#ZDEscuelaDePeriodismo SegundaGeneración
Durante 2023, el Centro Universitario del Sur (CUSur) fue el centro regional con más denuncias de violencia de género reportadas dentro de la Universidad de Guadalajara. Ocupó el primer lugar con 26 casos, seguido del Centro Universitario de los Valles (CUValles) con 21 y el Centro Universitario del Norte (CUNorte) con 18 quejas. Así lo reveló el Informe de actividades del Protocolo de Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género de la Universidad de Guadalajara (PPASE).
Si bien, en el mismo año el CUSur fue superado por dos centros universitarios que están dentro del Área Metropolitana de Guadalajara: el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) y el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), ambos con 37 quejas, lo que sucede en la región sur del estado no es un caso aislado.
Por Farah Medina / @_dtfarahm_
En el año 2022, la Universidad de Guadalajara creó el Protocolo para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género en la Universidad de Guadalajara (PPASE), tras reconocer que el mecanismo anterior era insuficiente y dejaba sin atención a las víctimas de estas violencias.
Antes de estas reformas, la Defensoría de Derechos Universitarios era el área encargada de recibir y procesar estos casos, aunque, derivado de su planteamiento de origen sólo atendía quejas por acoso y hostigamiento sexual, dejando fuera otras formas de violencia. Además, había procesos poco accesibles, en los que muchas veces, quienes lograban denunciar eran los agresores y no las víctimas.
Erika Loyo, al momento de su entrevista para este reportaje, era la Jefa de la Unidad para la Igualdad. En diálogo con ZonaDocs aseguró que el nuevo protocolo nació para articular la política institucional en materia de género y poner a las víctimas en el centro. Así, la unidad fue creada como la instancia responsable de aplicar las nuevas disposiciones normativas en la materia; dependiendo ahora de la Vicerrectoría Ejecutiva y no de la Defensoría de Derechos Universitarios.
Con estas reformas se modificaron dos aspectos clave 1) cualquier integrante de la comunidad universitaria puede presentar denuncias; y 2) el reconocimiento de violencias es más amplio y no sólo se centra en acoso y hostigamiento sexual, ahora, incluye a las violencias psicológica, física, sexual y digital, en modalidades laboral, docente, escolar, comunitaria, institucional y política.
Con el fin de tener una perspectiva más integral, reconoce a la violencia de género como punto central para su sanción y erradicación, estableciendo que:
“será sancionada en lo específico la violencia de género, entendida como el uso deliberado e ilegítimo del poder o de la fuerza, (…) que vulnere a otra persona o grupos de personas, con base en su género, sexo, orientación sexual, que cause un daño o sufrimiento físico, psicológico o sexual”. (PPASE)
Erika Loyo explica que con el protocolo previo de 2018, esto no sucedía “y quienes tenían la posibilidad de hacer las denuncias y demás eran más bien los agresores, no las víctimas”.
El protocolo actual asigna nuevas responsabilidades y obligaciones a diversas autoridades y áreas, a través de la ejecución de un reglamento. Se crearon así, organismos encargados de brindar atención a víctimas y comisiones de responsabilidades, cuyo deber es determinar la resolución de los casos y dictar sanciones a quienes se les señala de cometer violencia de género, ejerciendo labores de investigación y verificación de pruebas.
Estás comisiones, se encuentran formadas por personal docente, directivo y estudiantado, se encuentran divididas por niveles. Hay una comisión para toda la red, una para cada centro universitario, otra por divisiones, otra más para el nivel de educación media superior y, finalmente, el consejo de escuela.
Recae en ellas, la responsabilidad de analizar los expedientes de denuncias formalizadas ante el área de Primeros Contactos, es decir, las que sí constituyen un acto de violencia conforme a la normativa universitaria. Por lo tanto, son las encargadas de aplicar sanciones, medidas cautelares y dar seguimiento a los casos.
Los nuevos procesos
El procedimiento para determinar las responsabilidades de una persona que es señalada de cometer algún tipo de violencia de género en todas sus modalidades dentro de algún espacio universitario consiste en lo siguiente.
