Entre 2018 y 2024, la Universidad de Guadalajara registró 126 denuncias por presuntos actos de hostigamiento y 325 por probables casos de acoso sexual cometidos contra estudiantes del Sistema de Educación Media Superior (SEMS).
A estos casos habría que sumarle 26 denuncias más que alumnas realizaron, a través de redes sociodigitales, como una forma de romper el silencio ante la impunidad que consideraron existió cuando denunciaron a sus profesores y compañeros de clase.
Impunidad que, adelantamos, es grave porque estos delitos fueron cometidos cuando éstas eran menores de edad.
Por Arath Rocha / @rocha.arath23, Gustavo Rojas / @xo.gustavoredd, Mario Valerio / @__elmario, Itzel Vazquez / @mar_vazr, Omar Orozco / @0mar_0rozco, Catalina Fuentes / @catalinafuentes61 y Ximena Torres / @ximenatorres9017.**
“Queremos estudiar tranquilas” ese fue el mensaje colocado en una de las cartulinas que portaban estudiantes de la Preparatoria de Tlajomulco, perteneciente al Sistema de Educación Media Superior (SEMS) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en la protesta que realizaron el 26 de septiembre de 2024, fecha en que decidieron denunciar a un profesor que había realizado diversos actos de hostigamiento sexual que, a su consideración, fueron solapados por las autoridades de la preparatoria.
Luego de las denuncias se anunció que se investigaría el caso, pero no se ofreció más información. Incluso, sobre el caso, el rector general de la UdeG, Ricardo Villanueva, solicitó a las estudiantes que, más allá de las protestas, presentaran sus denuncias formales, “pues la única manera con la que yo puedo actuar es con la denuncia formal”, precisó cuatro días después de las protestas.
Un mes después de esto, el propio Rector General escribió en sus redes sociodigitales que en la universidad habría: “Tolerancia Cero ante los casos de violencia de género”, esto en apoyo a Leticia Leal, rectora del Centro Universitario de Tlajomulco (CuTlajomulco), quien fue víctima de violencia de género y violencia vicaria por parte de su ex pareja, Nauhcatzin “N” (profesor de la UdeG), quien tras ser denunciado fue despedido como docente del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas.
La diferencia entre las alumnas de la preparatoria y la rectora de CuTlajomulco es que para la funcionaria la justicia fue pronta y expedita, mientras que para ellas la aplicación del Protocolo para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género en la Universidad de Guadalajara ha sido lenta, tal y como lo han evidenciado en su perfil de Instagram (@metoo_prepatlajo).
Esa misma sensación comparten, otras alumnas que apegadas al Protocolo, entre 2018 y 2024, denunciaron a profesores y alumnos del SEMS por presuntamente haber realizado actos de hostigamiento y acoso sexual en su contra cuando éstas eran menores de edad.
En información otorgada a través de la uinidad de transparencia de la UdeG, se reportaron un total de 451 procedimientos de denuncia: 126 por presuntos actos de hostigamiento (Ejercicio de poder que se manifiesta a través del asedio con fines o móviles lascivos o sexuales, valiéndose de la posición jerárquica derivada de las relaciones laborales, docentes o cualquier otra que implique subordinación) y 325 por probables casos de acoso (asedio con fines o móviles lascivos o sexuales, conllevando a un estado de indefensión y riesgo para la persona a la que se dirige, con independencia de que se realice en uno o varios eventos; acto que se comete entre pares).
Los planteles con más denuncias, sumando ambas violencias, en el periodo 2018-2024 fueron la Escuela Politécnica de Guadalajara (23 denuncias -17 por acoso y 6 por hostigamiento), Preparatoria 4 (21 denuncias por acoso), Preparatoria 7 (21 denuncias -20 por acoso y una por hostigamiento), Preparatorio en Lagos de Moreno (21 denuncias por acoso), Preparatoria 5 (19 denuncias -14 por acoso y 5 por hostigamiento) y la Escuela Vocacional (19 denuncias -17 por acoso y 2 por hostigamiento).
De manera directa, la Comisión de Responsabilidades y Sanciones del Consejo Universitario de Educación Media Superior, en el mismo periodo de tiempo, recibió 49 denuncias por presuntos acosos y 51 por probables actos de hostigamiento sexual.
