#HastaEncontrarles
La demanda de amparo solicitada por familiares de personas desaparecidas que se vieron afectadas por el retiro de cuatro memoriales colocados frente al Palacio de Gobierno fue admitida por un Juez de Distrito en la Ciudad de México, el cual ordenó al Gobierno de la Ciudad de México resguardo de los memoriales a fin de evitar que el Gobierno Federal los destruya, esto -señalan las familias buscadoras- representa un logro para el derecho a la memoria de las personas desaparecidas.
Por Redacción ZonaDocs
El pasado 15 de marzo, aparentemente por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron retirados cuatro piezas memoriales colocadas en Palacio Nacional para no olvidar la desaparición de Óscar Antonio López Enamorado,Óscar, quien fue desaparecido el 11 de enero de 2010; Antonio Verástegui y su hijo Antonio de Jesús (24 de enero de 2009 en Coahuila); Alejandro Alfonso Moreno Baca (27 de enero de 2011 en Nuevo León); y Marco Antonio Amador Martínez ( 11 de marzo del 2013 en Tamaulipas).
Este retiro de los memoriales fue realizado por elementos del ejército mexicano que custodia el Palacio de Gobierno, lo que constituyó un agravio para el derecho a la memoria de cada una de estas personas desaparecidas; por lo mismo, las cuatro familias afectadas promovieron un ampara para solicitar:
“la protección y el amparo de la Justicia de la Unión al considerar que el retiro de los memoriales violentan nuestros derechos humanos a la memoria, a la protesta, a la manifestación, a la legalidad y seguridad jurídica”.
Afortunadamente, este amparo fue concedido el 16 de abril de 2024 por un Juez de Distrito en la Ciudad de México, quien ordenó “el resguardo de los memoriales a fin de evitar que el Gobierno Federal los destruya”.
Mediante un comunicado de prensa difundido el 24 de abril, las familias señalaron que esto representa un logro para las familias y el derecho a la memoria de las personas desaparecidas; sin embargo, señalaron que, si bien, aplauden la decisión del juzgado porque es un primer paso para defender y garantizar el derecho a la memoria de las familias que buscamos un ser querido desaparecido:
“nuestras exigencias es que los memoriales no sólo sean resguardados, sino que el juzgado ordene su reinstalación, por lo hacemos un llamado a la Juez Primero de Distrito para que al momento de resolver la suspensión definitiva tome en consideración que se trata de un acto de memoria y protesta, y como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solicitar un permiso para eso es restrictivo de nuestros derechos”.
Así mismo, las familias informaron que también presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por los mismos hechos; sin embargo, advierten que el resultado no será favorables, pues para esta institución “la memoria no es un derecho
humano”, por lo que piensan que ésta, lamentablemente, señalará que “el retiro de los memoriales no representa una violación a los derechos humanos”.
Recordaron, además, que no es la primera ocasión que el gobierno atenta contra el derecho a la memoria de las personas desaparecidas expresada a través de la instalación de piezas memoriales; tal es el caso, del Memorial 5J que fue retirado en Guadalajara, Jalisco, el 5 de junio de 2023. Esta pieza memorial era un recordatorio de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno de Jalisco contra jóvenes que se manifestaron el 5 de junio por la ejecución extrajudicial de Giovani López y la violencia policial.
“Hemos documentado acciones para eliminar nuestra memoria, pero a pesar de esos ataques, como familias seguiremos luchando contra el olvido y hasta que tengamos de regreso a nuestros familiares y el Estado asuma su responsabilidad de garantizarnos justicia, y de que busque y encuentre con vida a todas las personas desaparecidas, connacionales y migrantes”, señalaron las familias afectadas.
En el mismo lugar donde fueron retirados los primero cuatro memoriales, el 23 de abril se colocó una pieza más para no olvidar la desaparición de Mauricio Aguilar Leroux, quien fue desaparecido el 27 de mayo de 2011 en Córdoba, Veracruz.
Como ella, familias en todo el país luchan porque el Estado reconozca que en México hay más de 115 mil personas desaparecidas. pic.twitter.com/9qldn8n9Xw
— Fundar (@FundarMexico) April 23, 2024
