video que muestra lo que las y los vecinos vivieron durante el desalojo:
Excelente cronología muchas gracias por labor
Gran investigación, espero que tenga seguimiento después de la audiencia de hoy y se les garantice el derecho a la vivienda que habían conseguido pese a las limitaciones raciales y económicas que enfrentan. El estado no entiende que la realidad a la que nos exponemos es al riesgo y la informalidad ante la precariedad del acceso a la vivienda. No debe despojarnos de esos medios de subsistencia, sino atender las causas estructurales que nos condicionan.