Más de 70 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados han sido retornados a sus países de origen entre el 2021 y 2023 en Jalisco. Negándoles su derecho al tránsito libre y seguro, así como a continuar su proyecto de vida. Sólo tres personas menores de edad pudieron iniciar procesos de solicitud de refugio en el estado.
Organizaciones como el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) reconocen que la política de deportaciones masivas de personas en contexto de movilidad humana y con necesidades de protección internacional alcanza también a las infancias y adolescencias.
Por Arleth Delgadillo @delgadilloarleth, Iberia Campos @ibebe.cari2, Nubia Ramírez @nubia.r6, Oriana Rivero @orianabriverof, Sarahí Flores @sarabbies.
Johan de 19 años es un joven hondureño que fue deportado de Chiapas cuando aún era menor de edad. En aquel momento sólo su amigo acompañante logró cruzar el norte de la frontera mexicana y ahora se encuentra en los Estados Unidos.
Actualmente lo único que quiere Johan es tener una oportunidad para continuar con su proyecto de vida en el país que eligió para vivir.
Niñas, niños y adolescentes (NNA) migrantes se ven obligados a transitar por México tras salir de sus países de origen junto a sus familias o en solitario, huyendo de la violencia o buscando reunirse con sus familiares en Estados Unidos. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y a la Unidad de Política Migratoria, en enero del año 2023 se registró el ingreso de 6 mil 833 personas migrantes de entre 0 y 17 años.
México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de población migrante. La migración internacional desde distintos países del mundo hacia México ha sido impulsada por diversos factores como la búsqueda de mejores oportunidades económicas, la reunificación familiar y, en algunos casos, la huida de la violencia y la inseguridad en algunas regiones.
Jalisco, según cifras del Consejo Nacional de Población (CONAPO), es una de las 10 entidades con más alto grado de intensidad migratoria a Estados Unidos, y a su vez un estado de tránsito y destino para la población en movilidad humana y con necesidades de protección internacional.
Sobre este último dato, de acuerdo con el Diagnóstico de Movilidad Humana en Jalisco (2022) hay un aumento creciente de la población solicitante de la condición de refugiado o de protección complementaria que reside en Jalisco. Y es que, entre 2020 y 2021 se registró un incremento del 437% en las solicitudes de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) pasando de 603 a 3 mil 240 entre ambos años. Esta última cifra registrada representa el 4% de las TVRH emitidas en todo el país.
El 55% fueron solicitadas por población proveniente de Haití, el 10% a personas originarias de Venezuela, el 7% a población chilena, 6% a personas de Brasil, 5.5% a población cubana y el resto (cerca del 5%) a personas procedentes de Honduras.
Compromisos por cumplir
El actual Gobierno de México ha asumido el compromiso de “promover una migración ordenada, segura y regular”, así como “el reto de garantizar los derechos humanos de las personas migrantes estableciendo una política humanitaria”. Especialmente de las poblaciones que viven una situación de riesgo o vulnerabilidad dentro de sus naciones de origen, para facilitar “su integración”. Como es el caso de las infancias y adolescencias en situación de movilidad humana o con necesidades de protección internacional.
Por lo tanto, los cambios establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México nombraron al Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) como el órgano gubernamental encargado de establecer instrumentos, políticas, servicios y acciones de protección de los derechos de esta población en el país.
En ese sentido, el SIPINNA declaró que los esfuerzos realizados por la federación, los estados y los municipios deben orientarse a la consolidación de subsistemas de Protección Especial, a través de Procuradurías de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes adscritos al Sistema DIF.
Bajo este contexto, el marco legal establece que las Procuradurías de Protección son la autoridad responsable de la determinación del Interés Superior de la Niñez, y por lo tanto, deben enfocar su total atención en garantizar -desde la no discriminación- que el Estado mexicano promueva, garantice y defienda los derechos de las infancias y adolescencias en México, sean migrantes o no.
Al respecto, Rosa del Carmen Ochoa, directora de Protección y Restitución de Derechos de la Procuraduría de Protección en Jalisco, afirmó en entrevista que tanto el Sistema DIF como la Procuraduría estatal tienen “la total responsabilidad de lo que les suceda a las Niñas, Niños y Adolescentes migrantes (NNA)”.
