Amnistía Internacional México presentó el informe “Cambiando el paradigma: de la militarización de la seguridad pública a la seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos”, donde denuncia que la militarización de la seguridad pública en México ha generado graves violaciones a derechos humanos, entre ellas: desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y torturas, sin que existan responsables sancionados.
Desde 2006, la “guerra contra el narcotráfico” ha sido una estrategia que ha fallado en garantizar la seguridad ciudadana, por el contrario a sus “objetivos”, ha generado un entorno de violencia e impunidad.
El informe propone un enfoque alternativo basado en la desmilitarización progresiva, una reforma policial con perspectiva de derechos humanos y la subordinación militar al poder civil, alineándose con estándares internacionales.
Por Farah Medina / @_dtfarahm_
Imagen de portada e interiores Amnistía Internacional México.
Amnistía Internacional México, presentó el informe “Cambiando el paradigma: de la militarización de la seguridad pública a la seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos”. El documento expone la situación actual de seguridad en el país con la intervención de fuerzas armadas militares, teniendo como resultado graves violaciones a los derechos humanos de las personas.
Según advierten en su informe: “la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública incumple las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos”.
En una mesa de diálogo, conformada por Edith Olivares Ferreto, directora de la sección mexicana de Amnistía Internacional, Raymundo Ramos, Presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Carlos Zazueta y Daria Arana, investigadores, fueron presentados los resultados de esta investigación, junto a una serie de recomendaciones que apuntan hacia la protección de los derechos humanos. Uno de sus fines principales es demandar al Estado Mexicano la retirada progresiva de las fuerzas militares de las calles y su intervención en seguridad pública.
En México, desde el año 2006, durante el sexenio de Felipe Calderón, las fuerzas militares tomaron un papel activo en la intervención de seguridad en el país, esto continuó con y durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Desde entonces, Amnistía Internacional, denunció las violaciones graves a derechos humanos cometidas, evidenciando que esta estrategia ha resultado fallida en todos los mandatos, especialmente desde el año 2018, aseguró Edith Olivares, “en los últimos 6 años, la estrategia de militarización ha sido fallida, ya que el país mucho más inseguro que hace 18 años”.
Prueba de ello son las alarmantes cifras de personas desaparecidas, asesinatos, feminicidios, y ataques en contra de madres buscadoras, periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Durante el período, 2007-2024, Amnistía Internacional México contabiliza 101 mil 933 personas desaparecidas; 452 mil 254 homicidios, entre ellos 49 mil 100 mujeres, 140 periodistas y 221 personas defensoras del territorio y el medio ambiente.
Si bien, existen cifras que demuestran las consecuencias de la militarización y su intervención en la seguridad pública, Olivares precisó que existe una construcción detrás de la militarización de la seguridad, en dónde se fomenta una idea de confianza a través de acciones de ayuda de Militares, Guardia Nacional o la Secretaría de Marina, enalteciendo la idea de “Los militares son incorruptibles” a diferencia de la fuerza civil.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos han destacado la necesidad de limitar el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana, enfatizando su uso excepcional, subordinado y regulado. Sin embargo, en México la participación de las Fuerzas Armadas ha generado un entorno de violencia institucional y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Cifras, por otro lado, apuntan a que, “desde 2019 hasta 2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 4 mil 172 quejas contra la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, incluyendo casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales”, expone el informe.
Aún así, se presenta un recuento de casos, en donde el uso excesivo de la fuerza militar es resultado de violaciones de derechos humanos, personas heridas y asesinatos. Carlos Zazueta, presentó los casos de febrero, abril y mayo del año 2023, en donde la intervención militar tuvo como resultado la muerte de personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
En el mes de febrero, fuerzas militares abrieron fuego contra una camioneta en la que 7 jóvenes se encontraban, teniendo como resultado 5 fallecidos y una persona herida de gravedad, en este caso, la misma fuerza militar obstaculizó la asistencia médica de las víctimas. El 16 de abril, la Guardia Nacional disparó en contra de una familia, en donde murieron dos personas e hiriendo al resto, ante este hecho, la Guardia Nacional dijo que habría sido un error el ataque. El 18 de mayo, el ejército atacó una camioneta donde viajaban 5 hombres y los asesinó a todos.
La justificación de las fuerzas militares para el ataque contra los vehículos, se basa en “evidencia insostenible”, según versan los informes oficiales, argumentando que existió un enfrentamiento y por este motivo se hizo uso de la fuerza. Aunque esta reacción no es ajena a su labor, ya que de acuerdo con la jurisprudencia las fuerzas pueden hacer uso de sus armas si hay riesgo inminente y para proteger otra vida o la propia, en ninguno de estos casos lo ameritaba. De tal forma que se trató en los tres casos de ejecuciones extrajudiciales.
