“Sueños cancelados” es el informe que da cuenta del retroceso y el recrudecimiento de las condiciones que enfrenta la población en movilidad humana que se encuentra en la frontera entre Estados Unidos y México, tras la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense.
Casas del migrante, redes de personas defensoras y grupos de investigación académica y especialistas construyeron este material de referencia que documenta los impactos que han tenido las políticas migratorias recién implementadas por el gobierno estadounidense en las vidas de las personas migrantes retornadas y varadas en México. Entre sus hallazgos principales, revelan “el inicio de un ‘flujo de retorno’ por la imposibilidad de acceder a protección internacional”, además de los efectos directos que ha tenido el “congelamiento de la ayuda externa” a las casas del migrante en México.
De forma colectiva han hecho un llamado a ambos países para que lleven a cabo “cambios urgentes” que garanticen la seguridad y protejan la vida de las personas en condiciones de movilidad y con necesidades de protección internacional.
Por Redacción ZonaDocs / @ZonaDocs
Fotografía de portada Informe Sueños cancelados: Primeros impactos de la administración Trump en la migración.
Contrarias al desarrollo de un “sistema migratorio más humano y eficiente”, las políticas implementadas durante las primeras cinco semanas de la administración de Donald Trump en Estados Unidos, han demostrado “crueldad” y la “violación sistemática de los derechos humanos” de las personas en situación de movilidad humana y con necesidades de protección internacional, así lo evidenció el informe Sueños cancelados: Primeros impactos de la administración Trump en la migración.
El documento se construyó con el trabajo coordinado de organizaciones de la frontera de México-Estados Unidos y casas del migrante en México, entre las que se encuentran Migración Global del Instituto Fronterizo Esperanza – Hope Border Institute, la Red Pedro Pantoja de Casas y Centros de Derechos Humanos de Migrantes de la Zona Norte (Red Pedro Pantoja), Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), el Servicio Jesuita a Refugiados México (JRS MX), la Iniciativa Kino para la Frontera, la Casa del Migrante Saltillo, el Centro de Atención al Migrante Exodus (CAME) y el Centro para Migrantes Jesús Torres 24/7.
Integra los testimonios de 51 personas migrantes originarias de México, Honduras, Venezuela, Guatemala, Colombia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Brasil, Perú, Haití, Costa Rica e India. Las entrevistas se realizaron en tres estados de la frontera norte: Chihuahua, Coahuila y Sonora, así como de uno de la frontera sur: Chiapas, durante enero y marzo de 2025.
Sus voces expresan los impactos humanos que han tenido las políticas migratorias implementadas durante las primeras cinco semanas de la llegada del presidente Donald Trump al gobierno estadounidense.
El informe presenta la sistematización, análisis y comparativa de las principales modificaciones a las diversas políticas dictadas durante las administraciones estadounidenses de Joe Biden y Donald Trump, así como de Andres Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum en México.
La mayoría de estas decisiones, señala el informe, han estado “orientadas a negar el acceso al asilo en los límites de Estados Unidos con México, militarizar la frontera y expandir significativamente el número de detenciones/deportaciones”, a través de una “narrativa xenófoba y discriminatoria” que se desprende del discurso oficial del mandatario.
Entre ellas se encuentran: la deshabilitación de la aplicación CBP One, que permitía a las personas migrantes acceder a los servicios proporcionados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP); el inicio de las deportaciones a México de personas detenidas en el interior de Estados Unidos sin importar las condiciones de riesgo a las que se enfrentan las personas retornadas y varadas en México y el congelamiento de la ayuda externa para las casas del migrante en México.
De esta forma, Estados Unidos ha negado el acceso al asilo (incluyendo a personas mexicanas) y, con ello, el respeto al debido proceso y la protección contra el retorno de las personas a lugares donde puedan enfrentar persecución o daños, expresa el documento, mientras que, México “ha continuado su operación de control migratorio”.
Los hallazgos
Se estima que cerca de 30 mil 000 personas que habían agendado citas a través de la aplicación CBP One y más de 270 mil 000 que se encontraban registradas hasta la mitad del mes de febrero de 2025 “se quedaron varadas en México”. La decisión fue tomada el 20 de enero, luego de que Donald Trump tomara posesión del cargo. Su orden fue cancelar la aplicación CBP One y, con ello, revocar todas las citas ya concedidas.
