La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de Jalisco la creación de una Fiscalía Especializada contra la Tortura, como respuesta a la inacción estatal frente a una práctica sistemática y generalizada de tortura cometida principalmente por autoridades. Ante este avance, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) advierte que el dictamen actual debe modificarse para garantizar su funcionamiento efectivo y autónomo, así como para asegurar justicia y reparación a las víctimas.
Entre las observaciones hechas por CEPAD se encuentran la armonización legislativa, la asignación presupuestal y la inclusión de víctimas de tortura, sociedad civil y personas expertas en el proceso de elección de la titularidad de esta nueva Fiscalía.
Por Karen García / @karen_gdlt
Ilustración: OMCT
En Jalisco, la tortura no sólo es una práctica recurrente por parte de elementos de seguridad y justicia, sino que se extiende a centros de salud mental, anexos contra adiciones, sitios donde se ofrecen“terapias de conversión” y estancias de tránsito migratorio. Casos emblemáticos como la represión a grupos altermundistas el 28 de mayo de 2004, las protestas por Giovanni López en junio de 2020 y las recientes agresiones del 17 de mayo de 2025 en el Parque Rojo lo confirman.
Denisse Montiel, codirectora de CEPAD, explica que la nueva Fiscalía tiene como objetivo investigar cualquier acto que pueda constituir tortura o delitos contemplados en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura.
“Da oportunidad de que las víctimas de estos delitos puedan acceder a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño”, señala.
Aunque en 2018 se creó una Unidad Especializada para estos fines, esta no cuenta con autonomía operativa ni presupuestal, pues depende estructuralmente de la Fiscalía de Derechos Humanos. “El reto ha sido comprender por qué, si ya existe una instancia que esté investigando, por qué la necesidad de que exista esta Fiscalía”, comenta Denisse.
Ante un amparo promovido por la Defensoría Pública Federal, se obligó al Congreso local a cumplir con la sentencia. No obstante, CEPAD insiste en que debe garantizarse la independencia de esta Fiscalía, ya que las principales responsables de actos de tortura son las propias autoridades públicas.
“Justo en estos meses ha habido un avance, pasos importantes por parte del Congreso para materializar esta obligación y en ese sentido, ha sido presentado un dictamen mediante el cual se realiza la reforma a la constitución para crear la Fiscalía”, explica Denisse, pero advierte que aún falta por incorporar tres puntos clave.
El primero es la armonización legislativa. Aunque la Ley General tipifica la tortura, el Código Penal de Jalisco mantiene una versión inconstitucional del delito:“Desde años atrás, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había declarado inconstitucional este delito, sin embargo, no se ha derogado del Código Penal”, aclara la codirectora del CEPAD. Esto permite que los casos sean juzgados como “abuso de autoridad”, lo que conlleva penas menores y perpetúa la impunidad, tal y como pasó con los pocos funcionarios públicos castigados por los hechos de 4,5 y 6 de junio de 2020.
El segundo punto es la participación ciudadana en la designación de la persona titular de la Fiscalía. “Creemos que es un derecho el poder participar en este tipo de procesos”, afirma Denisse, citando experiencias previas como la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición.
En cuanto al presupuesto, el dictamen aprobado prevé recursos hasta 2026, lo cual, advierte CEPAD, limitaría desde el inicio la operatividad de la institución. “El tema del presupuesto para nosotras es fundamental, ya que una institución tiene que nacer con presupuesto”, expresa Denisse.
Agrega, además, que esto permitiría contratar más personal y cambiar de sede, ya que actualmente, la Dirección de Investigación se encuentra a espaldas de la Fiscalía del Estado, lugar donde muchas víctimas han sido torturadas.
La codirectora de CEPAD también reconoció apertura de diputadas y diputados para dialogar sobre estos temas. Confía en que la modificación del dictamen se vote en la primera sesión ordinaria, para cumplir con las víctimas y con el acceso a la justicia.
Finalmente, Denisse subraya la importancia de eliminar prejuicios sociales sobre la tortura. “Hace falta mucha sensibilización también por parte de la sociedad, de quitarnos estos prejuicios de que solamente los delincuentes son torturados para ser liberados, cuando no”, advierte.
Más del 50% de las personas privadas de la libertad han sido torturadas para autoinculparse de delitos que no cometieron.
