A pesar de su prohibición en diversos marcos legales, los ECOSIG —esfuerzos para corregir la orientación sexual o identidad de género— siguen ocurriendo en México en contextos clandestinos y con impunidad. En el conversatorio organizado por CEPAD, moderado por Frida Hernandez, contó con la participación de personas expertas como Denisse Montiel, Tania Rocha y Rodolfo Bañuelos analizaron las violencias físicas, psicológicas y simbólicas que implican estas prácticas, su vinculación con grupos religiosos y la omisión del Estado en garantizar justicia.
El diálogo subrayó la urgencia de transformar no solo la legislación, sino también las prácticas culturales y sociales que legitiman estas formas de tortura, así como de fortalecer espacios informativos, afirmativos y seguros para la diversidad sexual.
Por Vanessa Briseño / @nevervb (IG)
En el marco del conversatorio “Diálogo abierto por la diversidad: ¿Cómo actuamos frente a los ECOSIG?”, organizado por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), se reunieron Denisse Montiel, codirectora y coordinadora del eje temático de Tortura del CEPAD; Tania Rocha, profesora e investigadora en psicología por la UNAM; y Rodolfo Bañuelos, investigador Académico de ECOSIG desde hace 10 años y Coordinador Estatal de Proyectos en la Dirección de Diversidad Sexual Jalisco.
Moderado por Frida Hernández, integrante de CEPAD, el diálogo tuvo como objetivo analizar las implicaciones de los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), que continúan realizándose en México a pesar de ser prácticas que vulneran derechos humanos.
Durante el diálogo, Denisse Montiel, explicó que los ECOSIG —mal llamadas “terapias de conversión”— constituyen una forma de tortura que se ejerce en contra de personas de la diversidad sexual bajo la idea errónea de que su orientación o identidad deben ser corregidas.
Detalló que estas prácticas ocurren, en su mayoría, en contextos clandestinos y sin supervisión, muchas veces con el conocimiento o consentimiento de autoridades, lo que implica responsabilidad del Estado. Subrayó que, aunque México cuenta con legislación avanzada en materia de tortura, persisten deficiencias estructurales, como la falta de fiscalías especializadas y de políticas públicas enfocadas en prevenir y erradicar estas violencias.
Señaló que los ECOSIG incluyen actos como encierros forzados, humillaciones, descargas eléctricas, privación de alimentos, violencia sexual y golpizas, todo con el objetivo de anular la identidad de las víctimas. A pesar de su prohibición en instrumentos internacionales y su tipificación como delito en varios estados, estas prácticas siguen ocurriendo.
Informó que de 2018 a 2024 se registraron 76 carpetas de investigación por tortura contra personas LGBTIQ+, pero no es posible determinar cuántas están relacionadas con ECOSIG. Recalcó la necesidad de contar con registros desagregados, informes diagnósticos y campañas públicas que visibilicen y prevengan estas violencias.
Respecto a Jalisco, Denisse expuso que aunque se tipificaron los ECOSIG en 2022, no se han abierto investigaciones. Mencionó el caso de Verónica Fonseca, desaparecida y localizada en un centro de conversión, como muestra de la gravedad del problema. También evidenció la falta de acción del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, que debería inspeccionar estos espacios. Así mismo, Denisse mencionó la urgencia de diseñar estrategias específicas para prevenir, sancionar y reparar estos actos, ya que la impunidad actual envía el mensaje de que los ECOSIG pueden seguir ocurriendo sin consecuencia alguna.
Por su parte, Tania Rocha subrayó que los ECOSIG niegan la existencia y dignidad de las personas, al promover la idea de que su orientación sexual o identidad de género debe corregirse. Esto, explicó, tiene consecuencias graves en la salud mental y física de quienes los padecen, incluyendo depresión, ansiedad, ideación e intentos suicidas, así como afectaciones físicas derivadas de actos de tortura.
Aunque México ha avanzado en la legislación que penaliza estas prácticas, Tania enfatizó que no todos los estados han hecho reformas en la materia, lo que deja a muchas personas sin protección legal. Además, recordó que México ocupa el segundo lugar en crímenes de odio hacia personas LGBTIQ+ en América Latina, incluso en ciudades consideradas “gay friendly”.
