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Por David López Nájera* / A dónde van los desaparecidos
El 15 de enero de este año, hombres armados ingresaron al hogar de Lorenza Cano, en la colonia Ampliación El Cerrito, en Salamanca, Guanajuato. Lorenza fue privada de la libertad, y su esposo e hijo fueron asesinados en su hogar. Ella forma parte del colectivo “Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos Guanajuato” y busca a su hermano José Cano Flores, desaparecido desde el 17 de agosto de 2023 en el mismo municipio.
Dos días después de la privación ilegal de la libertad de Lorenza, se le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina en Palacio Nacional sobre lo ocurrido; aunque dijo desconocer el caso, respondió que “todos los días se está protegiendo al pueblo”, y eludió la pregunta afirmando que “actualmente no hay impunidad” .
El 8 de febrero, poco más de tres semanas después, fue asesinada Angélica León, líder del colectivo “Unión y fuerza por Nuestros Desaparecidos”, en Baja California. Angélica buscaba a su hermano José Juan Vázquez León, desaparecido el 27 de junio de 2018.
Y solo siete días más tarde fue asesinado Noé Sandoval Adame, integrante del colectivo “María Herrera Chilpancingo”, quien buscaba a su hijo Kevin Sandoval Mesa, desaparecido el 17 de noviembre del 2023. Este crimen ocurrió en un contexto desafiante para la sociedad de Chilpancingo, pues en los últimos días ha aumentado considerablemente la violencia en el municipio, donde se han incluso suspendido las clases y ha dejado de circular el transporte público.
El asesinato de Noé fue condenado por la Oficina en México del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reconociendo que este homicidio se inscribe en la ola de violencia contra las familias buscadoras. El Presidente de la República no se ha pronunciado respecto a dicho asesinato. En referencia al homicidio de Angélica, declaró que no estaba relacionado con sus actividades de búsqueda, como si ello minimizara el homicidio de la buscadora.
El Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU reconoció el caso de Lorenza Cano como desaparición forzada. (Especial)
Estos asesinatos se suman a la ominosa lista de madres que han sido asesinadas por realizar las actividades de búsqueda de sus seres queridos desaparecidos. Tan sólo de enero de 2021 a mayo de 2023, al menos 7 madres buscadoras fueron víctimas de homicidio. Teresa Magueyal, quien buscaba a su hijo José Luis Apaseo, fue asesinada el 2 de mayo de 2023 en Celaya, Guanajuato. María del Carmén Vázquez, que buscaba a su hijo Osmar Zúñiga Vázquez, fue asesinada afuera de su casa en Abasolo, Guanajuato, el 7 de noviembre del 2022.
Esmeralda Gallardo, quien buscaba a su hija Betzabé Alvarado, fue asesinada en la colonia Villa Frontera, Puebla, el 5 de octubre del 2022. Rosario Lilián Rodríguez fue asesinada el 30 de agosto del 2022 en La Cruz, Sinaloa, fecha en que se conmemora a las víctimas de desaparición forzada a nivel mundial. Ana Luisa Garduño fue asesinada el 27 de enero de 2022 en Temixco, Morelos; ella se volvió activista después del feminicidio de su hija Ana Karen Huicochea, con la creación de la organización civil “Ana Karen vive” desde la cual apoyaba a las madres buscadoras.
Aranza Ramos fue asesinada el 15 de julio de 2021, cuando hombres armados irrumpieron en su casa en Guaymas, Sonora; ella buscaba a su esposo Bryan Omar Celaya. Francisco Javier Barajas fue asesinado el 29 de mayo en Salvatierra, Guanajuato, buscaba a su hermana y a miles más en dicho estado, pues se desempeñaba como funcionario de la Comisión de Búsqueda de la entidad.
Sin olvidar a las buscadoras Miriam Rodríguez, Sandra Luz Hernández y Maricela Escobedo, madres que fueron incansables en la búsqueda de justicia para sus hijas, y que los avances hechos por cuenta propia en las investigaciones de sus respectivos casos, que apuntaron a redes del crimen organizado, fueron asesinadas. Dichos asesinatos han permanecido en la impunidad que impera en México, donde el arrebatar vidas no tiene consecuencias.
