Secreto a voces
Por Rafael Alfaro Izarraraz / @AlfaroIzarra
El derecho, sus normas y los encargados de aplicarlas, tienen una larga historia que se remonta al imperial Código Romano y napoleónico, de la historia y la cultura occidentales, cuyo espíritu y prácticas se trasladaron a México a partir de la conquista. Con el tiempo, esos códigos imperiales, fueron la base cultural que dio origen a la división de poderes como ahora lo conocemos y a la existencia de cuerpos de especialistas (los abogados) quienes se colocaron históricamente como los portadores, especialistas, de su aplicación. Pero eso no fue todo, también el espíritu que reinó en esos códigos derivó en los sistemas de castigo corporal y el disciplinamiento, como son las cárceles y las escuelas.
Parece que nuestra historia es muy distinta a occidente y lo es, hasta cierto punto, pero de igual manera, la influencia de la cultura occidental en nuestra nación ha sido imborrable. La existencia de códigos que regulan la aplicación de la justicia, la aparición de poderes como parte de la estructura de poderes instaurada en México, así como de los sistemas educativos y de disciplinamiento corporal como son las cárceles, son parte de esa historia. Y a pesar de que ahorita la discusión en México sobre la reforma al Poder Judicial implica a la estructura de ese poder, lo cierto que existen dos derivados que son los que se intenta también atacar con la reforma, aunque nos e diga: la cárcel y mejorar la educación en la parte jurídica.
Códigos, surgimiento de poderes, instancias de aplicación de la “injusticia” y cárceles, así como escuelas, son parte de una historia que se introdujo a México con la conquista, durante la colonia y que la creación de México como Estado independiente mantuvo casi intacta, a pesar de los intereses sociales y de justicia que le impregnaron los gestores de la Independencia mexicana, Hidalgo y Morelos. La razón fue que, aunque se logró la Independencia como nación, la cultura occidental de cómo se aplica la justicia quedó intacta porque al final de cuentas españoles y criollos, lograron capitalizar la independencia. Hidalgo, Morelos y el mismo Vicente Guerrero, que sobrevivió un tiepo en las montañas, fueron fusilados, y la conducción de la independencia quedó en manos de criollos y sus intereses.
La división de poderes de la Constitución de 1924, de corte liberal, estableció las bases de la división de poderes en México, creando el Poder Judicial, que ahora conocemos y precursor de la aplicación de las actuales injusticias, salvo honrosas excepciones. Aunque impregnada del sentido social que le quisieron dar liberales como Vicente Guerrero, preocupado por la educación, el empleo y el progreso, la aplicación de la justicia en los hechos, en la vida real, quedó en manos de quienes se erigieron en los dueños de la tierra, las minas, los obrajes, las familias pudientes y los poderes locales. La herencia cultural de vasallaje sobre los grupos indígenas, arrieros, afrodescendientes, mujeres, empleados de casas y haciendas, continuó siendo una historia en donde justicia y dinero eran uno mismo. Para los sin dinero quedó la cárcel, como norma de las injustas relaciones sociales.
De acuerdo con algunos autores de la historia de México, y esto parece increíble, de no creer, no obstante, la Independencia, de la que participaron los pobres de los pobres de México, la justicia fue todavía más cruel con ellos, pues lo que vino para ellos con la creación del Estado mexicano fue peor que las condiciones que vivieron durante la colonia. Y uno de esos tristes momentos, se vivió durante la época de la Reforma. De los liberales juaristas (Juárez fue presidente del PJ), las comunidades indígenas no tienen un buen recuerdo. Las tierras de los pueblos fueron incorporadas al mercado bajo la creencia de que, al igual que las tierras de la Iglesia, era indispensable para el progreso fomentar la propiedad particular. Las comunidades y los indígenas, eran consideradas como un estorbo.
