Tras la reciente despenalización del aborto en Jalisco especialistas del área de la medicina, la psicología, el trabajo social, la bioética y la teología, junto con la sociedad civil, a través del trabajo de las acompañantas y el periodismo se reunieron para dialogar sobre el significado del aborto legal en el estado y sus implicaciones
Convocadas por Católicas por el Derecho a Decidir y la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Jalisco coincidieron en la agenda pendiente y los retos que prevalecen dentro de las instituciones encargadas de garantizar el acceso a este derecho, desde los servicios de salud pública hasta las encargadas de proveer justicia, e incluso, las universidades e iglesias.
Una de las prioridades, consideraron, es la despenalización social, la no criminalización y la desestigmatización del aborto en toda la estructura social; a estas se unen la aplicación de la ley en su sentido más garantista, así como, la eliminación de los obstáculos y violencias institucionales que condicionan el acceso al derecho y sus servicios.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
¿Qué significa “aborto legal en Jalisco” para las médicas y el personal de salud, para las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, para las personas psicólogas, para quienes se dedican al trabajo social, para los medios de comunicación y periodistas, para las personas que cultivan una espiritualidad religiosa?
¿Qué responsabilidades, retos e implicaciones tiene para cada una de estas áreas de especialidad y sus profesionales esta nueva determinación? Estas fueron las premisas de partida que detonaron el diálogo en el encuentro convocado por Católicas por el Derecho a Decidir y la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Jalisco “¿Qué significa “aborto legal en Jalisco?”.
Martha Ruiz desde su posición como médica e integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Jalisco (Ddeser, Jalisco), afirmó que “quitar las barreras para abortar es proteger los derechos humanos y las vidas de las mujeres”. Y es que, aseguró que si bien, el acceso al aborto voluntario ya es legal en el estado, ésta sólo es “una parte del rompecabezas”.
“Qué va a pasar con los sistemas de salud y qué va a pasar con la información que se provee a la sociedad?” cuestionó la médica, quien precisó que la calidad de la atención que permita ejercer este derecho, a través de los servicios de salud pública, debe garantizar su efectividad, eficiencia, accesibilidad, aceptabilidad, además de centrarse en las necesidades de cada persona en un sentido de justicia social e imparcialidad.
Estas condiciones “mínimas” y, a su vez, máximas alcanzables, se suscriben sobre lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como un “aborto seguro”. Un aborto seguro, explicó Martha Ruiz, es aquel que se realiza con un método recomendado por la OMS, acorde a la edad gestacional del proceso de embarazo y que sea realizado con atención de personal de salud capacitado.
Por lo tanto, las instituciones jaliscienses tienen como uno de sus principales retos y responsabilidades garantizar que los abortos voluntarios prácticados dentro de sus instalaciones, no sólo se sostengan sobre la legalidad, sino que, también estos sean seguros para las personas usuarias.
Y es que, expuso que, de acuerdo con un estudio publicado por la Revista Lancet en 2017, en los países donde es legal abortar por motivos de salud física se registró un porcentaje mayor de abortos inseguros y menos seguros, lo mismo que en aquellos donde es legal abortar vía la causal salud mental. Mientras que, en los países donde no hay restricciones, “la basta mayoría de la cantidad de abortos son abortos seguros”, caso contrario a donde se prohíbe tajantemente el acceso a este derecho; en estos territorios “no se disminuye la incidencia de abortos”, como aseguran las posiciones antiderechos, sino que aumenta el impacto en la mortalidad materna, es decir, las muertes de mujeres y personas gestantes.
Frente a esta tarea, se suma las deficiencias en la regulación de la legislación a través de los manuales de procedimiento para realizar abortos seguros. Aunque en Jalisco, la Secretaría de Salud tiene su propio manual, Martha Ruiz cuestionó que aún está pendiente saber “qué sucederá con los hospitales privados”.
El acceso a los medicamentos como la mifepristona y el misoprostol, aprobados por la OMS para llevar a cabo interrupciones del embarazo bajo el régimen farmacológico, siguen siendo un asunto por resolver en el estado tras la despenalización, porque pese a que ambos forman parte del cuadro básico y el aborto es un derecho, siguen existiendo limitantes para acceder a estos tanto en farmacias particulares como dentro de las clínicas y centros de salud públicos.