Sobre los presuntos agresores 305 eran alumnos, 116 profesores, 4 trabajadores administrativos y una persona ajena al plantel, aunque el hecho violento ocurrió al interior de la Preparatoria Regional de El Salto.
También existieron casos, en los que una vez que se inició el proceso, la persona señalada decidió renunciar de manera voluntaria o, incluso, la investigación cesó por el fallecimiento del presunto responsable. Pero también pasó que las víctimas decidieron no continuar, sino sólo dejar el antecedente, aunque también se dio el caso que ya no se siguió el proceso porque las víctimas egresaron de la preparatoria.
En el análisis de la base de datos que nos fue proporcionada destacan como principales castigos, tanto para los presuntos agresores (alumnos y/o maestros): las amonestaciones, los apercibimientos y las suspensiones de entre 15 y 90 días.
Estas medidas, conforme al Protocolo para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género en la Universidad de Guadalajara, son de carácter cautelar; es decir, no se les considera como sanciones, pero sí como instrumentos que buscan:
“prevenir que se cometan nuevos actos de violencia y tienen como finalidad proteger a la víctima. La emisión de una medida cautelar no significa que se esté prejuzgando sobre una conducta que aún no ha sido investigada. La medida cautelar pone al centro a la víctima y por tanto, deben ser inmediatas, razonables y acorde a la situación de riesgo de la víctima”.
Además para garantizar esto, el Protocolo también establece que quienes pasen por este proceso: “deberán atender a las medidas reeducativas dentro del programa de reeducación que realice la Unidad Para la Igualdad”.
De todo el universo de denuncias, la UdeG sólo notificó la existencia de 9 despidos y 5 renuncias voluntarias; una de éstas ocurrió, en 2022, en esa ocasión el profesor del Módulo de El Chante, señalado por cometer presuntos actos de hostigamiento sexual, decidió renunciar cuando fue notificado que el Ministerio Público se haría cargo del caso.
Como se señaló, el énfasis está en las medidas cautelares en tanto se investiga cada caso para determinar si existe o no conducta sancionable; esto, a decir de colectivas feministas al interior de las diversas preparatorias no es suficiente, pues “sólo se les dice a alumnos y profes que lo que hicieron está mal y que, por favor, no vuelva a suceder”.
Las otras denuncias: romper el silencio en redes sociodigitales
Por considerar que no se les atendió como deberían o porque no creían que a través de un proceso interno podrían obtener justicia, muchas alumnas pertenecientes a alguno de los planteles del SEMS de la UdeG decidieron que sus perfiles en Facebook, Instagram o TikTok serían los mejores canales para evidenciar que fueron víctimas de acoso u hostigamiento sexual dentro de sus preparatorias.
En el mismo periodo de tiempo en que analizamos los casos presentados mediante la figura de “Primeros contactos”o a través de la Comisión de Responsabilidades y Sanciones del Consejo Universitario de Educación Media Superior, realizamos un rastreo de aquellas denuncias que cobraron visibilidad mediática (e, inclusive, periodística) luego de ser denunciados en redes sociodigitales.
En total, fueron 26 denuncias virtuales las que fueron presentadas por alumnas o ex alumnas del SEMS, cada una de ellas fue verificada para garantizar que sí se trataban de casos reales. Incluso 11 de éstas, a la par de hacerse virtualmente, también siguieron lo marcado por el Protocolo.
De estas 26 denuncias, 24 señalan a maestros de haber realizado actos de hostigamiento sexual contra ellas, mismos que iniciaron -según relatan las estudiantes- con conductas incómodas frente al grupo (el cambiar de lugar para quedar frente al profesor, bromas inapropiadas sobre su forma de vestir o sobre su cuerpo), mismas que después se convirtieron en tocamientos e insinuaciones verbales sugerentes.
Las otras dos denuncias fueron contra un prefecto de la Prepa Regional de Tlajomulco y un administrativo de la Preparatoria Vocacional.
En las propias narrativas que las estudiantes colocaron en Facebook, Instagram o TikTok describieron que si ellas se oponían o decían algo estos maestros les amenazaba con: “reprobarlas en sus materias o en las de profesores amigos”.
Luego de la descripción del hostigamiento sufrido, señalaron que, en todos los casos, denunciaron esto ante otros maestros y/o maestras, así como con personal administrativo (perfectos, coordinadores) de sus respectivas preparatorias; sin embargo, no pasó nada, pues éstos les insistieron en que, quizá: “ellas estaban malinterpretando el sentido del humor o la personalidad juguetona del maestro”, así que mejor les recomendaron “no seguir con el proceso para que salieran perjudicadas”.