Comienza con la notificación a la persona señalada como responsable, en este momento, de acuerdo con el protocolo, se determina “si la conducta materia de la denuncia corresponde a violencia de género (…)”. En caso de no ser así, dicta el documento, “se seguirán las disposiciones normativas universitarias aplicables para desahogar el procedimiento de responsabilidad”.
El PPASE específica que en esta etapa, las personas responsables del análisis del caso deben hacerlo de forma interseccional, sin sesgos, con perspectiva de género, sin prejuicios, ni estereotipos.
En caso de confirmar que hubo una violación a los derechos universitarios, debe aplicarse alguna de las seis sanciones previstas en el protocolo: amonestación, suspensión, expulsión o separación definitiva del cargo, y no poder desempeñar otro empleo dentro de la institución. También están consideradas las “medidas reeducativas” con el objetivo de evitar la reincidencia.
Estas medidas, según explica Erika Loyo y el mismo protocolo, consisten en un programa dónde se promueve la “rehabilitación” (página 17+32 protocolo extenso) y la “deconstrucción de estereotipos de género”. Para evitar la perpetuación de conductas que propicien la violencia en razón de género. Se encuentra a cargo de la Unidad para la Igualdad, el Centro de Estudios de Género, la Defensoría de Derechos Universitarios y otras instancias.
Dentro del protocolo solo en dos ocasiones y en menos de dos párrafos se habla sobre este tipo de medidas. Aunque, es en los informes donde se detalla más al respecto. De acuerdo con estos, las medidas se imparten por sesiones de dos horas, en un mínimo de 16 semanas. Según datos del informe del año 2024, se integraron cuatro grupos nuevos, a los que asistieron un total de 68 hombres. La sanción para quienes no concluyen el programa es ofrecerle la oportunidad de retomarlo.
A través de los informes la universidad ha reconocido que aún se trabaja en fortalecer “un modelo de atención específico para mujeres que ejercen violencia en espacios universitarios” e informó que se están creando espacios que ayuden a trabajar en masculinidades positivas, con procesos que ayuden a reforzar los conocimientos adquiridos durante los programas.
Pero las cifras muestran lo contrario, pese a la existencia del nuevo protocolo, las medidas reeducativas y las campañas, la violencia persiste y se concentra en distintos centros universitarios.
El caso CUSur
La comunidad universitaria del CUSur ya había denunciado la violencia de género dentro de sus instalaciones desde el año 2020. Lo hicieron mediante tendederos de denuncia. La periodista Diana Borbón documentó para el medio Letra Fría, que más de 30 alumnos y profesores habrían sido señalados por acoso y hostigamiento. Según se informó, durante ese mismo periodo se aplicaron medidas cautelares contra tres docentes.
El informe publicado por la propia universidad evidenció que, pese a contar con un protocolo actualizado, específicamente en su marco legal, su aplicación sigue siendo deficiente para prevenir, atender y erradicar estas violencias en los espacios universitarios.
Luego de que en 2023 el Centro Universitario del Sur (CUSur) se convirtió en el centro regional con más denuncias de violencia de género reportadas con 26 casos, para 2024, según el informe presentado por la universidad en marzo de 2025, acumuló 10 nuevas denuncias.
Si bien esta cifra refleja una disminución significativa, una variación de -62% respecto al periodo 2023-2024, cuando las denuncias habían aumentado en +82% en comparación con 2022-2023, la comunidad estudiantil del plantel se reconoce como víctima o testigo de la violencia dentro de las instalaciones.
Esta afirmación se desprende de una encuesta realizada a 50 personas de la comunidad del CUSur, la cual reveló que el 41% reconoce haber sido testigo de algún tipo de violencia y el 10.4% dijo “tal vez” haberlo sido. El 68% de las encuestadas fueron mujeres y 32% de las respuestas vinieron de hombres.
El dato es relevante. Si bien, el protocolo reconoce que personas con identidad no binaria son vulnerables, advirtiendo que
“(..) cualquier persona, sin importar su sexo, puede sufrir o incurrir en actos que configuran violencia de género (…) se reconoce que en el contexto estudiantil existen personas en situación de vulnerabilidad como las principales víctimas de esta (mujeres, personas transgénero, personas con identidad de género no binario, personas homosexuales)”, en su informe especifican que “la clasificación se hace únicamente entre hombres y mujeres”.
