El 17 y 18 de junio, el Estado mexicano comparece ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en Ginebra, Suiza, en un contexto marcado por la exigencia de organizaciones de la sociedad civil para que se atiendan las recomendaciones del informe sombra enviado al Comité.
Este documento, elaborado por colectivas que acompañan a mujeres y población LGBTIQ+ en movilidad humana, denuncia el impacto de la política migratoria mexicana en tres ejes fundamentales: salud sexual y reproductiva, trabajo digno y libre tránsito.
Por Ana Paula Carbonell/@AnaPauCarbonel1
En México, las mujeres migrantes y personas LGBTIQ+ enfrentan afectaciones diferenciadas y agravadas por su condición de género, etnia, discapacidad o situación laboral, especialmente, quienes son indígenas, afrodescendientes, jornaleras agrícolas o parte de la diversidad sexogenérica; así lo expone el Informe Alternativo sobre la Situación de las Mujeres en contextos de movilidad humana, elaborado por el Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, A.C. (CECIG), Las Vanders, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) y la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración (RMMSyM).
El documento elaborado, en el marco de la comparecencia del Estado mexicano ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), precisa que la situación que enfrentan las mujeres y las disidencias sólo acentúa la violencia que, lamentablemente, ya padecían, pues -en su mayoría- muchas provienen de contextos violentos. Adversidad que no concluye en México, pues al ingresar al país enfrentan a condiciones igualmente adversas: violencia institucional, discriminación múltiple y barreras para acceder a la justicia y a una vida libre de violencia.
Según el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), entre 2018 y 2024, la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes abrió más de 10 mil investigaciones. Nin una sola fue adjudicada. Además, la situación se complica para las personas migrantes que viven instancias de racismo, abuso o hipersexualización, por el miedo a que denunciar signifique las deporten, o que su caso quede impune.
También se señala en el informe que persisten barreras para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, como la pobreza menstrual, que se agrava por obstáculos económicos, lingüísticos y falta de insumos básicos, afectando especialmente a mujeres haitianas y a quienes desconocen sus derechos. Además, la falta de acceso a servicios de aborto legal y atención médica adecuada perpetúa la vulnerabilidad de estas poblaciones.
En el ámbito laboral, las jornaleras migrantes viven una doble exclusión por ser migrantes y por su condición de trabajadoras agrícolas. A pesar de su papel esencial en la cadena alimentaria, muchas carecen de seguridad social, reciben salarios precarios y enfrentan condiciones laborales que impiden el ejercicio de sus derechos reproductivos y de cuidado. Las políticas laborales actuales no garantizan protección ni acceso a cuidados dignos para ellas y sus familias.
El endurecimiento de los controles migratorios, la militarización de las rutas y la presencia del crimen organizado han generado un entorno de alta vulnerabilidad para las personas que transitan. México mantiene la detención migratoria como práctica generalizada, contraviniendo resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establecen límites a estas detenciones y prohíben revisiones migratorias arbitrarias.
Entre 2019 y 2024, tres de cada diez personas detenidas por razones migratorias fueron mujeres, y cuatro de cada diez solicitudes de asilo corresponden a mujeres, según datos de la Secretaría de Gobernación.
Recomendaciones urgentes al Estado mexicano
Las organizaciones llaman a que el Comité CEDAW incluya en sus recomendaciones medidas como:
- Eliminar la detención migratoria y adecuar la Ley de Migración conforme a lo establecido por la Suprema Corte.
- Mejorar la recolección de datos con enfoque de género y diversidad.
- Instalar una mesa interinstitucional para diseñar políticas de migración y asilo con perspectiva de género.
- Ampliar las vías de migración regular y facilitar la regularización con procesos accesibles y no discriminatorios.
- Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud sexual y reproductiva, gestión menstrual y aborto legal.
- Establecer políticas laborales que protejan a trabajadoras agrícolas y faciliten el acceso a cuidados dignos.
Un Estado reprobado en derechos humanos
La comparecencia de México ante CEDAW ocurre con un saldo preocupante: cerca del 70% de las 209 recomendaciones emitidas por el Comité desde 1998 no han sido cumplidas satisfactoriamente. El Comité ha señalado la falta de datos desagregados sobre víctimas de violencia y la ausencia de resultados tangibles en las medidas implementadas. Además, persiste la preocupación por la falta de autonomía de las instituciones encargadas de vigilar y garantizar los derechos de las mujeres.
Migrar es un derecho humano, y garantizarlo debería ser prioridad para el Estado mexicano. En el comunicado emitido por el IMUMI, se exige una política migratoria con enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad. Tienen que tomar en cuenta la realidad de las mujeres y otros grupos vulnerables que transitan el país. Las omisiones e inacciones del Estado perpetúan la vulnerabilidad, y la urgencia de atender las recomendaciones es ineludible.
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Puedes consultar el informe completo aquí.