En su análisis y experiencia reconoció que en Jalisco ejercer el derecho a abortar de manera voluntaria o legal “es un proceso largo y burocrático”, falta información y capacitación del personal, se carecen de protocolos o manuales institucionales para el ejercicio del derecho, existen todavía profesionales y personal médico objetor de conciencia (en instancias públicas y privadas) para quienes no hay represalias o sanciones por obstaculizar el servicio.
Desde el trabajo social, Jazmín Quesada expresó que la despenalización del aborto en Jalisco fue “un logro importante”, pero “siguen quedando muchas lagunas” que impiden el respeto a los derechos humanos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar.
Al respecto, reconoció que el estigma y los prejuicios del personal de salud, sumados a una “ley laxa” que sigue dejando a criterio del médico el procedimiento, obliga a las personas profesionales del trabajo social dentro de las instituciones públicas a vigilar el proceso.
“Las vulneraciones de derechos siguen pasando, ¿por qué?, si hay un marco normativo y protocolos…” cuestionó la trabajadora social, “porque entran los juicios personales, conservadores y patriarcales en juego. Por eso hay que seguir vigilando ese juicio médico y del personal que están interviniendo en los casos” apuntó.
Evidenció, además, que la aplicación de la Norma 046, es decir, el acceso al derecho a abortar para infancias, adolescencias o mujeres a través de la causal violación o violencia sexual, dentro de las instancias de procuración de justicia, sigue siendo un “proceso burocrático, de revictimización y de vulneración de derechos”. En estos casos, la normativa mandata el involucramiento de los Ministerios Públicos y la apertura de un proceso de investigación, especialmente para aquellas personas que llegan directamente a un hospital a solicitar la interrupción del embarazo.
No obstante, Jazmín Quesada, señaló que dentro los hospitales donde se atienden estos casos, las oficinas de trabajo social suelen obviar ofrecerle a la persona (usualmente niñas, adolescentes y mujeres) cuáles son las opciones que tienen para la protección y su restitución de derechos: interrumpir el embarazo, dar en adopción o maternar.
“La interrupción es una restitución de derechos y una protección” afirma la trabajadora social, lamentablemente, “esto no está pasando”. Por el contrario, aseguró, tras la denuncia aunque se inicia el proceso de investigación, las niñas, adolescentes y mujeres son “sacadas del núcleo familiar, las llevan a una institución donde están obligadas a maternar, porque nadie le dijo que podía abortar o dar en adopción”.
“Como trabajadoras sociales tendríamos que darle opciones, decirles que el personal de salud está obligado y les va a acompañar en la decisión que elijan” finalizó.
En tanto,la psicóloga Verónica Beltrán afirmó que hablar de la perspectiva psicológica en la interrupción del embarazo -ahora que en Jalisco es legal abortar- implica encontrarse de frente con un “proceso complejo, con información, con desinformación y con conflicto…”.
Y es que reconoció que “las condiciones restrictivas, legales, médicas y sociales respecto al aborto pueden tener un impacto considerable en la salud mental de las personas que enfrentan la necesidad de interrumpir un embarazo”. Pues, si bien, se avanza en términos legales y normativos, la cultura de la sociedad y las experiencias personales van a otro ritmo.
Los efectos que tienen las restricciones morales, sociales, médicas y legales en las personas que necesitan y deciden abortar provocan el aumento de la ansiedad, el estrés, los sentimientos de culpa y vergüenza, la desesperación y la impotencia, es decir, tienen un impacto en su bienestar.
Entre otros impactos que tienen las restricciones legales, pero también la estigmación social que prevalece sobre el aborto y el embarazo, precisó la psicóloga, se encuentran las dificultades en las relaciones interpersonales, el aumento del riesgo de traumas emocionales y físicos, esto frente a la posibilidad de la práctica de procedimientos de aborto inseguros.
“La legalización y y el acceso a abortos seguros son cruciales para proteger la salud mental, física y física de las personas que afrontan el dilema de la decisión”, por ello, la legalización y el acceso a abortos seguros son cruciales para proteger la salud mental y física de estas personas.
