“No son madres jóvenes, son víctimas de violencia sexual”: Ddeser Jalisco

Tras la publicación de la lista “Los 30 nacimientos registrados durante 2024 con las madres más jóvenes y edad del padre conocida”, Ddser Jalisco evidenció los casos en el estado jalisciense, lo que causó rabia e indignación ante la gran diferencia de edad que existe, muestra de la violencia sexual y la derpotección que existe para niñas y adolesecentes. 

Asimismo, se pronunciaron ante la ineficacia por parte de las instituciones de educación, salud y por parte del Estado ante la violencia sexual infantil , el brindar información y acceso al derecho de interrumpir el embarazo y la falta de acceso a la educación sexual integral.

Por Karen García / @karen_gdlt

Hace unos días la fotógrafa e influencer Ashley Frangie publicó en sus redes sociales la lista de “Los 30 nacimientos registrados durante 2024 con las madres más jóvenes y edad del padre conocida” con datos oficiales de la Secretaría de Salud, en el que existe la diferencia de edad entre la madre y el padre de 56 años. Esto causó indignación en redes sociales, pues son niñas y adolescentes pariendo bebés producto de violencia sexual cometida por hombres adultos. 

Tras esto, Ddeser Jalisco publicó la lista del estado de Jalisco para cuestionar a las autoridades y al Gobernador Pablo Lemus sobre qué están haciendo para erradicar el problema y cuánto presupuesto se le destinó a la prevención y atención del abuso sexual infantil, pues en 2024 parieron 407 niñas menores de 15 años. 

En esta lista se aprecian diferencias de edades de hasta 38 años entre “el padre” y la madre, en los municipios de San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga; en otros como Ameca, Tequila o Cihuatlán, la diferencia entre madre y agresor sexual está entre los 31 y 33 años. Y no hay olvidar a Zapopan, “la ciudad de las niñas y los niños”, donde una niña de cinco años tuvo un hijo de un hombre de 35 años.

A nivel nacional, Jalisco es la segunda entidad con mayor cantidad de víctimas de violencia sexual entre los 1 y 17 años, lo que queda evidenciado en el listado que compartió Ddeser Jalisco.

En entrevista para Zona Docs, Patricia Ortega representante de Ddeser Jalisco explicó lo que hay detrás de estas cifras y la evidente inacción y negligencia por parte de autoridades de salud y educación, así como del propio Estado en general, pues las autoridades que lo componen no han dado la garantía de protección plena a infancias y adolescencias.

Patricia Ortega resaltó que pareciera que lo que se quiere analizar son casos de agresores específicos contra niñas o adolescentes específicas, olvidando que lo importante poner el dedo en el renglón en la parte institucional que permite, promueve y solapa que estas violencias sexuales sigan sucediendo. Ya que, si bien, existen diversas legislaciones, normatividades y tipificaciones del delito para la protección de las y los menores de edad, los agresores suelen quedar impunes. 

Igualmente, señaló que la negligencia institucional se ve reflejada cuando las adolescentes y niñas que llegan a la revisión de su embarazo a los hospitales, en los cuales se proporciona la información del caso: “esto no desencadena automáticamente una reacción institucional, una persecución, detención o interrogación de la persona agresora”. 

Y ahonda:

“Son muchas aristas de un mismo problema, porque cuando no hay una consecuencia sigue sucediendo: ¿Cuántos de estos hombres han tenido relaciones o hijos con otras niñas o adolescentes o ejercido esta violencia y no han sido señalados por ellas?”.

Desde Ddeser Jalisco, en sus acompañamientos, han atestiguado casos en las que un mismo tío paterno ejerce violencia sexual sobre varias sobrinas porque los padres no se solidarizaron y creyeron en las denuncias; por ello, señala la organización, muchos de los casos de violencia sexual se dan en entornos cercanos y son cometidos por familiares, vecinos o conocidos. 

