El caso de Rosendo Radilla Pacheco, activista social desaparecido por el Ejército mexicano en 1974, podría marcar un precedente histórico en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que analizará si estos crímenes deben ser reconocidos como parte de una política de terrorismo de Estado.
Por Redacción ZonaDocs / @ZonaDocs
Foto: FUNDAR
Rosendo Radilla Pacheco, activista social y político originario de Atoyac de Álvarez, Guerrero, fue desaparecido forzadamente el 25 de agosto de 1974 tras su detención ilegal y arbitraria por parte del Ejército mexicano. Su activismo, cercano a las causas populares y su capacidad para visibilizar en corridos las injusticias sociales de su comunidad, lo colocaron como objetivo de la represión estatal.
La desaparición de Radilla ocurrió en un contexto de violencia sistemática ejercida por el Estado mexicano durante la década de los setenta, cuando las fuerzas de seguridad pública y militar implementaron una política represiva que incluyó detenciones arbitrarias, tortura –incluida la sexual–, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Estas prácticas, lejos de limitarse a presuntos grupos insurrectos, afectaron a la población civil en general y obligaron a muchas familias a desplazarse para huir de la violencia.
A más de medio siglo de aquellos hechos, las demandas que defendía Rosendo Radilla –justicia social, igualdad y dignidad– mantienen plena vigencia en un país que hoy acumula más de 134 mil personas desaparecidas. Sin embargo, la justicia y la verdad siguen siendo deudas históricas del Estado mexicano.
En agosto de 2024, el Juzgado Noveno de Distrito en Guanajuato emitió una resolución clave dentro de la sentencia 565/2018. En ella determinó que la desaparición forzada de Rosendo Radilla fue parte de una política represiva estatal constitutiva de crímenes de lesa humanidad, calificados como terrorismo de Estado. La sentencia ordena llevar ante la justicia a los responsables, reconocer la magnitud del contexto en el que ocurrieron estos crímenes y establecer medidas de memoria, como la creación de espacios y monumentos dentro de recintos militares para dignificar a las víctimas y visibilizar la participación del Ejército.
Hoy, esta sentencia histórica se encuentra en proceso de revisión y será analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El fallo del máximo tribunal abre una oportunidad inédita para avanzar en el reconocimiento del terrorismo de Estado en México, garantizar la reparación integral de las víctimas y asegurar la no repetición de estos crímenes.
La llamada Guerra Sucia en México fue un periodo de represión estatal que se desarrolló entre las décadas de 1960 y 1980, cuando las fuerzas de seguridad emprendieron acciones sistemáticas contra opositores políticos, estudiantes, campesinos y grupos guerrilleros. Durante esos años, se implementaron estrategias de contrainsurgencia que incluyeron detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas.
De acuerdo con organismos de derechos humanos, miles de personas fueron víctimas de desaparición forzada, mientras que otras tantas sufrieron persecución o cárcel. Aunque el gobierno justificaba estas medidas como parte de la lucha contra movimientos armados, la represión alcanzó a amplios sectores de la sociedad.
Organizaciones y familias de víctimas reiteran su exigencia de verdad, justicia, memoria y dignidad, no sólo para Rosendo Radilla Pacheco, sino para todas las personas desaparecidas en México.