Pero, qué toca hacer a la psicología y la práctica profesional, Verónica Beltrán expuso que de cara a la despenalización del aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación en Jalisco, será fundamental “la formación y capacitación” de las personas profesionales de la salud mental para “abordar los aspectos emocionales, éticos y sociales que están relacionados con la salud reproductiva de las personas. Preguntarse “¿a quién conviene que las mujeres estén pariendo hijxs que no quieren?”, “¿qué implica que una mujer continúe con un embarazo producto de la violencia?” invitó a reflexionar.
“La psicología tendrá que formarse en esa perspectiva crítica”. En ese sentido, la formación sin prejuicios y estigmas, la profesionalización sobre aspectos legales, el reconocimiento sobre el derecho a la autonomía y el proyecto de vida son esenciales en esta tarea colectiva “cuando esto es legal debe haber mayor posibilidad de hablarlo y encontrarnos con esto en el consultorio, en las escuelas, observar creencias personales y cuidar nuestros juicios, observarlos y atender sin prejuicios”.
El reto moral de desestigmatizar, se suscribe, añadió Verónica Beltrán, en reconocer las implicaciones, las responsabilidades éticas de la profesión, así como “tener sensibilidad para tratar el estigma asociado al aborto”:
“Podemos preguntarnos como psicólogas y psicólogos qué puedo ofrecer para mejorar la salud y el bienestar en la situación de embarazo o aborto. Es decir, en los alcances personales, sociales, culturales y políticos ¿cuál es mi papel ahí entonces?”.
Desde la sociedad civil y las redes de acompañantas, Johana Sosa, integrante de la colectiva Marías Anticoncepción en Lagos de Moreno, expuso que en los municipios fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara hay una deficiencia en el acceso a la información “nosotras como colectivas creemos que tenemos que seguir en la clandestinidad”, mientras que, las instituciones siguen teniendo una actitud hostil que impide que colectivas y usuarias tengan confianza.
Sin embargo, frente a los retos, expresó Johana “queremos abrir brecha, para poder charlar con el Estado, decirle que aquí estamos, “te estamos observando”. Ese es ahora nuestro objetivo, conversar con las figuras de la autoridad para que brinden los servicios. Sabemos que es un reto muy grande, pero con las poquitas (batallas) que vayamos ganando las mujeres, ya es mucho”.
En esa tesitura, Yazmín Cano, psicóloga integrante de la Ddeser, reconoció que las acompañantas no sólo solventan los enormes vacíos que tiene el Estado -en beneficio del patriarcado-, sino también, son un acto colectivo de resistencia frente a la omisión: “quienes acompañamos fuimos antes acompañadas por otras mujeres y eso es un acto doble de resistencia en una sociedad que nos quiere individuales, atomizadas, solas, aisladas, no organizadas”.
Desde la bioética y la teología, Fray Julián Cruzalta, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, aseguró que “esto apenas comienza”.
Católicas por el Derecho a Decidir es una red latinoamericana que se encuentra en 10 países de la región, trabajan como un “movimiento de personas feministas católicas, comprometidas con la defensa de los derechos humanos, particularmente los vinculados a la sexualidad y reproducción humana, y a una vida libre de violencias de género y discriminación”.
En México han trabajado desde hace 30 años siendo acompañantes espirituales del aborto, desde una mirada religiosa liberadora y junto a un equipo teológico integrado por diferentes confesiones religiosas cristianas, que ofrecen una visión respetuosa para las mujeres y personas gestantes que han decidido interrumpir un embarazo.
Fray Julián Cruzalta ha dedicado una tercera parte de su vida a estar en hospitales y maternidades de toda América Latina; durante este tiempo y andar, confiesa que existe un “problema serio de formación ética y bioética con el personal de salud” en cada país que ha visitado “no sólo es Jalisco, no sólo es México, es toda América Latina”. Desde su experiencia, dentro de las universidades públicas y privadas, las facultades de medicina están marcadas por una currícula “donde no enseñan ni ética ni bioética, no llega ni a moral, porque moral es costumbre. Yo le llamo moralina, eso es lo que reciben nuestros profesionistas de la salud”.
Son estos sesgos desde la profesionalización del personal de salud, los que obstruyen el acceso al derecho a decidir y el aborto, favorecen la comisión de violaciones a derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar y obstaculizan su despenalización social.
