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Por Israel Tonatiuh Lay Arellano / @TonatiuhLay
Este 11 de mayo, se presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de Jalisco una iniciativa para reformar la Ley para las Personas con Trastorno del Espectro del Autismo en el Estado de Jalisco por parte de la Diputada Susana de la Rosa Hernández, de la fracción parlamentaria del partido Futuro. La propuesta tiene por objetivo integrar cuatro nuevos integrantes a la Comisión Intersecretarial, de los cuales dos deberán pertenecer a los grupos de la sociedad civil, y los otros dos a Instituciones de Educación Superior. Así mismo, se pretende adicionar un capítulo sobre prohibiciones y sanciones.
La Comisión Intersecretarial es el órgano gubernamental facultado por la ley para diseñar la política pública en materia de atención y protección a las personas con autismo. En el caso de nuestro estado la integra la Secretaría de Salud, la cual la preside, la de Educación, la del Trabajo y Previsión Social, y la del Sistema de Asistencia Social. Pero a diferencia de otras comisiones estatales, la jalisciense no incluye como miembro a ningún integrante de la sociedad civil, como sí lo hace Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí (aunque en el gobierno local actual la Comisión se desintegró), Sonora, Tabasco y Veracruz. En cuanto a un integrante perteneciente a alguna Institución de Educación Superior, sólo la ley local de San Luis Potosí lo otorga.
La falta de un representante de las organizaciones que atienden y trabajan con personas con autismo es una desventaja ante los funcionarios que son designados acríticamente para fungir como miembros de la comisión local. El aporte de las asociaciones es proporcionar información directa de la realidad sobre la condición y el contexto local de su atención, la cual es desconocida, en la mayoría de las ocasiones, por los representantes de las secretarías gubernamentales.
Por otro lado, la representación de Instituciones de Educación Superior, sobre todo de la universidad pública estatal, tiene el objetivo de ampliar la investigación, la docencia y la difusión sobre la temática. Es una realidad que los estudios acerca de la condición son escasos en comparación con otros países. La vinculación entre el sector científico-académico, las organizaciones y las comisiones es una acción fundamental que continúa pendiente en México. En el caso contrario, el desconocimiento de la realidad, de las líneas de investigación y la falta de un asesoramiento a las comisiones, provoca opacidad en la política pública y la atención a las personas con autismo.
En cuanto a la adición de un capítulo sobre prohibiciones y sanciones, curiosamente la Ley vigente carece de uno. Por alguna razón, los diputados locales aprobaron una ley mocha en 2018. Una investigación minuciosa sobre lo aprobado en las Comisiones legislativas correspondientes y lo que se votó en la sesión del 17 de octubre de 2018, nos muestra que en algún momento hubo un error que nadie notó en ese momento. La Ley que se creó ese día, que es la que está vigente en la actualidad, contiene 13 artículos y termina “abruptamente” sin un capítulo de prohibiciones y sanciones.
La iniciativa presentada este 11 de mayo pretende enmendar estas omisiones. Ya se abrirá la discusión interna en las Comisiones de Higiene, Salud Pública y Prevención de Adicciones, y en la de Estudios Legislativos y Reglamentos, a las cuales fue turnada, junto con los foros de consulta que por ley está obligado el Congreso a llevar a cabo, de acuerdo con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde se delibere sobre las necesidades del contexto local sobre el autismo y se logre llevar a cabo la reforma sin ningún obstáculo.
Los foros de consulta, de acuerdo con la Convención, son una obligación para el legislativo cuando se trata de temáticas que involucran a personas indígenas, afrodescendientes o personas con discapacidad. Al ser el autismo una discapacidad psicosocial, entonces se les debe convocar para expresar sus opiniones e ideas acerca del contenido de la iniciativa. El no hacerlo o no presentar evidencia suficiente de una adecuada consulta, puede provocar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inválida la reforma que se lleve a cabo. Esto ya sucedió en dos entidades federativas: en Nuevo León (en dos ocasiones) y en la Ciudad de México.
Por último, cabe señalar que la Comisión Intersecretarial local fue creada en 2019, y en este periodo, por uno u otro pretexto, no ha llevado a cabo su función, cayendo en la opacidad absoluta, por lo que tenemos la confianza de que con los integrantes de la sociedad civil y de la academia, se les haga ver la importancia de su tarea y, por ende, comenzar a trabajar en la materia. Si bien reconocemos que las necesidades no se resolverán de inmediato, sí debe ser visible un proceso encaminado al reconocimiento, deliberación y propuestas de atención a una deuda de al menos ocho años con esta población.
Muy buen artículo, buena observación de las carencias a la Ley y a la participación de Sociedad Civil y Académicos.