Tania compartió hallazgos de una investigación nacional coordinada por ella en conjunto con The Trevor Project, enfocada en la salud mental de adolescencias y juventudes LGBTIQ+ en México. Más del 50 % de las personas encuestadas declaró haber pensado en el suicidio el año previo a la encuesta. A pesar de haber recibido atención psicológica, muchas no la encontraron útil, debido a la falta de sensibilidad y preparación del personal de salud mental ante sus necesidades.
Las personas trans, especialmente adolescentes y hombres trans, reportaron con mayor frecuencia que los procesos de terapia no les sirvieron. También destacó que en la atención psicológica persisten sesgos racistas y clasistas, y recordó que la identidad u orientación no constituyen un trastorno, sino que son los contextos de violencia los que deterioran la salud mental de estas poblaciones.
Así mismo, Tania remarcó que la penalización de los ECOSIG no basta si no va acompañada de una transformación cultural. Señaló que incluso dentro de la misma comunidad LGBTIQ+ pueden reproducirse prejuicios dañinos. Puso énfasis en la necesidad de formar a profesionales de la salud mental y a las familias, ya que muchas veces estas prácticas provienen del entorno familiar con la intención de “proteger”.
Consecuentemente, Rodolfo Bañuelos, presentó los hallazgos de dos investigaciones etnográficas en las que documentó cómo grupos religiosos, particularmente católicos y cristianos, operaban supuestas “terapias de conversión” con recursos públicos. Uno de los casos más relevantes fue el de la organización “Pura Latino”, financiada por la Secretaría de Desarrollo Social durante el gobierno panista en Jalisco.
A través de observación participante, registró discursos violatorios de derechos humanos y prácticas degradantes dirigidas principalmente a hombres gays, entre ellas, el uso de electrochoques. Rodolfo aclaró que usa el término “terapia de conversión” no para validarlo, sino porque así es conocido por quienes las promueven, lo que permite alertar a la población sobre su existencia y peligros.
También explicó que en 2022 se aprobó en Jalisco una ley que pretendía sancionar estas prácticas, pero se basó en un proyecto legislativo anterior mal redactado y que únicamente impuso sanciones administrativas. Según esta reforma, una persona que practique ECOSIG a un adulto puede pagar una multa de 30 mil pesos, y si se trata de un menor de edad, la sanción asciende a 50 mil pesos. “Lo que se permitió fue establecer una cuota o una licencia para torturar personas de la diversidad sexual”, afirmó.
Además, la ley no contempla a líderes religiosos, pese a que son quienes más aparecen en los testimonios. Señaló que una de las grandes omisiones tanto en la ley estatal como en otras iniciativas del país es que no existen mecanismos claros de acceso a la justicia ni protección para las personas sobrevivientes. En casos como el de Verónica, quien fue víctima de una intervención de este tipo, no hay condiciones para garantizar que no vuelva a ser sometida a otra experiencia similar, ni siquiera en su propio lugar de residencia.
Rodolfo insistió en que a pesar de los avances normativos en algunos estados, la clandestinidad y la falta de seguimiento institucional permiten que las prácticas continúen. Igualmente, acentuó la importancia de la corresponsabilidad en la defensa de derechos humanos y advirtió que ninguna persona ha sido sancionada penalmente en México por aplicar ECOSIG, a pesar de que hay carpetas abiertas, como en Ciudad de México.
En el cierre del diálogo, Tania mencionó la importancia de promover espacios informativos y afirmativos frente al auge de discursos conservadores que patologizan la diversidad sexual e invisibilizan la influencia del contexto sociocultural. Señaló que prácticas como los ECOSIG carecen de sustento científico y, por el contrario, tienen un carácter iatrogénico, es decir, generan daño.
Reiteró que apoyar a personas LGBT+ desde una perspectiva afirmativa implica reconocer su dignidad, generar espacios seguros y promover el respeto. Concluyó con una pregunta para la audiencia: “¿Puedo asumirme como una persona segura para alguien más?”, invitando a la autorreflexión sobre la responsabilidad individual.
Por su parte, Denisse recomendó materiales clave para profundizar en el tema, como “Nada que curar”, una guía para profesionales de salud mental, y el libro “La violencia del enderezamiento”, de Rodolfo Bañuelos. Remarcó la necesidad de exigir al Estado políticas públicas eficaces de prevención, atención y reparación integral para personas sobrevivientes de ECOSIG. Finalizó insistiendo en que los avances legislativos no han sido suficientes ni se han traducido en acciones concretas, por lo que llamó a seguir visibilizando las omisiones institucionales.
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