Manos Libres
Por Francisco Macías Medina / @pacommedina (X) / @FranciscoMacias (Telgram)
La familia de Carlos la integraba su esposa Karen y su hija Dulce, vivían en una de esas grandes colonias mal llamadas periféricas porque en realidad se trata de viviendas autogestionadas en las que todo tiene un costo extra, desde los alimentos hasta los servicios públicos.
Para poder trasladarse a su trabajo de jardinero, por cierto no asalariado, Carlos utilizaba una bicicleta, la cual le permitía ahorrarse la inversión en el transporte pero al mismo tiempo tenía que asumir riesgos como compartir la avenida con autos y transporte público. Las ciclovías en ese entonces eran en realidad una ilusión.
En el regreso del trabajo, en una de las tantas avenidas secundarias cercanas a uno de los cotos residenciales fue atropellado de forma imprudente por un conductor joven que, por falta de pericia, la desatención o la prisa contagiosa de la ciudad, hizo invisible la presencia de Carlos y su bicicleta. Lamentablemente murió por las lesiones que recibió.
En uno de los varios proyectos en comunidad a los que me ha tocado asistir, platiqué con Karen -la esposa de Carlos- quien me contó lo ocurrido como si hubiera sido ese mismo día, pero en realidad se trataba de hechos ocurridos hace más de cinco años.
Al ver los “papeles”, que en realidad es el poco soporte documental legal que tienen las familias para informarse; me percaté que había intervenido el Agente del Ministerio Público, ese funcionario gris, impersonal y confuso, pero no hizo una sola investigación durante todos esos años, ni para contactar a la familia, ni para investigar lo ocurrido aún a pesar que se contaba con las placas del automotor, ya que el asunto se había archivado – palabra inventada para no decir impunidad- por “falta de elementos”.
¿Falta de elementos u omisiones?, seguramente una combinación de ambos en donde la palabra justicia se hace polvo, guarda silencio y sentencia en este caso a una familia, a vivir con dolor y dudas. En los ojos de Karen no había resignación sino impotencia.
Esta historia, aunque con los nombres cambiados para proteger las identidades, es real y demuestra que cuando se dan cifras sobre el funcionamiento de las instituciones de procuración y administración de justicia, se trata de un eco que dista mucho de lo que cotidianamente viven miles de personas.
Más bien se trata de un sistema de “injusticia” cuya finalidad es amurallar la atención, hacer grises los procedimientos y crear una especie de masa homogénea entre sus funcionarios, cuando en realidad hay muchos de ellos y ellas comprometidos, sensibles, responsables y frustrados por no ser reconocidos por su gran trabajo.
Es una especie de laberinto, donde se refleja con claridad que los principales indicadores no es recibir denuncias para procesarlas con nuevos modelos de gestión o legales, sino colocar como máximo principio el evitar la actuación, la simulación reflejada en hacer lo poco que se puede hacer, con los recursos limitados que se les proporciona.
Las mismas oficinas son reflejo ambiental: las de una Zona Metropolitana tan importante, colocadas en medio de vías semi abandonadas del ferrocarril, poco accesible y con un olor a material industrial, que quizás sea parte de su escenografía.
En los municipios, casas descuidadas con letreros anticuados, en donde incluso recientemente fueron asesinadas dentro de ellas dos víctimas por parte de un perpetrador por carecer el mínimo de seguridad. Se trata de un eufemismo hablar de casas de la justicia.
La suma de todo ello es lo que podemos llamar como impunidad. Recientemente la organización Casusa en Común, en su informe Hallazgos 2022, colocó a Jalisco con el 99.5 de impunidad, con un aumento de más de 4 puntos en el informe anterior.
El informe también documentó que en casos de homicidio doloso el porcentaje es del 100 por ciento, mientras que en el caso de los feminicidios alcanza el 99.6 por ciento. Es decir, prácticamente hay una especie de paro en la justicia que es alarmante (Mural).
En cuanto a los plazos para llevar un caso al juicio oral, a nivel nacional el plazo promedio es de 486 días, mientras que en Jalisco es de 817 días, es decir, más de dos años para ver avances en un juicio.
Con estos datos ¿puede hablarse de un sistema de justicia penal?, la respuesta pareciera obvia pero lo sorprendente es que las prioridades e inversiones en la entidad vayan más en otros objetivos, algunos de ellos que rayan en la industria del espectáculo.
Muy probablemente se prefieren acciones que reditúen impactos y presencias inmediatos, en vez de atender una ruta que busque la superación de estas realidades. Confieso que en ocasiones he soñado lo que pudiera ocurrir con funcionarios que tuvieran el perfil por ejemplo de la agenda de innovación estatal: claridad de los indicadores y áreas de oportunidad, alianza con los actores relevantes, inversión conjunta, creación de capacidades, búsqueda de buenas prácticas aún a nivel internacional, recepción de asistencia internacional, cara pública con personas comprometidas.
¿Por qué no lo tenemos en la agenda de justicia?, porque seguramente se trata de decisiones, prioridades, intereses, grupos y todo lo contrario a lo antes descrito, que condenan a familias como la de Carlos a asumir los graves costos humanos y económicos, lo cual rasga poco a poco a la comunidad por que nos siembra en el dolor y la impotencia, lo cual tiene claramente tiene un límite.
Con la invasión adelantada del marketing político, la opinión y propuesta para disminuir la impunidad será uno de los parámetros en los que deberá medirse la voluntad, consciencia y decisiones de quienes desean el poder más allá de buenas intenciones o personalismos.
En el alto a la impunidad está de por medio varias de las condiciones de vida de la comunidad.