De esta forma, las estadísticas de 2024 sobre los resultados de la aplicación del PPASE, sólo lograron identificar que de las 507 denuncias registradas, 407 corresponden a mujeres y 207 a hombres, invisibilizando las violencias que sufren las poblaciones estudiantiles de la diversidad sexo-genérica.
Primeros Contactos: la puerta de entrada y salida
“Trabajando por una cultura de paz” es el eslogan que identifica a Primeros Contactos (PC) del CUSur, uno de los organismos señalados dentro del PPASE responsable de atender los casos de violencia de género que acontecen dentro de este campus. Como su nombre lo indica, es la instancia encargada de recibir y atender a las personas de la comunidad estudiantil, escolar y universitaria que quieren presentar una denuncia.
“Somos personas responsables de brindar atención y contención emocional a víctimas de actos de violencia; realizamos la primera valoración de riesgo de la víctima; recibimos las denuncias derivadas de dichos actos de violencia y las turnamos a la autoridad competente; y, en su caso, solicitamos las medidas cautelares necesarias” aseguran en un apartado de la página web del centro universitario.
Sin embargo, en la práctica, Primeros Contactos (PC) tiene varios retos. Ana Fabiola Campos Jasso y Ludivina Margarita Masía Silva, quienes son las encargadas de esta instancia, perciben que hay desconfianza entre la comunidad universitaria hacia el seguimiento y tratamiento de sus denuncias. Este es uno de los mayores obstáculos, afirman:
“No nos ha pasado que no lo digan directamente, pero sí podemos llegar a creer que eso se piense, porque algunos procesos sí han tardado en tener resolución, no han sido tan rápidos como hubiésemos querido” dicen.
Ambas, saben que esto no les “favorece” ni a ellas, ni a la comunidad estudiantil y universitaria, pues consideran que, esta desconfianza sobre los procesos obstaculiza también que las personas decidan alzar la voz “esa información entre ellos puede favorecer o no que se animen a meter denuncia”.
Respecto a los procesos iniciados, 12 personas encuestadas respondieron que denunciaron oficialmente sus casos y solo seis de ellas asistieron al área de Primeros Contactos. El 16.7% de las personas encuestadas respondieron que sus razones para no comenzar con una denuncia fue “falta de confianza en las instituciones”.
Por otro lado, 50% de las personas que respondieron la encuesta fueron capaces de identificar las violencias que el protocolo reconoce, así como los lugares dentro del centro universitario donde las presenciaron o experimentaron. Las violencias psicológica, física y digital; seguidas de sus modalidades: docente y laboral, fueron las que más advirtieron conocer.
Según datos del informe del 2023, la violencia psicológica fue la que más se denunció dentro de toda la red, con un total de 637 denuncias. Dentro del protocolo, este tipo de violencia se define como “cualquier acto u omisión que dañe o pueda dañar la estabilidad psicológica de una persona, propiciando su aislamiento, la devaluación de su autoestima y/o alteraciones a su salud mental, afectando su capacidad de autogestión y desarrollo personal”.
Inventar rumores para dañar la reputación de una persona, realizar o incitar a realizar agresiones verbales, son algunas de las conductas que se identifican como parte de ésta en el formato extenso de dicho protocolo.
“Hay mucho hostigamiento de la persona, hay amenazas, burlas, es bien común, ¿por qué? Porque es muy sutil esa parte de la violencia psicológica. No la vemos y va acompañada de otras. Una de las evidencias más fuertes que tiene la violencia psicológica es la digital”, aseguran Ana Fabiola Campos Jasso y Ludivina Margarita Masía Silva, del área de Primeros Contactos del CUSur.
Para el año 2024, se registraron un total de 496 denuncias por violencia psicológica dentro de toda la red universitaria.
En respuesta a una solicitud de información con folio 140293625000045 a la Universidad de Guadalajara, al corte de enero de 2025, el Centro Universitario del Sur tenía un registro de nueve denuncias formales, las nueve eran por este tipo de violencia.
Así mismo, dentro de este mismo centro universitario, 27 personas identificaron que las aulas son el lugar donde más prepondera la violencia, seguido de baños, bibliotecas, auditorios, centros de cómputo, laboratorios, clínicas y canchas.
