Manos Libres
Por Francisco Macías Medina /@pacommedina (X) /@FranciscoMacias (TG)
En más de una década los procesos legislativos han sido sólo desembocadura, en otros casos contención de amplias demandas y en muy pocos, ruta de superación de todo aquello que niega la dignidad de las personas.
La ley sigue siendo importante porque presupone la existencia de un derecho que propone soluciones justas (Villoro Toranzo) y en temporada de exigencia de derechos, implica deberes para el Estado que recuperan poderes, saberes y potencialidades de grupos y personas para realmente reconocer, reestructurar, redirigir, crear entornos de cumplimiento y sobre todo resultados diferentes.
En el caso de las graves dinámicas generalizadas de la desaparición de personas y con base en el suceso reciente que documentó la existencia de un centro de exterminio en el Rancho Izaguirre, ¿cómo debería de ser un proceso legislativo que se considere justo y de respuesta clara?
Si tomamos en cuenta las múltiples demandas de las distintas colectivas para realizar un proceso de parlamento abierto, la exigencia es evitar que el proceso de elaboración de una ley sea construido con una agenda ajena a sus necesidades, que sus debates sean técnicos, pero impregnados profundamente de todas aquellas familias y mujeres buscadoras que transitan una y otra vez por la realidad del horror, que sus conceptos obedezcan a lo que debería ser para ellas, más que a directrices de actores o poderes partidistas, porque en realidad lo que se busca es abrir la posibilidad de un entendimiento colectivo para impulsar otros resultados.
En los pronunciamientos de las colectivas se dice con claridad:
“La Ley General en materia de desaparición de personas nació como producto de la apertura de las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión, se dio sin prisas, con responsabilidad, profesionalismo, trabajo técnico y empatía a nuestro dolor. La reforma a la ley se debe de dar en los mismos términos y no como resultado de los caprichos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación” (24 de junio 2025)
La aprobación con prisa de la reforma legislativa reflejaría la carencia de espacio para un proceso justo, la utilización de la ley para concentrar una visión limitada de la autoridad y provocaría una crisis en el futuro inmediato del cumplimiento de sus obligaciones en esta grave situación.
Generaría tensiones innecesarias en un país que se mueve en episodios de autoritarismo el cual puede tener un efecto inmediato en la condición de los derechos de las familias que buscan a sus seres queridos y en la forma en que se interrelacionan, ya que por motivos eminentemente políticos se impulsa un escenario de división que profundizaría aún más las dinámicas de horror.
Ganarían los que buscan imponer una sola visión en la intervención del problema y que históricamente ignoran la evidencia, los que se muestran ávidos de una “democracia” con fuerza y los que viven de las violencias, así como del horror.
De ninguna manera la reforma por más novedosa que sea favorece una ruta de superación, al contrario, vuelve a dar muestra que los actores políticos sean los del poder mayoritario o de la oposición, utilizan los espacios legislativos como objeto del eterno consumo de una lucha partidista, limitadísima ante lo que requiere el país.
Urge un movimiento de intermediación para que los distintos actores se reconozcan como parte del problema y de la verdad, redefinan lo importante y transiten a lo que el país requiere de forma extraordinaria, con inclusión de soluciones perfectibles, dignas de ensayarse y no de las perfectas que los mismos actores impiden.
Es un delicado momento, pero no detendrá el camino de las colectivas conformadas por familiares de desaparecidos y de todos aquellos actores sociales como organizaciones, universidades, personas, periodistas e iglesias, que han preferido colocar como ruta las necesidades de búsqueda y localización de ellas como alternativa ante el dolor que sufre el país.
Ante la cerrazón de los intereses partidistas y del poder, siempre queda el camino de la solidaridad, la autonomía y la esperanza, como una forma evidente de desvelar la verdad de quienes detentan el poder la cual ya no podrán detener, por más elecciones, pronunciamientos, ruedas de prensa o reformas a marcos legales que realicen.