Frente a esta responsabilidad gubernamental e interinstitucional, las Procuradurías de Protección deben actuar de manera responsable bajo el marco de las políticas públicas federales establecidas en la Ruta de Protección Integral de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes en Situación de Migración.
De hecho, para facilitar la tarea al funcionariado obligado, el Instituto para la Mujeres en la Migración (IMUMI) elaboró el Manual de Capacitación para Autoridades de Protección a Niñas Niños y Adolescentes en Situaciones de Migración en febrero de 2022.
“La ruta señala qué es lo que le toca a cada autoridad hacer cuando se detecta a un niño, niño o adolescente en situación de migración, en caso de ser no acompañado se informa al DIF para que pueda asignar un Centro de Asistencia Social o algún albergue…Se tiene que entrevistar al infante, bueno eso es lo ideal, pero la realidad es que no es lo que pasa”, declaró Sandra Mejía abogada del IMUMI.
De esta manera, la ruta establece cinco etapas que buscan de forma puntual la protección y restitución de los derechos de las infancias y adolescencias en situaciones de movilidad humana, ya sea en contextos donde viajan acompañados o no acompañados.
Rosa del Carmen Ochoa subrayó que todas las dependencias de gobierno deben actuar bajo los mismos lineamientos y bajo el mismo enfoque de derechos de protección y restitución de derechos de las niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad humana.
Esta guía contempla el monitoreo constante de los flujos migratorios tras el ingreso de las personas migrantes al país; en este proceso las Procuradurías de Protección son responsables de la identificación de las infancias y adolescencias migrantes.
Una vez identificadas las niñas, niños y adolescentes, el proceso continúa por medio de la designación de un equipo de trabajo multidisciplinario conformado por las áreas de psicología, medicina, trabajo social y jurídica quienes realizan una evaluación integral de cada persona menor de edad para establecer un plan de reintegración social.
Finalmente, la Ruta de Protección Integral de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes en Situación de Migración lleva como principal fundamento el cuidado del principio del Interés Superior de la Niñez, el cual implica la toma de decisiones efectivas que resguarden y garanticen los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Protocolos de acción… ¡Ignorados!
Johan este año volvió por tercera vez a México, esperando no ser deportado nuevamente. Cuenta que “ya abandonó” su sueño de llegar a los Estados Unidos y lo único que desea ahora es asegurar su bienestar y obtener un trabajo “decente” en México.
Por ello, ha iniciado su proceso de solicitud de refugio, debido a que en años anteriores, encontrándose en la frontera de Chiapas, el estado siempre negó su entrada. Esto resulta contrario a los estatutos de la Ruta de Protección, la cual se rige bajo el principio de no devolución.
El derecho internacional obliga a los Estados a no devolver o expulsar a una persona a un estado donde exista la posibilidad de que su vida o libertad estén en riesgo inminente.
A pesar de ello, se estipula que “cuando la Procuraduría de Protección detecte que resulta necesario el retorno asistido en observancia del Interés Superior de la Niñez emitirá una medida de protección al Instituto Nacional de Migración para que este gestione el procedimiento de retorno”.
Sin embargo, ¿qué circunstancias y desafíos deben de sufrir las niñas, niños y adolescentes para dejar su país de origen y aventurarse en un proceso migratorio?
“Fue feo como me llegó a pasar todo el viaje… Por los carteles, porque pues lo secuestran a uno… Tuve mucho miedo” afirma Johan sobre su recorrido por la frontera vertical que representa México para las personas migrantes, debido a las condiciones de inseguridad que el país atraviesa.
Sandra Mejía, abogada del IMUMI explicó que en casos como el de Johan “se tendría que detectar si el niño o adolescente tiene necesidades de protección internacional, es decir, si viene huyendo. Las razones por las cuales las niñeces pueden estar huyendo y necesitan de la protección internacional por el regular es por crimen organizado, reclutamiento en narcotráfico, o violencia familiar”.
El Gobierno de México reconoce que en los últimos 4 años al menos 120 mil niños, niñas y adolescentes han sido contabilizados dentro de la ruta migratoria hacia los Estados Unidos.
