Diversas organizaciones de la sociedad civil, periodistas, personas de la academia y activistas manifestaron su preocupación ante la reciente aprobación en comisiones del Senado de las reformas a las leyes de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.
Estas modificaciones, derivadas de la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en noviembre pasado, han sido calificadas como un retroceso en materia de apertura gubernamental y rendición de cuentas.
Su llamado es al Pleno del Senado y al Congreso de la Unión a que establezcan “un ejercicio de parlamento abierto, que permitan robustecer el proceso de deliberación legislativa”.
Texto por Miguel Vidal / @Vidal_PMiguel (IG)
“(…) reprobamos que su aprobación no haya incluido mecanismos de participación y se haya realizado de manera apresurada, por lo que hacemos un llamado a ambas cámaras del Congreso de la Unión para que establezcan un ejercicio efectivo de parlamento abierto que permita robustecer el proceso de deliberación legislativa a partir de los estándares más amplios de protección a los derechos humanos”, así lo externaron más de una centena de organizaciones, personas periodistas, defensoras de derechos humanos, activistas y académicas de México y otros países de la región a través de un comunicado conjunto el pasado 2 de marzo.
Las reformas buscan reestructurar el Sistema Nacional de Transparencia, trasladando sus funciones a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y a un nuevo organismo denominado “Transparencia para el pueblo”. Sin embargo, personas expertas advierten que este cambio compromete la independencia de los mecanismos de acceso a la información, al quedar bajo el control del Poder Ejecutivo, lo que podría limitar la deliberación y la pluralidad de opiniones.
Con ello, alertan que estas decisiones que traerán consigo la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), suponen la eliminación de una instancia especializada en la defensa del derecho ciudadano a la información. Su impacto más visible es el surgimiento de mayores obstáculos burocráticos para acceder a datos de interés público.
Entre las preocupaciones principales, destaca el aumento de las causales para reservar información, restringiendo el acceso a datos sobre expedientes judiciales, megaproyectos gubernamentales y sistemas de telecomunicaciones.
La restricción de la facultad para determinar preliminarmente la existencia de violaciones graves a derechos humanos o actos de corrupción. Esta medida podría significar un obstáculo en casos donde la información reservada sea clave para procesos de justicia y reparación. Además, se teme que la ciudadanía enfrente procesos judiciales costosos y prolongados para acceder a información que antes estaba disponible de manera más accesible.
Por lo anterior, las organizaciones han solicitado al Pleno del Senado y al Congreso de la Unión la implementación de un ejercicio de parlamento abierto que garantice un debate más amplio y la protección efectiva de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Consideran que una discusión apresurada y sin la inclusión de actores de la sociedad civil, puede derivar en una legislación que limite derechos fundamentales en lugar de fortalecerlos.
A pesar de los aspectos positivos, como la reafirmación del principio de máxima publicidad y el mantenimiento de ciertas obligaciones de transparencia, consideran que estas reformas representan un obstáculo para el ejercicio de la vigilancia ciudadana y el combate a la corrupción en México. Sin un ente autónomo que actúe como árbitro imparcial en materia de acceso a la información, las decisiones sobre la divulgación de datos quedarán en manos de instancias gubernamentales, lo que genera dudas sobre la imparcialidad del proceso.
Entre las recomendaciones que hacen para robustecer el proceso del análisis legislativo se encuentran:
1) mantener el principio de máxima publicidad en la legislación secundaria tal como se encuentra contemplado actualmente;
2) dar continuidad al conjunto de las obligaciones vigentes y su respectivo mecanismo de denuncia, así como fortalecer las obligaciones temáticas por sujeto obligado, como las que están a cargo del fuero militar y las que están vinculadas con tareas civiles;
3) garantizar como parte de las funciones de la nueva entidad la realización de la prueba de daño, la prueba de interés público, la facultad prima facie y la definitividad de sus resoluciones;
4) establecer mecanismos para que las instituciones a nivel federal y estatal con la facultad competente puedan presentar controversias y acciones de control constitucional ante acciones que vulneren los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, de modo que se brinden garantías de protección a la ciudadanía;
5) ampliar la facultad de inconformidad no sólo a los asuntos relativos a recursos federales sino a la revisión de todas las resoluciones de las autoridades responsables locales que confirmen o modifiquen la clasificación o negativas de información;
6) definir el papel de las autoridades garantes en este nuevo esquema sobre la Plataforma Nacional de Transparencia y que el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública establezca lineamientos claros sobre el funcionamiento de la plataforma, así como medidas para el mantenimiento, protección y actualización continua de la misma, incluyendo los criterios y obligaciones de integralidad en la migración de la PNT; y
7) fortalecer las capacidades de las personas titulares de datos personales en el acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los mismos por parte de sujetos obligados y particulares, asociadas también a su protección dada la incorporación de las tecnologías en distintos campos y funciones.
“En la medida que las discusiones sean más abiertas, plurales y de la mano del pueblo, se construye legitimidad y confianza ciudadana”, concluyeron.
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Consulta el comunicado completo en el siguiente enlace:
https://articulo19.org/sociedad-civil-rechaza-la-aprobacion-en-comisiones-del-parlamento-abierto/
