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Después de siete años, México comparece nuevamente ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer para presentar avances al respecto. Sin embargo, organizaciones feministas señalan evasiones, omisión de datos y falta de medidas de impacto real
Por Laura Buconi / Pie de Página
“A pesar de que el Estado afirmó que los feminicidios han disminuido, las cifras oficiales cuentan otra historia: en los últimos seis años, no se ha logrado una disminución efectiva. En promedio, cada día son asesinadas diez mujeres en México. De estos crímenes, solo el 25% se investigan como feminicidio, y en estados como Guerrero o Guanajuato, esta cifra es menor al 10%. Negar la gravedad de la violencia feminicida no la erradica: la invisibiliza y revictimiza a quienes han perdido la vida y a sus familias”, señalan el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”.
Los días 17 y 18 de junio, el Estado mexicano compareció ante la CEDAW, en Ginebra, para ser evaluado. El Comité señaló la falta de datos estadísticos claros y actualizados, y expresó su “profunda preocupación” por la falta de evidencia verificable sobre los “avances históricos en materia de igualdad” presentados por la delegación oficial de la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández.
Organizaciones feministas expresan su preocupación ante el desmantelamiento de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), que pone en riesgo la continuidad del mecanismo de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y viola el principio de progresividad en materia de derechos humanos.
FEMINICIDIOS Y DESAPARICIONES A LA ALZA
Además de los datos alarmantes sobre feminicidios, organizaciones feministas señalan que el Gobierno Federal, a través del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, informa que, a la fecha, registra un total de 29 mil 509 mujeres desaparecidas y no localizadas.
“México no cuenta con información desagregada ni con un sistema de datos; existe falta de perspectiva interseccional en los datos: las estadísticas no cuentan con un desglose en el que se considere información sobre si la víctima pertenece a una comunidad indígena, habla una lengua materna o cuenta con alguna capacidad diversa. Hay una ausencia de información sociodemográfica de las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de feminicidio, desaparición, violencia sexual, violencia familiar o matrimonio forzado”, alerta el informe sombra a la CEDAW redactado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.
Las organizaciones alertan también sobre la falta de características desagregadas de las víctimas, como condición indígena, estatus migratorio, datos sociodemográficos o estatus legal en los casos de feminicidio, en las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Además, advierten que el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) no está actualizado de manera periódica y, por ende, no permite conocer la situación de la violencia contra las mujeres. El número de órdenes de protección otorgadas por los estados no corresponde con el número de hechos de violencia denunciados. “Mantener los datos actualizados es fundamental para conocer la situación de violencia que viven las mujeres y para la adecuada generación de políticas públicas de prevención de delitos”, recomiendan las organizaciones.
El OCNF y la Red TDT también señalan que en los últimos años incrementaron los ataques con ácido y sustancias corrosivas para dañar a las mujeres, que la ONU describió como “una forma devastadora de violencia de género”. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, en 12 años, al menos 3,354 mujeres han sido ingresadas al hospital luego de sufrir quemaduras por sustancias corrosivas; en la mayoría de los casos, los agresores son hombres.
María Luz Estrada, del OCNF, destaca:
“Es erróneo decir que disminuye el feminicidio cuando estamos luchando para que no sea clasificado como homicidio o suicidio. La lucha que seguimos carece de personal experto en medicina, química, genética, forense, psicología y criminalística, lo cual genera investigaciones sin rigor técnico y científico”.
EL ABORTO SIGUE SIENDO UN DELITO A NIVEL FEDERAL
“La SCJN, en la resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 267/2023, ordenó al Congreso de la Unión derogar los artículos del Código Penal Federal (CPF) que penalizan el aborto consentido. Sin embargo, hasta la última reforma publicada (7/06/2024), los artículos 329-334 siguen vigentes, por lo que la despenalización efectiva a nivel federal está pendiente. En al menos ocho entidades, el aborto sigue siendo un delito”, advierte el informe sombra del OCNF y la Red TDT.