El presidente López Obrador, ha tenido la sensibilidad de intentar reparar el daño causado a pueblos como los yaquis. Los pueblos precolombinos del norte de México, fueron verdaderamente lastimados por los poderes postindependientistas y, por ello, algunos grupos vieron con buenos ojos la expansión estadounidense. Fue en esta etapa en la que se consolidaron las cárceles y el desplazamiento de comunidades indígenas completas hacia el sur del país. Desplazados de sus tierras, su cultura, sus familias, los yaquis y otras comunidades, fueron casi exterminadas por un tipo de justicia cuyo espíritu parece que no se ha debilitado en nuestros días, en donde se protege a los poseedores de grandes fortunas. Ahí está el ejemplo del magnate del grupo financiero Azteca y de la modernas tiendas de raya como son el grupo Elektra.
La reforma al Poder Judicial (PJ) es un suceso, de verdad, inédito en la historia universal relacionado con los encargados de la aplicación de la justicia, como es el hecho de que los jueces sean electos de manera directa a través del voto popular, tal y como ocurre con los integrantes del poder ejecutivo y legislativo. En la parte geográfica más cercana a nosotros, que es Latinoamérica, no ha existido ninguna experiencia similar a la que se plantea en México. Bueno, ni siquiera las revoluciones pacíficas recientes: Venezuela, Bolivia y Ecuador. Chávez, en Venezuela, reformó la Constitución, pero la manera en que se eligen a los jueces en ningún momento llegó a los niveles como la reforma mexicana.
Lo importante de la reforma es que la elección de los integrantes del PJ, pero más allá de la elección de jueces, es que la justicia cambie en México. Qué de aquí en adelante se empiece a hacer historia en términos de que el pueblo además de elegir a los jueces, éstos dejen de estar al servicio de las élites económicas como ha ocurrido hasta ahora. Que las cárceles dejen de ser el lugar en donde miles de pobres “viven” ahí sin que sus juicios se concluyan adecuadamente porque no poseen dinero para contratar un abogado. Que la gente humilde vea en los sistemas de aplicación de justicia un lugar al que pueden acudir con la confianza de que el dinero dejó de ser el “dios” de los jueces y magistrados.
Que, en las escuelas, lejos de ser un lugar de disciplinamiento cultural de los jóvenes para que sirvan a los magnates del dinero, ahora se preparan para servir a los pobres. Es de verdad un suplicio encontrar abogados honestos y que no se vendan en los juicios y traicionen a las personas que originalmente se comprometieron a defender. Que los despachos de abogados dejen de ser un “goteo” de dinero a favor de los abogados que traen a las personas a vuelta tras vuelta con el fin de mantenerlos sujetos a las necesidades económicas de los despachos y sus abogados. Que los juicios se resuelvan en función de la justicia y no de quien tiene un mayor poder económico.
De acuerdo al origen latín de la palabra mandato, ésta viene de mandatum que significa “orden”. Las definiciones que existen establecen dos sujetos que actúan en la lógica del significado del vocablo mandato: mandatario y mandante. En este caso, una persona, “mandatario”, se obliga a prestar o hacer alguna cosa por cuenta o encargo de otra (mandante). Traducido al lenguaje político, en este caso traducido a México, de acuerdo a los comicios del pasado dos de julio, el papel de mandante le corresponde al pueblo mexicano, en tanto que el mandatario (la persona) le tocaría a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum.
El mandante, el pueblo mexicano, mandató a la doctora Claudia para que se lleve a cabo una reforma al Poder Judicial, porque ese poder no está al servicio del pueblo sino de las élites corruptas mexicanas, incluido el crimen organizado. El mandato de que el también llamado Plan C se instrumente durante su gestión, fue respaldado por 36 millones de votos. Por lo que el aparato gubernamental se debe poner al servicio de esa tarea mandatada por el pueblo. Este último le ha conferido al gobierno de la primera mujer presidenta de México la facultad de que en adelante la justicia se ponga al servicio del pueblo.
Justicia pronta y expedita, para el pueblo mexicano.