El ejecutivo federal ha guardado silencio en la mayoría de los asesinatos antes mencionados, a excepción de Angélica León Meraz, donde la investigación realizada por las autoridades refiere que el homicidio no está vinculado con las actividades de búsqueda.
En 2023, durante la conferencia matutina del 30 de julio, se le cuestionó al Presidente el porqué no había accedido a reunirse con las madres buscadoras; la respuesta del mandatario fue: “Yo en todas las giras que hago, hablo con madres, con familiares de desaparecidos ”. A ello sumó que diferentes medios de comunicación y lo que el mandatario nombra como “algunas organizaciones de Derechos Humanos”, realizaban politiquería, haciendo uso de los casos de desaparición y violencia, buscando atacar a su gobierno.
El que la presidencia no se pronuncie más que en pocos casos —como el de Angélica León–, es muestra de la falta de reconocimiento de la violencia que está siendo ejercida sobre los familiares en búsqueda y los riesgos que tienen al estar realizando las actividades que le corresponden al Estado.
Ante esta situación, Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, invitó al mandatario a que las acompañara a una búsqueda, para que diera cuenta de las actividades que se realizan en campo y las implicaciones de la misma. Después de dicha invitación, López Obrador calló, una vez más.
El gobierno actual se ha destacado por no asumir su responsabilidad en el contínuum de la violencia y culpar a un enemigo “conservador” de las violencias que se generaron en el pasado y se siguen replicando en el presente; pero sobre todo, se ha destacado por callar y negar la violencia que sigue azotando a la población mexicana. Y que en el caso específico de las buscadoras, durante este sexenio, se han puesto terriblemente en riesgo por realizar las actividades de búsqueda que le corresponden al Estado y sin las medidas de protección necesarias que deberían de facilitar los gobiernos federal y estatal.
Es necesario plantear mecanismos de seguridad que garanticen tanto los derechos de búsqueda de los familiares como su seguridad. Este 28 de febrero se realizó una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la protección a mujeres buscadoras de personas desaparecidas en México, audiencia necesaria en el contexto actual, donde es menester que el Estado asuma su responsabilidad y que la sociedad civil organizada exija medidas de seguridad para las buscadoras y garantice la no repetición de estos actos violentos.
Hace dos años, nuestra compañera Mitzi Robles daba cuenta que los asesinatos ocurridos hasta ese momento hacia buscadoras eran resultado de la desigualdad social y la violencia estructural que ha exacerbado condiciones de vulnerabilidad en las que habitan las buscadoras; y hacia una llamada a no normalizar las violencias crueles, visibilizar las violencias, convocarnos a un duelo político que devenga en una “oposición militante frente a la injusticia”.
Habría que poner en el debate político la falta de atención en diferentes niveles para los colectivos de búsqueda, el negacionismo que ha realizado el gobierno sobre la crisis de desaparición que vive México y la manipulación en las cifras realizada con el censo al RNPDNO y el fortalecimiento de políticas públicas y mecanismos de seguridad para las buscadoras en sus labores. Que la violencia estructural por la cual siguen ocurriendo estos delitos crueles sea develada, con la posibilidad de ser transformada por el movimiento colectivo.
No permitamos que la memoria de las compañeras sea olvidada: rememorar sus luchas, reivindicarlas y continuar la búsqueda de los miles de desaparecidos que le faltan a México resignificará la causa por la que a ellas les fue arrebatada la vida, una causa política y no de “politiquería” como se ha minimizado desde la voz del ejecutivo.
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* David López Nájera forma parte de la asamblea de coordinación del GIASF, estudiante de la maestría en Psicología Social por la UAM Xochimilco y operador del Observatorio Etnográfico de las Violencias.
El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador, estudiantes asociados a los proyectos del Grupo y personas columnistas invitadas (Ver más: http://www.giasf.org)
La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición de adondevanlosdesaparecidos.org o de las personas que integran el GIASF.
Foto de portada: En el marco del día internacional contra la desaparición forzada: familiares de personas víctimas de desaparición realizan diversas actividades de memoria y protesta en la glorieta de las y los desaparecidos. (Ulises Martínez/ObturadorMX)
Referencias:
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Este trabajo fue publicado originalmente en A dónde van los desaparecidos. Aquí puedes consultar la publicación original.
