Manos Libres
Por Francisco Macías Medina / @pacommedina (X) / @FranciscoMacias (TG)
La ciudad y lo que ocurre en ella es un espacio que puede ser muy útil para la reflexión en el tema de los derechos humanos por la diversidad de dinámicas, de los grupos que coinciden en ella y por la indudable contradicción que se da por las dinámicas de poder que se reflejan en distintos reclamos y en otros por las desventajas que viven grandes grupos de personas.
Los sucesos que se han repetido por temporadas en donde los impactos climáticos que provocan las lluvias en el territorio metropolitano crean una sensación de un mal síntoma de catástrofes futuras.
Nota tras nota periodística describe a detalle o en la correspondiente pieza de video, como las corrientes de agua transforman calles en arroyos, techos en cascadas y canales que terminan por recuperar los espacios que antes eran propiedad del agua: bordos, represas, cañadas, pero que los hemos transformado en nuestra petulante modernidad en desarrollo habitacionales en los que el riesgo es asumido de forma individual, sumado a la desconexión y las distancias que consumen tiempo y vidas.
Las autoridades, sea del nivel de gobierno estatal o municipal, luchan por convencernos en plena era de la inteligencia artificial que la naturaleza es indomable, que las limitadas competencias no alcanzan y que las soluciones sólo son temporales con bombas, muros de contención y vasos reguladores, cuya vigencia es superada en cada temporal.
Como si fuera una construcción literaria, buscan colocar en el futuro el problema, pero se niega dar una vista en las consecuencias de sus decisiones y omisiones del pasado en la planeación del territorio, en la displicencia en el manejo de los recursos públicos tanto para construir infraestructura que no propicia resiliencia ambiental como la decorativa que omite los riesgos por favorecer una “derrama económica” que impulsó un desarrollo de desastre urbano, sin pensar con detenimiento en cómo debería de una ciudad a escala de seguridad humana y con toda la responsabilidad.
Se favorece la creación de instituciones planeadoras como el Instituto Metropolitano de Planeación con sus grandes mesas de especialistas, organismos e incluso universidades y claro, algunos vecinos, para generar grandes productos, mapas interactivos y estudios significativos que ceden ante las debilidades y omisiones, algunas de ellas intencionales en los municipios o porque favorecen una visión empresarial más conectada con el capital que explota territorios pero coloca a las personas como medios para sus desarrollos.
En este vaivén de medios y fines, es importante insistir en que las vidas de las personas, con sus decisiones y sus propios medios son importantes, así como el propio contexto y las condiciones en las que se desenvuelven, si es que consideramos a la libertad como una de las bases de los derechos humanos.
Me hizo recordar un ejemplo que proporciona Amartya Sen en una de sus obras sobre la justicia, que podemos adaptar a lo sucedido recientemente con las personas que viajaban en un camión de transporte público y que por la inundación provocada por la lluvia quedaron varados más de cinco horas en una avenida convertida en un canal.
Todas las personas desean una vida en las que sus decisiones y sueños se vean reflejados, por eso la vivienda en la que habitan y su entorno forman parte de sus realizaciones, entre ellos sus formas de trasladarse porque refleja la libertad y la igualdad en una sociedad, así como la forma en que se garantiza lo colectivo.
Muchas de ellas sólo tienen como opción el traslado en un transporte poco eficiente, cuyos tiempos igualan un viaje a la playa, a lo que ahora hay que incluir los riesgos relacionados por el clima y la infraestructura. Puede parecer su situación algo destinado, mala suerte o algo natural cuando no lo es, porque deberían de existir por parte del Estado los medios eficientes desde la planificación hasta el acceso a una movilidad diversa para cubrir mínimos humanos básicos, incluso preservar su integridad sin riesgos.
Lo ocurrido es un reflejo de la desigualdad que se propicia por la dispersión territorial en la ciudad y con la falta de medidas concretas que atenúen los impactos climáticos, aunque no se expresa por parte de las autoridades, hay un reconocimiento implícito de que grandes grupos de personas deben vivir así, lo cual restringe claramente muchos procesos de sus vidas, por ejemplo, su tranquilidad, su salud, su convivencia, su mínima seguridad, su condición de persona.
Nos encontramos ante sentencias condenatorias que ponen en riesgo las vidas y decisiones de las personas, lo cual no puede permitirse, porque no se trata de una simple anécdota climática que hay que cubrir periodísticamente sino de sistemas de planeación, jurídicos y políticos que se han vuelto impermeables a valorar las amenazas y riesgos, que han optado por tolerar y paliar, pero no tomar en serio la protección y garantía de los derechos humanos.
Nos vendría bien, si es que existe el concepto de un “derecho a la ciudad” que comenzáramos a considerar medidas urgentes basadas en principios de salvaguarda y prudencia donde se restrinjan otro tipo de dinámicas no prioritarias en las ciudades, se redirijan presupuestos públicos con urgencia y se ensayen prácticas públicas que se alejen de este modelo de desarrollo excluyente.
Es necesario construir instrumentales legales y operativos para considerarlos en condición de vulnerabilidad y en refugio ambiental a esas zonas de desigualdad.
Es indispensable pensar que somos una misma comunidad, independientemente de la denominación del territorio o la división territorial, en la que para afrontar los retos no cabe la exclusión de nadie y sí la misión de vivir sin miedo o amenazas.