Por su parte, de acuerdo con una nota realizada por le periodista Aletse Torres para ZonaDocs, el proyecto Inclusión Digna, un modelo de cuidados alternativos para la niñez y adolescencia migrante, solicitantes de asilo y refugiados impulsado por AVSI México en alianza con el albergue FM4 Paso Libre, Dignidad y Justicia en el Camino A.C. identificó que los perfiles más habituales en la niñez y adolescencia en contexto de movilidad son los siguientes:
- Adolescentes provenientes de zonas urbanas huyendo de amenazas e inseguridad de las pandillas y con falta de protección estatal, ya sea directamente hacia su persona o hacia su familia.
- Infantes que viajan acompañados por sus padres en una migración forzada de la familia nuclear.
- Infancias acompañadas de su madre por eventos de violencia de género en sus países de origen.
- Adolescentes indígenas no acompañados provenientes de comunidades rurales.
- Adolescentes transgénero no acompañadas que han sido rechazadas por su familia y la sociedad homofóbica.
Los niños, niñas y adolescentes en flujos masivos que transitan por nuestro país, merecen, por encima del control migratorio de cualquier estado, tener un viaje digno, el respeto, protección y ejercicio de sus derechos.
Sin embargo, los esfuerzos realizados por las instituciones gubernamentales de Jalisco han sido limitados, pues resulta paradójico el número de jóvenes migrantes no acompañados que son repatriados a sus países de origen; esto a sabiendas de que existe un protocolo de acción que estipula el no retorno de las infancias.
Según datos del DIF Jalisco y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, proporcionados a través de solicitudes de acceso a la información durante 2021, 2022 y lo que va del 2023 se han recibido 226 notificaciones de infancias y adolescencias migrantes por el Instituto Nacional de Migración.
En el primer semestre de 2023, el DIF Jalisco contabilizó 92 notificaciones, es decir, 92 niñas, niños y adolescentes que requerían asistencia. De estos sólo 14 fueron resguardados y 78 continuaron su camino voluntariamente ya que venían acompañados.
No obstante, en el caso de las niñas, niños y adolescentes que viajaban no acompañados, “todos fueron retornados a su país de origen”, informó Rosa del Carmen Ochoa.
Esta situación resulta violatoria del principio de la no devolución, así como contradictoria frente al potencial riesgo del que podrían estar huyendo, pues como establecen las organizaciones los perfiles que mantiene esta población menor de edad dejan en evidencia los contextos de vulnerabilidad de los que vienen huyendo.
Rosa del Carmen Ochoa insistió que a las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados “nos los dejamos continuar, no hay manera de que nosotros los dejemos continuar solos, porque los estamos exponiendo a un riesgo”.
Los registros del DIF y la Procuraduría de Protección han determinado que durante los años de 2021 y 2023 se han resguardado a 74 niños, niñas y adolescentes migrantes en calidad de no acompañados.
Rosa del Carmen Ochoa comentó que en promedio la edad de los adolescentes es de 15 y 17 años, por lo que de acuerdo a “su nivel de madurez” se les explica directamente las posibilidades de restitución de sus derechos:
- Regresar a tu país de origen debido a que después del diagnóstico inicial no se detectaron elementos de riesgo.
- Quedarse en México, pero sin conocer el tiempo de espera para una posible reunificación familiar.
- En caso de que en el diagnóstico sea detectado riesgo de vida para los NNA, solicitar calidad de refugiado en COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados).
Hace dos años retornaron a Johan a su país de origen cuando era un menor de edad, sin considerar que sólo le faltaba una semana para cumplir 18 años. Ninguna autoridad se encargó de evaluar su situación y, por ello, fue obligado a regresar a Honduras:
“Había un señor que nos iba a esconder, pero no teníamos suficiente dinero, entonces le dije a mi amigo que le iba a dar mi dinero para que lo escondiera a él y nomás a ver que cómo la hacía yo… Y me agarró migración”, cuenta su experiencia como si se tratara tal cual de una hazaña de historieta.
Sandra Mejía, reconoció que las autoridades mexicanas no están garantizando el derecho de las infancias y adolescencias a la no devolución y, por lo tanto, les retornan de manera masiva, sin considerar sus condiciones de riesgo y situaciones particulares:
“Lo que estamos viendo en la realidad es que las procuradurías no están haciendo diagnósticos conscientes y que están haciendo retornos masivamente. Son muy pocos los NNA que tienen la oportunidad de reunificarse en un tercer país, o de solicitar asilo en México”.