Aún no existe investigación o sentencia.
El informe también incluye casos como la masacre del 2 de octubre de 1968; el asesinato de las hermanas González Pérez en 1994, mujeres indígenas tzeltales que fueron víctimas de violación por personal militar en Chiapas; el Caso de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega en 2002, mujeres indígenas me’phaa en Guerrero, fueron violadas y torturadas por militares; el asesinato de Estudiantes del ITESM, Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado Alonso, estudiantes del Tecnológico de Monterrey, fueron asesinados por militares en un campus universitario; las ejecuciones en Tlatlaya en 2014; y el Espionaje con Pegasus, organizaciones como el Centro ProDH y defensores de derechos humanos como Raymundo Ramos Vázquez fueron espiados utilizando el software Pegasus.
Raymundo Ramos, denunció que “desde 2018 a la fecha, no hay ningún elemento de las fuerzas armadas: Marino, Militar, Guardia Nacional, sentenciado por algún acto en contra de los derechos humanos de las personas”. También expuso el error que significa dejar a las fuerzas armadas la seguridad pública, fomentando la violencia que pretenden erradicar “estamos ante un escenario de evidente fracaso en nuestro país en materia de seguridad pública a cargo de las fuerzas armadas (…) estas mismas fuerzas armadas se han convertido en generadoras de violencia”.
Además, considero que esto favorece a las fuerzas armadas sobre la búsqueda de justicia de las víctimas, “¿es la militarización de las fuerzas armadas un tema de seguridad pública o es una fachada perfecta para el enriquecimiento inmensurable de sus generales, de sus almirantes, a partir de convertirse en los verdaderos administradores de la violencia que existe en la mayor parte del territorio nacional…? ” cuestionó Ramos.
Amnistía Internacional ha planteado cuatro principios para la desmilitarización de la seguridad pública, Daria Arana, explicó que estos fueron creados a partir de documentos y herramientas de derecho internacional.
Uno de los principios es el Diseño de Estrategias Enfocadas en Derechos Humanos, para orientar la seguridad hacia la prevención de la violencia y la protección de derechos fundamentales.
Se recomienda hacer una reforma policial integral, que ordene crear una fuerza policial de carácter civil, comprometida con el respeto a los derechos humanos. El tercer principio se basa en modificar el funcionamiento de la Guardia Nacional y el último principio busca encaminar al país hacia una reforma militar.
Arana explica que debe haber una regulación de la intervención “esta regulación debe dimensionarse desde una cuestión de excepcionalidad, proporcionalidad, absoluta necesidad y con capacitación adecuada en el uso de la fuerza”. Esto significa que no se le niega el uso de las fuerzas armadas al Estado, sino que se apegue a estas regulaciones.
También se hacen recomendaciones puntuales para los poderes del Estado.
Para el poder Ejecutivo, se le pide garantizar que las fuerzas armadas no participen en seguridad pública después del año 2028. Así como reformar la Guardia Nacional para convertirla en una institución civil completamente desmilitarizada. Y para el poder legislativo, “reformar la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza para que esté efectivamente alineada con los estándares y el derecho internacional de los derechos humanos”, así como congruencia en los marcos normativos en relación a la seguridad.
Dentro de este informe se destaca la participación de la sociedad civil, las cuales han hecho propuestas para la desmilitarización del país, ejemplo de ello es la iniciativa “Seguridad Sin Guerra”, un colectivo nacional que incluye 300 organizaciones, que fue clave en la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior
“Resistencia Feminista Antimilitarista” que integra a 106 colectivas feministas que destacan el impacto diferenciado de la militarización en las mujeres.
Amnistía México ha denunciado desde hace 20 años los peligros de la militarización, Edith Olivares expresó qué, “(..)lo que requerimos es una estrategia que permita sacar a los militares de decisiones de seguridad pública y de muchas otras”. Ante la estrategia que no ha funcionado para la protección y seguridad pública.
Finalmente, Raymundo Ramos hizo un llamado a la juventud a prestar atención a la situación que se vive en el país con respecto a la militarización, con la intención de “alertarlos del México que les espera si seguimos aceptando que las fuerzas armadas estén apoderándose de la vida pública del país. Es el momento también para que ustedes jóvenes tengan éxito donde nosotros no hemos podido”.
