Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador,la presencia de militares en las calles se convirtió en la estrategia nacional de seguridad, esta acción implicó la reducción de presupuestos, capacitación, equipo, seguridad social, además que puso en mayor vulnerabilidad las vidas de las y los policías. Causa en Común, organización enfocada en la investigación sobre seguridad documentó que desde el 1 de diciembre de 2018 al 01 de agosto de 2024 han sido asesinados al menos 2 mil 417 policías.
Advierten que, esta política en materia de seguridad que apostó por erradicar las causas centrales de la inseguridad en el país a través de la militarización, solo ha conseguido encarecer la profesión de las corporaciones policiacas, sus vidas y ha expuesto a la ciudadanía a altos niveles de violencia.
Por Miguel Vidal / @Vidal_PMiguel
“Generalmente pensamos a las policías como si fuera un órgano aparte de la sociedad, a veces hasta como contrincantes, en buena medida por ser un brazo del Estado, pero la realidad es que forman parte de la sociedad y están expuestos a las mismas condiciones que todos” afirma Fernando Escobar Ayala, licenciado en Ciencia Política e investigador de la organización Causa en Común, en entrevista para ZonaDocs.
Causa en común publicó su informe: Las POLICÍAS en México: radiografía de un retraso crónico (2018-2024) sobre la situación de las corporaciones policiacas en México durante la administración federal de Andrés Manuel López Obrador, sus datos que reflejan las consecuencias de apostar por la militarización del país.
En 2019, a través del decreto de reforma constitucional 235, se formalizaron las operaciones de la Guardia Nacional, la cual sustituyó a la Policía Federal. Esta decisión presidencial, significó el arranque formal de las labores de militarización del país por al menos cinco años, hasta 2024.
Dentro del Plan Nacional de Paz y Seguridad se proponía la creación de la mencionada Guardia Nacional dándole énfasis a la atención principal a las causas que originan la inseguridad.
En el informe, se destaca que el abandono de los policías resulta de la inoperancia del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), de los estancamientos y recortes presupuestales, y del acelerado avance de la militarización.
Mientras que, las policías en México trabajan en condiciones cada vez más precarias, al tiempo que la violencia extrema y la criminalidad cobran arraigo en todo el país. Prueba de ello es que el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), que beneficiaba a 300 municipios, desapareció en 2021. En su lugar llegó el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP), cuyos fondos le permiten atender a una cuarta parte de los fondos que se agrupaban en el FORTASEG.
Los recortes presupuestales demuestran que esta profesión ha sido precarizada, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2020 el 43% del personal de seguridad pública municipal percibió ingresos mensuales de entre $5 mil y $10 mil pesos. Un año después, en junio de 2021, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos presentó la Propuesta de Salario Digno para Policías, donde se propuso un promedio mensual de $16 mil 668 pesos.
Causa en Común publicó, en 2019, la encuesta: “¿Qué piensa la policía?”, en donde expone las jornada laborales que las policías estaban/están obligadas a cumplir. Identificaron que predominante suele ser de 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso (34%); la segunda es la de 12×12 (18%), seguida 8×12, 12×24 y 24×48 (6% c/u respectivamente). Resalta una dinámica de acuartelamiento equivalente al 5%, donde los elementos pernoctan en las instalaciones de las corporaciones después de la jornada laboral; se encuentran a “disposición” completa y no tienen tiempo libre ni compensación económica por concepto de horas extras.
En consecuencia de las irregularidades laborales se tiene registrado que del 1 de diciembre de 2018 al 01 de agosto de 2024, se registraron al menos 413 movilizaciones de policías, entre las que se encuentran 183 paros, 165 manifestaciones y 65 emplazamientos a paro dentro de los estados del país.
Los principales motivos que les orillaron a las movilizaciones fueron los bajos salarios, falta de pago de bonos y prestaciones, condiciones de trabajo inseguras, y falta de vehículos y de equipamiento. Las respuestas de las autoridades han sido comúnmente recibir a las personas manifestantes e iniciar mesas de diálogo, donde a pesar de entablar acuerdos, los compromisos de actuar llegan a quedar estancados y los casos extremos existen amenazas de bajas y despidos.
Jalisco se encuentra en los primeros diez estados con mayor número de defunciones de policías, en el ejercicio de su labor, contabilizando 140 casos.
En ese sentido, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU 2024), posiciona a Zapopan como una de las tres ciudades que reportaron haber tenido conflictos o enfrentamientos con 60.4 % en el país. El mismo documento especifica que en junio de 2024, 74.7% de las mujeres manifestó sentir inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública y 68.3%, en el transporte público. De los hombres, 60.2% respondió sentir inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública y 55.5%, en el transporte público.
Causa en común expone que a partir de la involucración de fuerzas militares en las actividades civiles, se observa una tendencia de “desprecio” impulsada por el gobierno federal, hacia las corporaciones policiacas. Su objetivo, señala la organización, es quitar responsabilidades a los Estados, quitar autonomía en el ámbito de la seguridad e imponerse haciendo uso de las fuerzas armadas. Así lo explica Fernando Escobar investigador de la organización:
“La principal y más fuerte corporación armada disposición del presidente, la Administración ha tenido que ver con quitarle candados para que pueda disponer de las Fuerzas Armadas sin ningún tipo de contrapeso. Va a poder disponer de la Fuerza Armada permanente de manera ordinaria en asuntos de interés de seguridad pública sin que en ninguna parte de la Constitución, las leyes secundarias, ni el Legislativo, ni el judicial, ni ningún otro organismo, pueda ponerle algún freno al presidente o llamarlo a cuentas o investigar probables violaciones a los derechos humanos” finalizó.
Para Causa en común resulta de manera urgente revertir el abandono de las policías y el deterioro de la seguridad pública. Esto, a través de la designación de un presupuesto justo y digno que permita el funcionamiento institucional tanto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como de la Comisión Nacional de Seguridad Pública. Que cumpla con las responsabilidades de diseño y seguimiento de políticas nacionales homologadas para el desarrollo de policías, fiscalías y penales a la altura de los requerimientos del país.
Además, proponen la creación de un organismo nacional constitucionalmente autónomo, a cargo del desarrollo policial, enfocado en el reclutamiento, sistema de carrera, régimen disciplinario, esquemas salariales y prestaciones, entre otras funciones.
Con un enfoque en la recuperación autónoma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pues, reconocen que éste es el organismo encargado de velar por los derechos de todo el país, y en este caso, las violaciones a la profesión de las policías.
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Aquí puedes consultar el informe completo de Causa Común:
Las POLICÍAS en México: radiografía de un retraso crónico (2018-2024)
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