La calle del Turco
Por Édgar Velasco / @Turcoviejo
Un día, Karla María Estrella escribió un post en LaRedSocialAntesConocidaComoTwitter en el que señalaba que Sergio Gutiérrez Luna, de Morena y diputado federal por Veracruz, había hecho un berrinche para que Diana Karina Barreras, del Partido del Trabajo y su esposa, participara en el proceso electoral. El mensaje decía: “Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”.
No pongo el link porque el post fue borrado: Diana Karina Barreras puso una denuncia en contra de Karla María Estrella ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero no cualquier denuncia: presentó cargos por violencia política en razón de género. El TEPJF le dio la razón a la hoy diputada y castigó a Karla María Estrella con una sanción que incluía consultar bibliografía sobre lenguaje no sexista y violencia de género, tomar un curso de género (que aprobó con 10), el pago de una multa de poco más de mil pesos (que motivó una colecta en línea que rebasó por mucho el importe de la multa, misma que fue pagada y el resto de lo que se recaudó fue donado), permanecer inscrita durante 18 meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas (ha pasado un mes) y por último, la sanción que atrajo los reflectores y se puso en el centro de la discusión pública: Karla María Estrella fue obligada a ofrecer disculpas públicas durante 30 días a Diana Karina Barrera, quien desde que comenzó la sanción es conocida como Dato Protegido porque su nombre no podía ser usado en los mensajes, para evitar la revictimización.
Karla María Estrella no es periodista. Según internet, es arquitecta, no ejerce y se dedica al hogar. Sin embargo, su caso aparece mencionado en el informe Las leyes como mecanismo de censura: aumento del acoso judicial contra periodistas en México, dado a conocer hace unos días por Article 19 México y Centroamérica. Sobre el caso en cuestión, el organismo internacional puntualiza: “Aunque Article 19 se solidariza con Karla Estrella ante los hechos vividos, se informa que su caso no está dentro de la numeralia documentada debido a que no ejerce la labor periodística”. No obstante, su caso es relevante por el peso mediático que ha tenido y, sobre todo, porque es síntoma de un mal mayor: el uso de los aparatos y los mecanismos legales para acallar a las personas que ejercen la crítica en contra del poder.
En la presentación del reporte, Article 19 menciona que lo que está ocurriendo no es nuevo, sino que ha venido pasando desde 2016. Sin embargo,
“en tan sólo siete meses se ha superado el número de víctimas registradas en cualquier año anterior. La violencia contra la prensa ya no se limita a agresiones físicas o amenazas: ahora se traslada a los tribunales mediante demandas, denuncias y procedimientos administrativos o electorales”. En ese contexto, se menciona que una de las herramientas más usadas es la denuncia por violencia política contra las mujeres en razón de género, como en el caso de Karla Estrella y Dato Protegido, figura legal que “se ha convertido en un instrumento para inhibir el debate público, llegando incluso a eliminar publicaciones críticas o incómodas”.
Articulada desde el poder —ya sea político o económico— se trata de “una estrategia de desgaste, de recursos económicos, legales y humanos. Los medios de comunicación y periodistas independientes deben destinar no sólo recursos a responder ante estos procesos, sino inclusive pueden verse acreedores a multas millonarias”. Esta dinámica se ha extendido en más de la mitad del país, y no se limita a entidades gobernadas por Morena. Según el informe, los tres estados con más procesos legales contra periodistas son Veracruz (10), Ciudad de México (9) y Jalisco (6), a quienes siguen Campeche, Oaxaca y Puebla, con tres casos cada uno. Las denuncias llegan de diferentes frentes: la más recurrente es la vía electoral, con el 50.98 por ciento de los casos, así como la penal (27.45) y la civil (21.57). El documento explica que, al analizar los datos, “preocupan dos tendencias: el uso de marcos normativos electorales en las elecciones de 2024 y del Poder Judicial de 2025, así como el abuso del derecho penal, el más intrusivo de los recursos legales, como una constante en México para silenciar a la prensa”.
Y no sólo eso: algunos casos están abiertos de manera simultánea en distintas cortes y por diferentes vías legales, sometiendo a la persona denunciada a procesos de desgaste económico y psicológico. “Cuando los agresores en este tipo de litigios tienen mayor capacidad económica, o de poder público, pueden darse el lujo de iniciar múltiples procedimientos, y cada uno de estos funge como un mecanismo para generar temor”. A lo largo del informe se exponen algunos ejemplos con los casos que se han vuelto más mediáticos.
Las leyes como mecanismo de censura: aumento del acoso judicial contra periodistas en México cierra con cinco conclusiones y unos llamados dirigidos a las y los actores políticos y autoridades. Me tomo la libertad de copiar las cinco conclusiones porque hacen observaciones muy puntuales sobre esta dinámica que busca censurar y restringir el derecho a la libre expresión y el disenso. Dice el documento:
“• El acoso judicial se ha convertido en una nueva forma de censura en México: Si bien la violencia física y digital aún es parte de la vida de periodistas y medios en el país, ahora hay un uso frecuente e intensivo de demandas, denuncias y medidas cautelares para silenciar a periodistas y medios. Si esta tendencia continúa, el espacio para el periodismo crítico se reducirá aún más. A este patrón hay que sumar los registrados en los últimos años de estigmatización de la prensa desde la tribuna pública.
-
- La impunidad y el desbalance de poder en los litigios estratégicos contra la participación pública (SLAPP’s, en inglés) permite que funcionarios y figuras públicas utilicen recursos públicos y acceso institucional para intimidar y castigar la crítica. Esto genera un efecto de autocensura con impactos duraderos en la democracia.
- El abuso de la figura de Violencia Política en Razón de Género (VPEG) como herramienta para acallar publicaciones de interés público representa un riesgo grave de deslegitimar la propia figura y convertirse en un mecanismo recurrente y “eficaz” de censura. Urge reformarla y delimitar su aplicación.
- La judicialización de la prensa en procesos electorales y el uso punitivo del sistema legal por parte de autoridades revela una estrategia coordinada de desgaste y censura. Sin reformas estructurales, esta práctica se normalizará como mecanismo de control político.
- Se requiere verdadera independencia judicial de cara a la implementación de la reforma en la judicatura, pues precisamente la tendencia actual responde a la interpretación restrictiva del ejercicio de la libertad de expresión por parte de juzgadoras, pero también al proceso de captura del propio Poder Judicial bajo el cual se responde a los interés políticos de las personas denunciantes y demandantes”.
En mayo de 2023, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, dijo: “La libertad de prensa es el cimiento sobre el que se sustentan la democracia y la justicia. Gracias a ella, disponemos de todos los datos que necesitamos para formar una opinión e interpelar al poder con la verdad”. Leyendo esto ahora, vale la pena echarle un vistazo al informe completo —lo pueden hacer aquí— porque con una “clase” política que busca acaparar todos los discursos y anular el disenso, sin importar el color de su membrete, pareciera que en México ese cimiento está cada vez más débil.