La “cultura” de la denuncia
Para el área de Primeros Contactos es primordial que las personas integrantes de la comunidad estudiantil y universitaria decidan presentar una denuncia, sin embargo, con este panorama, saben que es, quizá, el paso más difícil.
Dentro del CUSur, solo existieron 10 denuncias formalizadas, frente al conteo global de 572 denuncias en toda la universidad. De manera reiterada el “miedo a represalias o problemas futuros” es lo que llevó al 23% de las personas que denunciaron a no continuar con sus procesos, según lo que reportan los informes oficiales.
“Ese es el mayor miedo de todo mundo, las represalias, si denuncio, ¿qué va a pasar?”, señalan las encargadas del área de Primeros Contactos en CUSur. Esta realidad se mantiene y se confirma, pues los resultados de la encuesta aplicada para este reportaje a la comunidad del CUSur, evidencian que 33.3% de las personas admitieron no haber denunciado por miedo a represalias y 4.2% mencionó que no lo hizo pues “no querían revivir la experiencia” o “no sabían a dónde acudir”.
No tener la posibilidad de hacerlo de forma anónima, es una de las razones que marcan esta tendencia. De acuerdo con el protocolo, hacerlo así le da a la persona señalada “la oportunidad de defenderse”, pero evidentemente, provoca en la persona denunciante preocupación por las reacciones del entorno.
“No quiero, me da vergüenza, no quiero que se haga nada, todo este tipo de situaciones internas en cada persona, o también, “no quiero que mi familia se entere”, “no quiero que nadie más del salón se entere, no quiero que la UdeG se entere, no quiero ser foco de atención”, son algunas de las razones que ofrecen para no iniciar un proceso de denuncia, según Ludivina Silva, encargada de Primeros Contactos en CuSur.
Las historias de las personas que han atravesado o sobrevivido a estas violencias dentro del CUSur permiten ilustrar los obstáculos dentro del proceso de denuncia.
Estas son las experiencias de Edith y Sandra, sus casos evidencian lo que distintos informes y actores reconocen: el sistema tiene fallas estructurales que incluyen revictimización, procesos injustos, búsqueda del desistimiento y falta de voluntad de parte de las personas responsables.
***
Edith
Cuando Edith Rivera cursaba el octavo semestre de la licenciatura en Periodismo dentro del CUSur, decidió postularse como candidata a la presidencia de su carrera, luego de conocer y aceptar las propuestas del partido estudiantil que la convocó.
Reconociendo que existía un ambiente tenso durante el proceso de las elecciones, jamás imaginó lo que viviría. Durante este periodo, fue víctima de violencia política digital por razones de género. En Instagram, una cuenta creada para exponer supuestas malas prácticas de candidatos publicó información personal de Edith, incluyendo nombre, carrera y semestre, acusándola de ser “baja novios” y cuestionando su idoneidad como representante estudiantil.
La red de apoyo de Edith presionó para que la publicación fuera eliminada, argumentando que su vida privada no debía ser parte del debate estudiantil, y la página finalmente cedió. Esto motivó a Edith a denunciar. Inicialmente, acudió a la Defensoría de Derechos Universitarios, donde le indicaron que tenía que presentar su denuncia al área de Primeros Contactos, conforme marca el protocolo. Allí, le solicitaron redactar una carta con los hechos. Le aseguraron que su caso sería revisado y que sería notificada de cualquier avance.
Edith nunca recibió avance alguno sobre su caso, ahora es egresada.
Ella desea que la universidad tome medidas serias en contra de esa página que utiliza el nombre de la institución y que terminó por ejercer violencia política digital por razones de género en su contra: “espero que sí, esa página literalmente tiene el nombre de la universidad. Entonces espero que lo tomen a conciencia y digan: ‘Hay que hacer algo.’ Porque todas esas situaciones pueden llevar a cosas peores, entonces espero que sí tomen cartas en el asunto”, expresó.