Lo peor de todo, señaló una de las alumnas (hoy ya egresada), que como no hay castigo el hostigamiento sexual continúo: “a mí el profesor me siguió mandando recados con sus amigas…”, pues aunque lo bloqueó de todas sus redes sociales, el maestro se las arregló para seguirla acosando por mucho tiempo más.
Quienes más utilizaron las redes sociodigitales para hacer estas denuncias fueron las alumnas de la Preparatoria 3 y la Preparatoria 13, ambas con cinco casos distintos denunciados virtualmente.
En el registro oficial de denuncias presentadas y que nos fue otorgado por la UdeG, la Preparatoria 3 sólo tiene cuatro denuncias de posibles actos de hostigamiento sexual; en tanto, que la Preparatoria 13 tiene únicamente dos.
La valiente acción de Lucy
“El prefecto se nos asignó como profesor, a pesar de que este ya tenía varias denuncias por hostigamiento y desde el primer día llegó a nuestro grupo con una actitud arrogante”, así narra Lucy -como nos pidió llamarla para salvaguardar su integridad- la experiencia de hostigamiento que vivió cuando fue alumna de la Preparatorio 3 del SEMS de la UdeG.
Y los actos de este prefecto-profesor continuaron, lo cual llevó a Lucy y otros compañeros a buscar ayuda con el fin de denunciarle. Dentro de la preparatoria comenzaron a juntar testimonios con el fin de visibilizar la manera incorrecta en que esta persona se relaciona tanto con alumnas como alumnos, pero cuando su acción comenzó a tomar fuerza, una profesora los buscó para decirles: “Chicos el semestre estaba por terminar y nadie les va a hacer caso”, esto hizo que varios de sus compañeros decidieran no seguir más con la denuncia.
Pero Lucy no lo dejó así; así que decidió ir a la Comisión de Responsabilidades y Sanciones del Consejo Universitario de Educación Media Superior (esto gracias al Secretario de la preparatoria, le recomendó hacerlo); ahí Lucy pasó con la psicóloga, la cual le dijo que “el prefecto ya tenía varias denuncias”, pero que éstas quedaron estancadas; sin embargo, “iban a tratar de que en este caso no fuera así”.
Al paso de dos semanas, Lucy no recibió respuesta de su denuncia, pero ya comenzaba a tener problemas en la escuela: ¿la razón? Varios profesores se habían enterado de la denuncia, lo cual contraviene el Protocolo que señala que nadie fuera “los Primeros Contactos, los integrantes de las Comisiones de Responsabilidades y Sanciones, así como la Unidad para la Igualdad (UPI) y la Oficina de la Abogacía General (OAG), tendría que tener acceso a la información derivada de un proceso de denuncia”; en su caso esto no fue así, razón por la que la psicóloga de la Preparatoria 3 la mandó a llamar para decirle que: “no tenía que hacer esto más grande, pues esos no son modos de solucionar las cosas”.
Cuando esto pasó Lucy se contactó para preguntar cómo es que iba su caso, pero en el SEMS, sólo le dijeron que “estuviera tranquila”.
Al final, Lucy egresó de la Preparatoria 3 y su caso quedó sin respuesta, ya que después supo que lo mandaron a “la comisión de sanciones”, y que quien llevaba ahora el caso no podía ver si estaba en pausa o no porque “no pertenecía a esa comisión”. El prefecto denunciado aún se encuentra activo en dicha preparatoria, pues su nombre aparece en la nómina del personal docente de dicho plantel.
La apuesta está en la aplicación de medidas cautelares
Para atender toda denuncia por presuntos casos de hostigamiento y acoso sexual, así como violencias físicas, psicológicas o digitales, se creó y aprobó en 2021, el Protocolo para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género en la Universidad de Guadalajara, y cuyo principal objetivo es:
Establecer medidas específicas para prevenir conductas de violencia de género en inmuebles, ámbitos y actividades universitarias, así como promover una cultura institucional de igualdad de género y prevención de la violencia de género.
Actualmente, una de las encargadas de promover y aplicar este protocolo al interior de la UdeG es Érika Adriana Loyo Beristáin, quien es la jefa de la “Unidad para la Igualdad”, instancia que se creó con la entrada de la Rectoría General de Ricardo Villanueva.