Aunque en 2020 se expidió la Ley de Amnistía, en octubre de 2024 se registraron diez solicitudes de amnistía por delito de aborto, de las cuales únicamente procedió una.
Entre enero y marzo de 2025, se han iniciado 218 carpetas de investigación por aborto; el 70% de ellas en estados donde el Código Penal ya fue modificado y se supone que el aborto está despenalizado de forma parcial. “Hay un acceso bajísimo a la justicia para las personas que decidimos abortar”, señalan las organizaciones.
A pesar del aumento presupuestal al IMSS-Bienestar, no hay evidencia de que esta institución haya incorporado de forma oficial los servicios de interrupción legal del embarazo (ILE), y hasta mayo de 2024, la ILE no aparece explícitamente en su cartera de servicios.
A nivel nacional, se vive un desabasto de herramientas básicas, como medicamentos para abortar. “No podemos hablar de la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, ni de un aborto legal, seguro y gratuito, si hay escasez de medicamentos como SoProstolin y Prenatal”, señalan las organizaciones.
OPACIDAD ESTATAL SOBRE TRATA DE MENORES Y EXPLOTACIÓN SEXUAL
Según cifras de la CNDH sustentadas por instituciones como el INEGI, UNICEF y el DIF, se presume que en el país cerca de 20 mil niños y niñas son sometidos a delitos como explotación sexual. Instituciones como la SECTUR afirman que el total de víctimas se estima entre 50 mil y 500 mil; sin embargo, el número de carpetas de investigación en el fuero común, según el SESNSP de 2017 a 2024, fue de tan solo 5 mil 271.
“Se carece de presupuesto para implementar el Programa Nacional en materia de Trata de Personas. Aún no se ha convocado a la sociedad civil y a la academia para el diseño del nuevo Programa”, alertan el OCNF y la Red TDT.
“Existe opacidad en la información pública de resultados debido a que los informes anuales publicados corresponden a 2018-2020. A pesar de que existe un Sistema Nacional de Información sobre Trata de Personas (SINTRA) y que las autoridades han sido capacitadas para su utilización, esto no ha redundado en mayor transparencia. La Comisión Intersecretarial trabajó en la reforma de la Ley General en un mecanismo de consulta con académicos, organizaciones y autoridades, pero dichas reformas no han sido enviadas al Poder Legislativo”, señalan.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia (CCSJ) ha detectado que el trabajo forzado es la segunda modalidad con mayor frecuencia en trata, con 25% de incidencia. El primer lugar lo ocupa la trata con fines de explotación sexual, con 51.3% de los casos.
El informe señala que en el estado de Guerrero, las prácticas de matrimonios forzados y venta de niñas menores a adultos mayores todavía están arraigadas en la sociedad.
En México solo existen 13 refugios, albergues y casas de medio camino que brindan asistencia a víctimas sobrevivientes de trata de personas en la República Mexicana; de estos, cinco dependen de fiscalías y ocho están a cargo de organizaciones de la sociedad civil. Se trata de un número insuficiente para la demanda en las diversas regiones del país, por lo que las organizaciones recomiendan ampliar su cobertura a nivel nacional.
¿REALMENTE ES “TIEMPO DE MUJERES”?
Las organizaciones exigen medidas concretas y urgentes, como la reinstalación de la CONAVIM o la creación de un órgano de igual capacidad; programas de fortalecimiento y procesos de capacitación efectivos para las fiscalías; creación de un Protocolo Único Nacional para investigar muertes violentas; análisis de riesgo con enfoque de género e interseccionalidad; implementación de medidas de seguridad para las defensoras; acceso efectivo y sin criminalización al aborto legal; protección, asistencia y fortalecimiento del presupuesto para atención a víctimas de trata; y recursos suficientes para los refugios existentes y la implementación de nuevas estructuras.
“Si realmente es tiempo de mujeres, es tiempo de dejar de violar los derechos de las mujeres”, concluye María Luz Estrada.
El gobierno mexicano responderá el informe durante el mes de julio.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de Territorial Alianza de Medios. Aquí puedes consultar su publicación.