Sandra
Sandra, nombre ficticio que se utiliza para resguardar su verdadera identidad, además de tener temor a recibir alguna represalia tras conocerse su testimonio. Ha sido víctima de violencia psicológica, acoso y hostigamiento digital durante más de un año por estudiantes de este centro universitario. Su denuncia la presentó ante el área correspondiente, lo hizo en contra de cinco personas y adjuntó como prueba 45 imágenes, 6 videos y 3 audios que documentan las violencias que ha vivido. La Comisión de Responsabilidades y Sanciones del CUSur revisó su caso rápidamente, pero le advirtió que “no contaban con elementos suficientes para iniciar el procedimiento completo” y que “debía aportar más información”, y es que, algunas de las pruebas fueron descartadas por “ser poco claras”.
Para Sandra, este proceso resultó revictimizante. Afirma que la reunión que tuvo que sostener con las personas que integran la Comisión de Responsabilidades y Sanciones la afectó emocionalmente.
Durante esta, sintió que la presionaron para no ratificar las pruebas, pues le aseguran que hacerlo no le garantizaba agilidad en el proceso y que “sería desgastante”. Incluso, le cuestionaron si sus agresores tendrían algo en su contra para defenderse. Lo que más la marcó fueron las palabras de una de las asistentes: “si la vida te da limones, haz limonada. Algo tienes que aprender de esto…”, comentario que le generó frustración y angustia.
Finalmente, decidió no dar seguimiento al proceso, considerando que sería mejor no involucrarse más.
Un sistema débil
La Comisión de Responsabilidad y Sanciones es el organismo más importante dentro del andamiaje institucional universitario para atender, prevenir y erradicar la violencia de género dentro de la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, es la que presenta más fallas y obstáculos para las víctimas de estos eventos. Erika Loyo quien fungió por varios años como la Jefa de la Unidad para la Igualdad, asegura que “la aplicación del reglamento” es de donde se desprenden estos errores.
A decir de la ex jefa de la unidad, no todas las comisiones y sus integrantes son especialistas en derecho, es decir, no cuentan con los conocimientos que les permitan aplicar un protocolo que fue construido para “juristas”. En ese sentido, reconoce que algunos de los pasos suscritos dentro del documento, como, por ejemplo, el “Informe de Presunta Responsabilidad”, resultan complejos de elaborar para quienes conforman las comisiones.
Loyo apunta “sí hemos detectado que alarga el acceso a la justicia de las de las personas víctimas. “Alarga los procedimientos, los hace muchas veces muy cansados, fue hecha para pensar sí en el poner en el centro a las víctimas, pero sobre todo también, pues, llevar a cabo procedimientos de investigación, de verificación, de pruebas y demás muy ajustados a la legalidad”.
A ello, se suma la rotación constante de quienes integran las comisiones de responsabilidades y sanciones dentro de los centros. Usualmente, debido a los procesos electorales o los propios cambios internos de administraciones. Aunque existen procesos de capacitación, no hay continuidad en los puestos:
“Ha resultado un enorme desafío porque cada año tenemos que capacitar a muchísimas personas que se unen a la comisión y que tienen que empaparse del procedimiento, del protocolo y del propio reglamento. No es justificación, pero eso también ha hecho que los procedimientos se vuelvan un poquito más tedioso”.
También reconoce que existe subjetividad en los procesos, sobre todo en el área de Primeros Contactos. Para ello, se pretende emplear un instrumento que evite estas situaciones. Le llaman la “Herramienta de Valoración de Riesgo”, la cual busca ayudar a identificar conductas y vincularlas directamente con la normativa que se violenta. Se prevé que esto reduzca “el riesgo de subjetividad en la investigación y sanción”.
No obstante, Loyo asegura que sigue habiendo “redes de poder y de jerarquía”, especialmente “redes de protección que se generan desde adentro”, que privilegian las jerarquías y actúan como un obstáculo para sancionar a quienes cometen estos actos de manera sistemática.
Con la llegada de la nueva rectora, Karla Planter, se espera que la aplicación del protocolo y sus procesos puedan mejorar, por lo que es otra tarea pendiente.
Procesos estancados e impunidad
Incluso, los casos que logran avanzar suelen quedar estancados, el informe 2024 revela que en el CUSur sólo cinco de las diez denuncias presentadas continuaban en investigación. Otro caso se encontraba en proceso de substanciación, que es parte del procedimiento para determinar responsabilidades, en otro más se firmó un acuerdo de paz, la suspensión de las personas responsables y se ordenó la aplicación de medidas cautelares “sugeridas por la fiscalía”.