Por estas razones, advirtió Fray Julián, “despenalizar jurídicamente el aborto es muy importante, pero no basta”.
Como estado, afirmó, “ya llegó ese paso en Jalisco, pero es apenas el inicio de una nueva etapa y una gran lucha. Ahora viene despenalizar las conciencias de la sociedad y, con ello, del personal de salud”. Médicos y médicas, personal de enfermería, trabajo social, psicología, salud mental, cada integrante de los servicios médicos públicos y privados tienen una responsabilidad fundamental.
En su análisis, estas situaciones están determinadas, además, por la deficiente regulación de la objeción de conciencia, pues si bien, en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó modificar la Ley General de Salud para que no existan huecos sobre su práctica en el quehacer profesional de cualquier persona responsable de garantizar los servicios de aborto, su no homologación en las leyes de los estados ha favorecido su abuso e uso incorrecto.
Aunado a la criminalización del aborto, esto provoca que todo el persona médico y de salud, decida abstenerse de garantizar este derecho humano de las mujeres y personas con capacidad de gestar. “Los grupos antiderechos buscan convencer al personal de salud para que se declare objetor”, bajo el argumento de “estar ejerciendo sus derechos humanos”. Sin embargo, Fray Julián alertó que se trata de una visión errónea, ya que, el derecho básico es la libertad de conciencia, y la objeción de conciencia es sólo el ejercicio de éste. “No tiene la misma categoría y ellos quieren usar la objeción como un derecho fundamental”.
“Tenemos otra larga batalla”, consideró Fray Julián: “no conocen este asunto real, tienen miedo de tener problemas con la ley. Yo lo que les digo en los cursos es “hoy van a tener problemas legales con la ley si no hacen lo que tienen que hacer”.
Explicó que, la ética ha sido confundida con los prejuicios y que bajo este pensamiento, el ejercicio de los derechos humanos, sobre los que se enmarca el derecho a decidir, se ven obstaculizados. Por lo tanto, la despenalización social del aborto lleva trabajo detrás:
“¿Cómo hacemos para que la gente vaya entendiendo? Sí, ayuda despenalizar legalmente, porque la gente dice “algo ya no es tan malo porque la autoridad lo permite”, pero no basta, no es suficiente, tenemos que llegar en este trabajo para saber cómo lo vamos a hacer”.
“La ética es un espejo, hay que ayudar a que la gente se mire cuando le pides razón. Además, el conocimiento nuevo se construye con muchas preguntas, preguntas que te hacen dudar sobre tus certezas. La gente dice: “el aborto es un pecado, es un delito” y se da por cierto, nuestro trabajo es que duden, nuestro trabajo no es ir a convencer a nadie, es que duden de sus propias certezas, hay qu hacerlas dudar. ¿Por qué está despenalizado?, ¿por qué no es un delito el aborto en Jalisco?”, exhortó.
“Eso es despenalizar las conciencias” precisó Fray Julian. Finalmente, reconoció que será un trabajo de muchos años, con organizaciones, sus grupos, universidades, funcionariado público, pues aunque se cree “falsamente que ya terminamos”, que ya está despenalizado, al menos por la vía legal, “esto está empezando y tenemos una gran labor con el personal de salud, con las y los legisladores, con la sociedad” concluyó.
Por su parte, Patricia Ortega, representante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Jalisco, llamó a cada una de estas áreas de la estructura social: ciudadanía, medios de comunicación, organizaciones y colectivas, profesionales de la salud y la medicina, personas religiosas, instituciones de justicia, así como a las instituciones educativas, a respetar las decisiones de las mujeres y personas con capacidad de gestar, a promover la sensibilidad y la información, a garantizar los servicios de aborto, a acompañar desde la solidaridad y, por supuesto, a reconoocer el marco de derechos humanos sobre los que se suscribe este derecho humano para garantizarlo.
Recordó que “ahora podemos hablar de aborto a todas aquellas personas que quieran o necesiten escucharlo”, para que se sepa que “en Jalisco es legal acceder a un aborto electivo antes de las 12 semanas”.
Finalmente, llamó a las colectivas a reconocer que su trabajo “ha sido justo y ahora es legal” y que este avance no ha sido de una sola persona o colectiva:
“FUIMOS TODAS y estamos en todos lados” aseguró.