En cuanto a la denegación del acceso al derecho al asilo en la frontera, incluída a la población mexicana, el informe recupera el caso de Enrique, persona originaria de Sinaloa, -uno de los estados que han sido fuertemente arrollados por la violencia-, quien no tuvo más que regresar a su país pese a que su vida corre riesgo.
De acuerdo con su testimonio “llegó hasta la frontera de México con Estados Unidos con la intención de solicitar asilo, más al llegar al puerto de entrada en Nogales, Arizona, los agentes de la Oficina de Operaciones de Campo (OFO, por sus siglas en inglés) le indicaron que “no había más asilo” y que volviera a México a preguntar a los oficiales de migración mexicanos”.
Como consecuencia también de la deshabilitación de la aplicación CBP One, las casas del migrante que participaron en la creación del informe “Sueños Cancelados”, documentaron el incremento de las solicitudes de refugio en México. Tal fue el caso de la Iniciativa Kino para la Frontera quienes durante este periodo acompañaron los procesos de seis solicitudes de asilo durante las primeras semanas de la administración de Donald Trump, “cuando en años anteriores habían procesado un máximo de veinte en todo el año” advierten en el documento.
Por su parte, en Ciudad Juárez, el Servicio Jesuita a Refugiados sólo en el mes de enero procesó 21 solicitudes, comparadas con las 9 que procesaron en todo el 2024.
Según lo referido por las organizaciones, entre 2021 y 2024, la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR) “recibió solicitudes de asilo de 468 mil 205 personas”, sobre 2025, aún no se tienen cifras actualizadas.
Esta situación preocupa a las organizaciones, puesto que, la diversificación de las nacionalidades de las personas en movilidad varada “son distintas a las que generalmente se observaban en tránsito por el país”. Ejemplo de ellas son la población originaria de Brasil e India, así como “nuevos perfiles” de personas provenientes de África, Asia, Medio Oriente, América Central, América del Sur y El Caribe.
“Los desafíos que estas poblaciones varadas y retornadas enfrentan versan sobre temas de movilidad, seguridad, protección, acceso al asilo, integración y empleabilidad” expone el informe.
A la par, manifestaron que se encuentran expuestas a “situaciones de violencia o hechos delictivos”, ya sea dentro de sus comunidades de origen o en aquellas que transitan dentro del territorio mexicano; “delitos como el robo, secuestro, extorsión, corrupción generalizada y lesiones son reportados de manera recurrente en los testimonios que la población ha brindado, cometidos por autoridades, crimen organizado, delincuencia común y empleadores”.
Las medidas urgentes
Pese a la realidad que muestra el reciente informe, afirmó Jesús de la Torre, Director Asociado para Migración Global del Instituto Fronterizo Esperanza – Hope Border Institute “a medida que la rueda del dolor se gira contra las personas en nuestras fronteras y en nuestro país, también lo hace la perseverancia de las personas migrantes en búsqueda de seguridad y vidas dignas para sus familias”.
Así, el informe presenta una serie de recomendaciones urgentes para Estados Unidos, México, organizaciones internacionales y actores religiosos como la Iglesia católica.
Para el gobierno de Estados Unidos, especialmente para quienes conforman la administración de Donald Trump, llaman “descongelar los fondos de ayuda internacional destinados en los presupuestos antes de su llegada a la Casa Blanca”, ya que como lo evidencia el informe, la suspensión de estos recursos ha mermado el quehacer de los trabajos ayuda humanitaria para las organizaciones.
Aunado a ello, solicitan “cesar en la utilización de acuerdos con países en Latinoamérica para deportar a nacionales de un tercer país a veces sin el debido proceso o protecciones humanitarias”.
En tanto, al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), llaman a “publicar la política por la cual están llevando a cabo deportaciones de nacionales de un tercer país a México y cuáles son las condiciones de monitoreo de miedo creíble y de protección humanitaria antes de estas deportaciones”.
Igualmente, exigen al Congreso de Estados Unidos que garantice “la provisión de ayuda internacional para organizaciones y casas del migrante en el próximo proceso de negociación del presupuesto, apoyando a las personas en movilidad retornadas a México y otros países, así como trabajando en las causas raíz de la migración”. Además, llaman a “crear una comisión para monitorear la implementación de la Ley de Refugio de 1980 para garantizar el acceso al asilo en la frontera con México, especialmente tras el fin de CBP One y las nuevas suspensiones de entrada y acceso al asilo”.