Nuestro acercamiento con la funcionaria universitaria fue para que nos explicara de primera mano cómo funciona el Protocolo, pero también para señalar cuáles podrían ser algunas de las fallas que tiene su aplicación.
El Protocolo, explica Loyo Beristáin, está dividido en tres niveles: en el primer nivel se ofrece orientación a la víctima y se le responden sus dudas; en el segundo nivel, se da la atención al problema, aquí la o el denunciante llena un formato donde se registra tipo de violencia, las condiciones de lugar, tiempo y forma de la situación y las medidas cautelares que se aplicaran durante el proceso; finalmente, en el tercer nivel es donde puede darse la presentación de una denuncia formal, a esto último sólo se procede si la víctima autoriza mediante su firma en el formato antes mencionado, el cual será llevado a la Comisión de Responsabilidades y Sanciones del Consejo Universitario de Educación Media Superior o de Educación Superior, según sea el caso.
Las sanciones a estos casos dependen de la gravedad de la denuncia y pueden ir desde un apercibimiento, una suspensión temporal, que el agresor reciba una “medida reeducativa” (la cual son 16 sesiones para que cambie su manera de actuar) y llegar hasta la separación total del agresor.
Al respecto, Loyo Beristáin menciona: “cuando tenemos casos donde están involucrados menores de edad estamos obligados a dar conocimiento de los hechos al ministerio público para que ellos sigan sus pertinentes investigaciones”, así el ministerio puede proceder con base al Artículo 176- Bis del Código Penal del Estado Jalisco, el que se menciona que quien cometa el delito de hostigamiento sexual contra una o un menor de edad se le podría imponer de 2 a 4 años de prisión. En la base de datos, otorgada, sólo hay constancia de que esto pasó sólo una vez.
Pero mucho antes de llegar a una instancia legal, explica Érika Loyo que muchas veces lo que pasa es que las víctimas lo que desean es dejar un antecedente de lo que pasó:
“Las víctimas, a veces, prefieren que lo manden a una medida reeducativa, que hablen con él o que les pida una disculpa… razón por la cual esta medida cautelar ha tenido éxito sobre la denuncia formal”, precisa la funcionaria
Además agrega que esto no significa que haya impunidad, pues: “Son muy poquitos los casos que no proceden por falta de pruebas….Muy poquitos, es decir, casi todos llegan a una sanción”, misma que como vimos en el análisis de las denuncias presentadas se quedan más en las medidas cautelares que, por ejemplo, en la separación definitiva de los presuntos agresores de sus cargos.
“Lo que pasa es que existe esta idea… este mito de que las denuncias no proceden, pero yo les digo que las denuncias no terminan siendo formalizadas, ya que hay acuerdos previos que son solicitados por las víctimas”.
También Loyo Beristáin aseguró que aunque no hayan pruebas contundentes, eso no significa que no pueda haber sanción, pues lo que se busca más que un sistema punitivo es uno en el que se pueda reeducar a las personas que cometen dichas faltas, aunque aclaró que esto no significa que se solapen a quienes transgreden los límites señalados en el Protocolo.
Justicia: lo único que quieren las víctimas.
El Protocolo parece ser esta luz que las víctimas buscan para poder tener la justicia que necesitan cuando han tenido que padecer violencia de género dentro de la Universidad de Guadalajara, pero ¿esto es así realmente?
Patricia Ortega Medellín, es profesora de la UdeG, además es integrante del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), órgano que se encarga de la evaluación y diagnóstico de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (DDSER), nuestro acercamiento con ella es para saber qué dificulta la aplicación de un protocolo que busca eliminar toda violencia de género en la Universidad de Guadalajara.
De primera instancia, la experta señala que aunque el Protocolo es bueno, su aplicación ha sido lenta e, incluso, tediosa… lo que provoca que las víctimas se desilusionan y abandonan el proceso:
“Otra razón por la cual este protocolo tiene sus deficiencias es gracias a los “amiguismos” que encontramos dentro de la universidad, amiguismos que hacen que el proceso se vea lento y no se accione de inmediato, como se supone debería ser”.