“Tenemos un problema que obviamente se va agudizando porque no hay una sanción, una intervención institucional”, expresa Patricia Ortega. 

Asimismo, argumentó la importancia del derecho al acceso seguro a la interrupción del embarazo y el papel fundamental que deberían jugar las instituciones de salud y educación para brindar información y apoyo a las niñas y adolescentes que están pasando por un embarazo, pues se le debe dar a conocer que tienen el poder para decidir sobre sus cuerpos. Sin embargo, el panorama es distinto, los hospitales no hablan sobre este derecho y las instituciones de educación tampoco brindan una educación integral de la sexualidad. 

“Nunca se le habló de la posibilidad de interrumpir, nunca se les dio una consejería adecuada a su edad, nunca se reconoció su voz para poder, en un espacio de confianza, de seguridad, expresar que no quieren continuar con una relación con ese hombre que, probablemente mediante la manipulación las tiene ahí, o si no quiere parir, si piensa que eso es lo mejor para su vida. Esa parte es sumamente dolorosa”, explica Patricia. 

En México, histórica y culturalmente se ha normalizado la diferencia de edad en las parejas, niñas y adolescentes con hombres adultos, pues ¿cuántas veces no se escucha la historia de las abuelas que fueron robadas cuando eran niñas para casarse con hombres adultos?, distorsionando esta violencia con “historias de amor”, cuando en realidad sufrieron violencia sexual. Esta cultura ha prevalecido, justificando e inviabilizando la problemática y el abuso sexual infantil. 

Patricia Ortega, explicó que dentro de las aristas e interseccionalidades que existen en esta problemática está la barrera geográfica, en la que si para una mujer que vive en la ciudad y tiene la facilidad de tener acceso a la salud e información es difícil acceder a estos derechos, lo es aún más para las mujeres que viven en zonas alejadas, en comunidades originarias en la que el idioma es una barrera para acceder a los mismos derechos. 

“De por sí es doloroso que no se le dé voz a una niña, a una adolescente en esta circunstancia, ahora una persona que además tiene otro montón de capas de vulnerabilidades que se le va imponiendo y que entonces menos opción tiene de ser escuchada”, expone Patricia.

De igual forma, Patricia Oreta explicó que la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) describe a los embarazos adolescentes con hombres adultos como violencia sexual: “Si las autoridades de Fiscalía, salud, de las escuelas, etcétera, estuvieran entendiendo esto, ya otro gallo nos estaría cantando”, puntualiza.

Debido a que, en un contexto en el que las infancias y adolescencias no sólo no tienen la posibilidad de expresar sus negativas y que éstas se respeten, también viven en una constante hipersexualización, en la que de manera “inocente” en festivales escolares, concursos de belleza y la vida cotidiana se les maquilla, se les viste y habla de manera inadecuada. 

“No es posible que yo como infancia exprese claramente que no quiero, que entienda que es lo que eso significa, pero que además me hagan parecer como si yo fuera una mujer mayor. Y entonces también tenemos que hacernos cargo y la institución tendría que hacerse cargo de modificar y dar instrucciones muy claras, por ejemplo, a través de la Secretaría de Educación para que esto no suceda en las escuelas”, denuncia Patricia Ortega. 

Pues la violencia sexual no pasa desapercibida, no es que nadie se dé cuenta, sino que debido a la inacción de las autoridades y la cultura patriarcal que domina la sociedad hace que las voces de las mujeres, de todas las edades no sean escuchadas, lo que se traduce en que no se respete  la decisión sobre sus cuerpos y se les culpabilice de eso. 

“Cuando se ve a las mujeres como un objeto que es para tu uso, para tu satisfacción, estamos yendo en un mal camino y creo que ahí es en donde tendríamos que poner el freno”, concluye la activista. 

Por último, Patricia Ortega hizo un llamado a la sociedad para que en el momento en el que perciban que algo raro pasa con las infancias y adolescencias intervengan de manera inmediata, sin dudar o justificar los lazos que se tenga con el agresor.