Por su parte, Rosalba Rivera coordinadora del área de infancia migrante en IMUMI,
refirió que hay una clara diferencia entre lo que establece la ley federal y los protocolos de acción, así como con lo que realmente sucede en la práctica de dichos manuales.
En el caso de Johan, él no sentía la disposición para compartir sus motivaciones de migración, pero, el simple hecho de que cada año busqué la forma de salir de su país podría significar que sus planes están fuera de éste.
Las niñas, niños y adolescentes también se ven obligados a tomar la decisión de emigrar, por lo tanto, cuando la autoridad decide ignorar o no prestar atención a estas condiciones no sólo violenta sus derechos, sino que les niega la oportunidad de vivir vidas más dignas y seguras.
“Un proyecto de vida en pausa”: niñas, niños y adolescentes que se quedan
Las instituciones públicas y las Procuradurías de Protección deben garantizar los derechos de las infancias y adolescencias migrantes no acompañados que deciden quedarse en el país.
Según reportes de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) durante el 2023, Jalisco ha presentado 427 casos de personas solicitantes de refugio en el estado. Al mismo tiempo, el DIF Jalisco reporta que durante el mismo año únicamente 3 adolescentes atendidos solicitaron la condición de refugiado.
Johan se encuentra frustrado, dice que en su tercera travesía para volver a entrar a México, había decidido que esta vez llegaría hasta Jalisco, esperando recibir una atención digna por parte de las oficinas de migración, puesto que, en Chiapas esto no fue así “es la primera vez que yo llego hasta aquí, y son igual de mala onda que en Chiapas”, confiesa.
“Hemos visto que se trata de procesos muy complicados, muchas veces las personas regresan frustradas de sus citas con COMAR porque no las atienden o porque les regresaron la documentación. Incluso, si pones una palabra diferente a como ellos lo piden te regresan el trámite y eso también causa miedo a las personas porque sienten que los pueden deportar”, explicó Sharon, voluntaria en el Refugio Casa del Migrante, espacio humanitario que ofrece sus servicios a la población en movilidad humana, así como aquella con necesidades de protección internacional.
Por otro lado, el proceso de restitución de derechos establecido por la Ruta de Protección Integral para aquellas niñas, niños o adolescentes que deciden quedarse en el territorio nacional continúa a la par de la construcción de un proyecto de vida independiente.
El Manual de Capacitación para Autoridades de Protección a Niñas Niños y Adolescentes en Situaciones de Migración, establece que el proyecto de vida independiente es aplicable a las y los adolescentes en situación de migración que se encuentran en cualquier modalidad de cuidado alternativo y están próximos a cumplir la mayoría de edad, asimismo, señala que el DIF y las Procuradurías de Protección son las responsables de ayudar al adolescente para diseñar su proyecto de vida, además de ayudarlo a desarrollar habilidades en el área laboral, social, relaciones interpersonales, vida cotidiana, educación sexual, vida en pareja, entre otras.
“Cuando los NNA migrantes no acompañados están por cumplir los 16 o 17 se les va preparando para su sustento independiente. Hay un departamento de proyecto de vida en la Dirección de Adopciones y Familia de Acogida”, agregó Rosa del Carmen Ochoa.
Johan tenía 17 años la primera vez que fue deportado, pero ¿por qué estos principios no fueron aplicables para él? Sandra Mejía del IMUMI reconoció que esto sucede porque no todas las autoridades están dando cumplimiento a los estatutos de la ruta de protección:
“Lo que pasa en la realidad es que no se les está apoyando. La procuraduría no está cumpliendo con estas medidas de protección para transición a la vida independiente, sino más bien es con acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, y por lo tanto son muchos los adolescentes que se quedan a vivir aquí en México” finalizó Sandra Mejía.
Por ahora, después de tres intentos, Johan sigue persistente en la búsqueda de su objetivo de una vida digna frente a los vacíos institucionales de los que sigue siendo objeto.
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Este reportaje fue realizado en el marco del Bloque de Producción periodística convergente del Tec de Monterrey Campus Guadalajara, del cual ZonaDocs fungió como Socio Formador.