Una deficiencia que ella ve es que se centre todo en las medidas cautelares, pues lejos de cuestionar al posible agresor o hacerlo entrar en razón para que el mismo se cuestione, solamente recibe una pequeña llamada de atención; mientras que a la víctima se le trata de persuadir diciéndole que eso es suficiente y que no volverá a pasar: “Al tener un proceso que no actúa de inmediato… tenemos la posibilidad de darle al agresor tiempo de una segunda reacción”.
De esta manera, para la representante de DDESER, el Protocolo está lejos de contener y alejar al agresor a través de un proceso de justicia… se le involucra y, con ello, se activan los sistemas de compadrazgos que existen en la UdeG, lo que genera que al momento de llegar la denuncia, la que se supone debería ser la autoridad, no tenga ganas de llamar la atención.
O peor aún, explica Ortega Medellín, en los casos de hostigamiento sexual de docente a alumna: “se asume que fue una situación que ambos decidieron, pues se considera que las alumnas son conscientes y dan consentimiento a este tipo de situaciones”.
Para la experta, es importante no olvidar que dentro de la UdeG existe una jerarquía de puestos, donde el docente (respecto a la alumna o alumno) tiene un margen de credibilidad, lo que propicia el descrédito de las denuncias que se llegan a presentar.
De ahí que sugiera que se tendría que acompañar el Protocolo de pláticas o talleres para generar empoderamientos femeninos que se opongan a estas figuras de poder masculino que falsamente buscan romances, pero a la par debe darse todo un proceso de nuevas masculinidades para que los hombres (maestros y alumnos) deconstruyan la manera en que buscan relacionarse con las mujeres: “ellos necesitan hacerse cargo de sus actos para dejar de culpar de alguna u otro forma a la víctima por alzar la voz contra ellos”.
“Es cierto que, a veces, es más complicado decidirse a denunciar, precisamente, porque lo que recibes no solamente es la acción de la persona que te recibe la denuncia, sino también el mal manejo de esto, de que todo mundo se entera en ese nivel de la jerarquía… otros maestros, maestras, la administración, el director, etcètera, pero también tus compañeros y compañeras y, en una cultura patriarcal, la que se tiene que quedar en silencio es la mujer, porque además se le atribuye una responsabilidad de lo que está pasando”
Después del grán tormento que es para la víctima soportar el hostigamiento sexual, explica la experta, viene otro aún más grande: la denuncia. La víctima, al momento de hacer la denuncia, tiene que aguantar una bomba de comentarios los cuales son un constante: “tú también tienes la culpa, porque accediste a hacer lo que él decía”, lo cual lleva a la víctima a hacer pública su denuncia cuando ésta egresa para así evitarse estos comentarios.
“La primera batalla es con nosotras mismas, luego con esas dos o tres personas…y luego, con una institución violenta”, puntualiza.
Finalmente, sobre las sanciones Patricia Ortega señala que no resultan suficientes, pues las jerarquías de poder y encubrimiento permanecen, ya que de acuerdo a su experiencia es ahí donde se impide la aplicación de castigos justos para las faltas cometidas.
Para ejemplo, el caso de un profesor el cual fue separado de su cargo por tres meses, pero al este ser integrante del Sindicato se fue suspendido con goce de sueldo y en su regreso exclamó “No pues bien, me fui tres meses de vacaciones gracias a las pendejadas de las alumnas”.
Otro testimonio que nos confirma esta idea patriarcal es la que tuvimos de otra exalumna de la Preparatoria 3, quien nos contó que la sentaban al frente cuando usaba falda o la hacían cerrar la puerta del salón para así poder verla mejor, incluso, hubo un caso en específico donde un profesor la abrazaba y le llegó a pedir que fuera “su novia”. Todo esto, pese a denunciarlo, quedó impune.
Los casos de hostigamiento y acoso sexual en la UdeG son más normales de lo que deberían, y el problema no está, como precisa Patricia Orteta, en que el Protocolo vigente sea malo, pues no lo es, el problema -como denuncian las víctimas y colectivas- está en que su aplicación no parece estar de su lado: “lo que queremos es justicia, pues las disculpas o que cambien nuestros agresores no basta”, como señalan las alumnas de la preparatoria de Tlajomulco que aún siguen a la espera de una resolución favorable a sus denuncias.
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Base de datos de denuncias de probables casos de acoso y hostigamiento sexual en SEMS UdeG.
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Estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Pública de la Universidad de Guadalajara, trabajo elaborado en el marco de la asignatura “Investigación Periodística a cargo de Darwin Franco.