Finalmente, a las embajadas y consulados en Estados Unidos, les requieren expandir el trabajo de monitoreo dentro de los centros de detención, con el objetivo de “garantizar la protección de los derechos de sus connacionales”. Asimismo, piden que lleguen a “acuerdos con otros países para proveer asistencia conjunta a nacionales de otros países”.
Al gobierno de México, de manera puntual para el Senado, demandan que se retome el análisis y la aprobación expedita de la la cual, denuncian se encuentra congelada desde el año 2020.
Además, solicitan que, junto al Gobierno Federal, se facilite “la canalización de fondos a organismos multilaterales de protección humanitaria de personas en movilidad ante la disminución de apoyo financiero internacional”, como resultado del congelamiento de la ayuda internacional de Estados Unidos.
A la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), demandan que considere como “razón justificada para la admisión de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado” a aquellas personas que estaban registradas o contaban con una cita de la aplicación CBP One y no les fue posible continuar con el proceso debido a su cierre. Piden que esto sea así porque se trata de “una causa ajena a su voluntad” y les deja en estado de indefensión.
También, demandan a la Cámara de Diputados de México, al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Oficina de la Presidenta Sheinbaum, que apliquen el amparo en revisión 388/22 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el fin de que se facilite el trabajo de las organizaciones humanitarias que atienden a las personas migrantes en México. A la par. piden que se publiquen los protocolos de recepción de personas extranjeras retornadas desde Estados Unidos hacia México en el Diario Oficial de la Federación.
De la misma forma, exhortan al INM y a la COMAR que emitan “la documentación adecuada de protección humanitaria y permisos de trabajo a las que las personas tienen derecho” para “facilitar la integración” y “la regularización de sus estatus”.
Por último, llaman a todas las autoridades competentes a “garantizar que las personas mexicanas retornadas puedan regresar a sus comunidades de origen con las condiciones mínimas de seguridad, o bien ser reubicadas fuera de la zona de riesgo que originó su desplazamiento forzado”.
En lo que respecta a la actuación de las organizaciones internacionales, han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que active medidas cautelares inmediatas para evitar la violación del principio de no devolución desde Estados Unidos. Para ello han considerado necesario que se inicie “una misión de verificación del acceso a la protección internacional en la frontera de Estados Unidos con México”.
Y a la Organización Internacional para las Migraciones llaman a expandir sus mecanismos de protección para las personas que han solicitado retornos voluntarios a sus países, verificando si la persona ha enfrentado riesgos o persecución.
Considerando que las instituciones religiosas han sido un elemento primordial en la atención y acompañamiento de estas poblaciones, las casas del migrante y redes de defensa han llamado puntualmente a la iglesia católica a:
- Continuar con el apoyo de recursos humanos y visitas frecuentes por parte de los Obispos, responsables de la Pastoral de Movilidad y sacerdotes a las casas del migrante y organizaciones que brindan servicios esenciales para las personas en movilidad atrapadas y retornadas a México.
- Fomentar una respuesta humanitaria sólida y sinodal con las personas migrantes y retornadas, a través de la Pastoral de Movilidad Humana de México.
- Coordinar acciones entre la Conferencia Episcopal de México y de Estados Unidos, así como con otras conferencias en las Américas, para levantar una sola voz en defensa de los derechos humanos de las personas migrantes.
- Promover una colecta nacional durante la Jornada Mundial de las Personas Migrantes y Refugiadas en beneficio de las Casas y Centros de atención a migrantes.
La promesa de las organizaciones que trabajan por la defensa de sus derechos humanos es que seguirán haciendo “lo imposible para acompañar y pedir justicia” para esta población que mantiene múltiples necesidades y vulnerabilidades resultado de políticas migratorias crueles e inhumanas.
“En tiempos de flujos migratorios históricos debidos a diversos motivos, como guerras, hambrunas, cambio climático, etc., lo que más debemos hacer es abrir nuestros corazones para ocuparnos de la vida y la dignidad de quienes se encuentran en esas circunstancias críticas con empatía y compasión, recordándonos a nosotros mismos que, tal y como están las cosas en el mundo hoy, podríamos enfrentarnos a lo mismo en un futuro próximo”, manifestó en la presentación pública del informe Victor Flores, Gestor de Casos de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) y del International Refugee Assistance Project.
