Manos Libres
Por Francisco Macías Medina / @pacommedina (X) / @FranciscoMacias (TG)
Uno de los temas centrales de los días recientes ha sido el del desarrollo inmobiliario y su forma en que ha transitado de tener distintos fines, entre ellos la vivienda a convertirse en un medio más de especulación para la obtención de ganancias.
Convertir el “derecho a la propiedad” como mercancía, favorece su cuestionamiento original sobre su sentido excluyente, lo que evita que incluyamos otros aspectos complejos como lo que implica una vivienda digna, un hogar, la identidad de barrios y colonias, así como sus dinámicas que permiten una centralidad como comunidad.
La propia dinámica económica con mayor énfasis en las finanzas propicia nuevas estratificaciones ligadas a la predominante desigualdad y reactualiza la discriminación por motivos de ingresos, para reforzar la idea de que solamente existen derechos desde una lógica de consumidor, no como personas con necesidades para vivir dignamente.
Las pocas herramientas en donde se intenta definir las condiciones de desarrollo del territorio cuentan con definiciones incluso de un derecho a la ciudad que hoy sólo tiene vigencia en discursos, pero no en su aplicación o con mecanismos de reparación.
Se han creado también una serie de instituciones gubernamentales a nivel estatal y municipal que “gestionan” el tema o “procuran” un desarrollo supuestamente en calidad de defensoras pero que sus resultados se relacionan más bien con su crisis, el incremento de los grandes problemas de la ciudad y su debilidad en la defensa de lo público, ya sea por su falta de actuación y debilidad de sus herramientas o simplemente porque la regulación ha pasado a manos de tribunales que actúan de puentes permisivos.
Recientemente, uno de ellos en una de esas sentencias que regulan el desarrollo urbano por encima de toda legislación, afirmó que no existía afectación ambiental en la construcción ilegal de un fraccionamiento a pesar de que se encuentra cercano de entornos que requieren de protección hidrológica o natural, hasta pareciera que se trata de una nueva legalidad que niega la evidente necesidad de protección de recursos futuros como lo mandata el derecho al medio ambiente.
En el pasado algunas viviendas eran utilizadas para generar ingresos a la persona propietaria, había casos de rentas por más de una década en donde había una relación de confianza entre arrendador y arrendatario. Sin embargo, con la bursatilización de los arrendamientos, se incrementó la inseguridad jurídica, la multiplicidad de trámites y toda una generación de consejeros financieros que han colocado la inversión por arriba de la relación con las personas que habitan una vivienda, hasta llegar a los fenómenos globales de plataforma que aunque originados por una economía colaborativa, requiere de límites y regulaciones.
Como se aprecia con claridad, existe una visión patrimonialista de los territorios de una ciudad sin recuperar sus dinámicas sociales, culturales o complejas que las interrelacionan.
Por eso, las movilizaciones recientes en varias ciudades para protestar por el acceso a la vivienda y por restringir la llamada gentrificación, nos lleva a una discusión más profunda y necesaria de lo que debe de ser protegido en los barrios y colonias más allá de sólo mirarlos como una nueva “dinámica” económica sin rostros de personas concretas.
Las exigencias van desde reconocer y regular a los actores inmobiliarios como dominantes para generar nuevas reglas que limiten su crecimiento ante la afectación de dinámicas que se relacionan con condiciones de vida de la población, como ya ocurre en grandes ciudades.
Establecer categorías dentro del llamado desarrollo urbano que respondan a la protección de dinámicas, sociales, culturales y relacionales de los barrios y colonias, que deben de ser protegidas e incentivadas por el Estado, no sólo ser materias de licencias o dictámenes de áreas técnicas a las cuales no ha llegado la rendición de cuentas amplia.
Incluir herramientas de garantía de derechos que potencien el reconocimiento y legitimidad de las personas vecinas para poder denunciar y activar mecanismos de reparación, de protección a dinámicas y de generar mecanismos económicos donde se tenga claros los limites para la dignidad de las comunidades.
Independientemente de que los actores partidistas impulsan u omiten atender el fenómeno, nos encontramos de nuevo en un plano de lucha por el reconocimiento de derechos, se trata de una oportunidad para hacer visibles a las personas y grupos que los necesitan, como es el caso de las y los jóvenes, mujeres y niñez que requieren de protección y de ser cuidadas, personas desplazadas por motivos de violencia, personas en migran para sobrevivir, entre otras personas.
De por medio se encuentra una visión de ciudad que incluya para el futuro o que se centre en polos donde sólo vale quien cuenta con los recursos para invertir.
Aunque el Estado no puede ser la solución a todo, se trata de impedir que se convierta en un obstáculo para el cumplimiento de los derechos.
La ruta por recuperar los bienes comunes que todavía nos conectan implica reconfigurar los supuestos en el que se proponen la planeación para el desarrollo urbano, las leyes que protegen a ciertas mayorías e intereses, y animarnos a reconstruir nuestra identidad que en realidad es la comunidad.
