Manos Libres
Por Francisco Macías / @pacommedina (X) / @FranciscoMacias (TG)
En el contexto del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la década de los años noventa, muchas de sus comunidades optaron por fortalecer sus capacidades para defender su dignidad a través de talleres que los acercaron a eso que llamamos los derechos humanos, pero sobre todo en la necesidad de defenderse a ellos y su territorio.
Su contexto les hizo entender rápidamente que la única vía era caminar juntos en la autonomía y buscar la cooperación, así como la solidaridad internacional, ya que en el exterior del país podían encontrar personas con una mayor escucha, reflexión y acción.
Otro de los aspectos fue la utilización de los derechos humanos como una herramienta de defensa, para lo cual utilizaban los medios de comunicación que tenían a la mano para poder comunicar la gravedad de lo que ocurría.
El fax era una de las maneras de entonces para llamar a diversas “acciones urgentes”, en las que se denunciaban violaciones a los derechos y se denunciaba la gravedad de la situación.
Las respuestas de organizaciones de la sociedad civil eran inmediatas para pronunciarse y en muchas de las ocasiones generaron actos concretos de organismos internacionales, desde Amnistía Internacional, el Parlamento Europeo o incluso la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los cuales propiciaban la presencia neutral de actores públicos o intervenciones a desgano de la autoridad local o federal.
También en muchos casos la autoridad realizaba acciones de represión: se realizaban cateos ilegales para identificar a los “redactores o asesores”, se confiscaban los aparatos e incluso se llegó a expulsar del país a actores importantes que lo único que hacían era asumir el papel de defensor de la comunidad. También se detuvo, tortura y acusó injustamente por delitos a muchos de ellos.
En todos los casos, las comunidades de nueva cuenta se regeneraban, resistían y retomaban el camino porque sabían que este era largo.
Este ejemplo nos puede servir de referencia para identificar que a lo largo de la historia el Estado Mexicano ha tenido un papel contradictorio en asumir los derechos humanos en serio, ya que tenemos incontables tratadistas e incluso expertos que en su momento hasta fungieron como jueces en tribunales internacionales, pero al mismo tiempo en el país, se rechazaban pedimentos en agencias del Ministerio Público, juzgados locales y federales, incluso se sentaban precedentes en donde se privilegiaba la tan mencionada “soberanía” del país sobre el derecho construido en el exterior que propugnaba la dignidad de las personas.
Se realizaban detenciones arbitrarias, torturas, se censuraron medios de comunicación y se llevaron a cabo masacres cometidas por agentes del Estado o con su permisividad.
Las movilizaciones de mujeres, de colectivas de desaparecidos, de pueblos originarios, de sobrevivientes de la guerra sucia y paradójicamente de algunos partidos políticos que alegaron fraude electoral, son los que poco a poco comenzaron a proporcionar información a organismos internacionales y regionales de derechos humanos.
Con los cambios a nivel internacional, la propagación de una economía global muy decantada hacia valores y libertades del occidente, nuestro país tuvo que hacer más. Entonces vinieron las reformas y las comisiones públicas de protección a los derechos humanos -éstas últimas actualmente en una crisis autoprovocada por los poderes partidistas- así como la instalación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, la cual ha sido testigo de la progresividad de la movilización y defensa de estos.
En las distintas transiciones y regresiones a la democracia que ha tenido México, la coincidencia ha sido en avanzar en la ratificación de diversos instrumentos internacionales pero no así en cumplir con las determinaciones de diversos comités de la ONU o sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aunque se citen en las aulas, discursos, seminarios y conferencias, su permanencia como derecho vivo se encuentra en la exigencia realizada por OSCS, comunidades y profesionistas que a punta de esfuerzos han hecho avanzar a nivel interno su permanencia.
El reciente pronunciamiento el 4 de abril del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), sobre la activación de un procedimiento urgente con respecto a la situación de México, solo confirma la reiteración de múltiples denuncias e información sobre la gravedad de la desaparición forzada en nuestro país.
Centrar el debate sobre si los casos son generalizados (lo cual ya se ha demostrados en varios de ellos) o sistemáticos, aunque sumamente importante, está condicionada a un análisis técnico por lo que debería verse como una oportunidad:
Oportunidad para reconocer históricamente las omisiones, abrir la justicia transicional para conocer lo que pasó para que no vuelva a ocurrir, reconstruir la agenda de procuración y de administración de justicia para dotarla de un rostro que favorezca la reparación colectiva de las sobrevivientes, dotar de presupuestos suficientes para buscar, localizar y propiciar la compasión que se les ha negado a miles de personas.
Atreverse a reestructurar lo que no tenga como línea la justicia, verdad, reparación y no repetición.
El desafío tiene más profundidad en los gobiernos como el de Jalisco, el cual proviene de una raíz de una visión localista, represiva y nugatoria de cualquier estándar externo relacionado con los derechos de las mujeres, derechos humanos o de justicia y verdad, que no pase por una narrativa política que ha reforzado la impunidad, la indignidad y el ataque a quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos.
Aunque en su momento se hayan ofrecido mecanismos “diversos” de diálogo, al final sus resultados no garantizaron un proceso justo para las familias y sus realidades.
Como en aquellas comunidades de los años noventa, hoy las distintas colectivas de madres buscadoras en cada búsqueda, remoción de tierra y localización de restos de personas, han fortalecido su resistencia y autonomía que ha detonado la determinación del CED, a ellas se los debemos.
Los distintos intereses para mantener el poder buscarán imponerse sobre una ruta de superación de la indignidad, lo cual confirma la importantísima existencia de los organismos internacionales y el derecho de los derechos humanos, para que sus determinaciones amplíen la mirada y la justicia que se les ha negado.
Es momento de resistir y reconstruir, de informarnos y de promover, de apropiarnos y ejercer nuestros derechos, como lo hacen las defensoras, colectivas e instituciones que han decidido sumarse en este camino.
Como lo hicieron las comunidades que nos antecedieron y que entendieron que los derechos no son narrativas, son sentires y poderes para que continúe la vida.
