#InvestigaciónEspecial
El Gobierno de Jalisco, entre 2019 y 2023, invirtió 126 millones 730 mil 945 pesos para adquirir distintos tipos de software que le dan la capacidad para vigilar y monitorear las actividades físicas y digitales de las y los jaliscienses. Su adquisición fue justificada para temas de seguridad y búsqueda de personas desaparecidas; sin embargo, activistas, periodistas y familias buscadoras sospechan que también han sido desplegadas para rastrear sus labores de defensa.
Esta investigación revela cómo el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, a través de 19 contratos, se ha convertido en una administración de vigilancia que pone en riesgo el derecho a defender derechos y la libertad de expresión.
Por Aitana Rodríguez, Mariana Recamier, Dalia Souza y Darwin Franco / ZonaDocs
Ilustraciones por Ivanna Orozco
Programación de base de datos por Luisa Flores
La promesa de no utilizar ningún software espía se desvaneció en el momento en que el gobierno de Enrique Alfaro hizo de los software Geomatrix y UFED, sus tecnologías de vigilancia y espionaje favoritas, pues éstas le han otorgado, por ejemplo, la posibilidad de extraer toda la información que una persona genera y recibe en su celular, así como su geolocalización en tiempo real.
Tal ha sido el uso de estas tecnologías que personas que, en Jalisco, dedican su vida a defender derechos, buscar personas desaparecidas e informar sobre malas prácticas gubernamentales sospechan que han sido víctimas de esta vigilancia, pues información que se encontraba en sus teléfonos celulares y que nunca compartieron con nadie, llegó de manera inexplicable a oídos de diversos funcionarios públicos.
A la fecha, como develaron los periodistas René Valencia y Karla Cejudo en una investigación paralela a ésta, software como UFED —tecnología de extracción y recopilación de datos de dispositivos móviles— fue empleada por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a petición de la Fiscalía de Jalisco, en 3 mil 586 ocasiones sin que en su implementación existieran órdenes judiciales de por medio.
La historia del uso de tecnologías de vigilancia en Jalisco, lamentablemente, no es nueva. En 2021, la Contraloría del Estado confirmó que durante la administración de Aristóteles Sandoval (2012-2018) con una erogación de 263 millones de pesos se adquirió el software Galileo RCS a la empresa Neolinx de México S.A. de C.V., intermediaria en el país de la empresa italiana, Hacking Team (creadora de la tecnología).
Cuando esta adquisición fue denunciada, la administración de Alfaro prometió tres cosas: 1) Prohibir a la Fiscalía de Jalisco el uso de esta tecnología, 2) Investigar para qué se usó, y castigar a quienes hayan incurrido en prácticas de espionaje, y 3) no volver a comprar este tipo de tecnologías, ya que durante su mandato: “no se espiaría, ni vigilaría a nadie”.
A la fecha, se desconoce si la Fiscalía dejó de usar Galileo RCS —software que infecta teléfonos celulares para monitorear y registrar todo lo que hace una persona en el dispositivo—, tampoco se conocen los resultados de la investigación para castigar labores de espionaje, lo único cierto es que resultó falsa la promesa de “no espiar, ni vigilar”, pues entre 2019 y 2023, el gobierno de Enrique Alfaro ha invertido 126 millones 730 mil 945 pesos para adquirir distintos tipos de software que le dan la capacidad para vigilar y monitorear, en tiempo real, tanto actividades físicas como digitales de las y los jaliscienses, de acuerdo con datos de 19 contratos públicos identificados para esta investigación en portales de compras del estado, datos públicos de la Plataforma Nacional de Transparencia y solicitudes de información a dependencias gubernamentales.
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Vigilad@s: Jalisco invierte millones en tecnologías para espiar y monitorear