La comunidad de estudiantes percibe que en estos procesos hay impunidad e indiferencia de parte de las autoridades universitarias. De las personas encuestadas para este reportaje, tres aceptaron inicialmente compartir su caso a profundidad, sin embargo, desistieron en el último momento.
Quienes decidieron compartir su testimonio textual, lo hicieron de forma anónima, con el fin de visibilizar las distintas formas de violencia, acoso y desigualdad que se viven dentro de la institución.
“Ineficacia institucional
“Sin sanciones o nulas acciones”, fueron las respuestas que se obtuvieron de las personas encuestadas para este reportaje. El 58.3% aseguró que, tras denunciar, ninguna autoridad les informó del avance o resultado de su denuncia; un 8.3% señaló que no hubo sanción y el resto indicó que la denuncia no avanzó.
Comentarios vagos como “que hablarían con esa persona”, “no me dieron razones” o simplemente “ninguna”, fueron algunas de las respuestas institucionales que recibieron cuando intentaron conocer más detalles sobre el avance de sus procesos. Otras personas señalaron que las autoridades minimizaron el problema: “que no podían tener acciones en contra de la maestra, porque estaba fuera de sus posibilidades”. Algunas otras prefirieron alejarse de la situación, como el caso de quien dijo: “ya no supe por qué me cambié de grupo y me distancié de ellos”.
Otros testimonios fueron más contundentes respecto a la falta de acompañamiento y la impunidad que persiste:
“yo no denuncié, pero sí hablé con el coordinador y la jefa de departamento. Lo que me comentaron fue que no era el primer caso que se suscitaba con ese docente y que iban a tratar de hablar con él. No hicieron más, tampoco me recomendaron poner o procesar una denuncia, así que, pues, prácticamente quedó impune”.
Actualmente, el área de Primeros Contactos solo tiene la facultad de emitir “medidas cautelares”, que buscan garantizar la protección de las víctimas. Algunas de éstas pueden ser: apercibimiento a la persona agresora para evitar contacto o amenazas, apoyo académico o psicológico, cambios de turno, grupo o lugar de trabajo, separación del cargo, procesos de reeducación o canalización a autoridades externas. Aunque, la aplicación de estas medidas depende de las Comisiones de Responsabilidades y Sanciones de cada centro.
La percepción generalizada es clara: los mecanismos son lentos, ineficaces y desgastantes. Además, afirmaron que hay una brecha de desigualdad, así como de género que los atraviesa. Lo que les genera una sensación de impunidad y desprotección ante sus agresores.
“Creo que no, incluso si hay un acercamiento, los procesos son tardados”; “No, porque la mayoría de personas dicen que nomás les dicen ‘tomaremos cartas en el asunto’ pero no sucede”; “No, no castigan a los agresores”; “No, porque los procesos son desgastantes y revictimizantes”; “No sé, todavía no me relaciono por completo con la universidad”; “Sí, solo falta más información”; “No, no hacen mucho caso”; “No, generalmente los procesos se traban y no procede”; “No lo suficiente porque el procedimiento no es muy efectivo en algunos casos”, son algunas de las respuestas que ofrecieron las personas encuestadas cuando se les preguntó “si consideraban que las acciones tomadas por la institución eran efectivas para protegerlos y resolver sus casos”.
Algunas más reconocen que la universidad ofrece ciertas herramientas, aunque son limitadas.
Menos denuncias no son menos casos
El descenso en las cifras no refleja una disminución de la violencia, sino los obstáculos que impiden que las personas que han vivido o viven estas violencias se atrevan a denunciar.
Aunque el protocolo de la universidad contempla diversas sanciones, Erika Loyo afirma que la institución prioriza las medidas de reeducación sobre las punitivas. Lo que se refleja en las estadísticas. De acuerdo con los datos oficiales, cinco de cada diez personas que acuden a Primeros Contactos “prefieren” el diálogo o medidas transformadoras, en lugar de formalizar una denuncia completa o buscar sanciones estrictas. Aquí se evidencia la tensión entre el punitivismo y los procesos educativos.
Desde su posición como jefa de la Unidad de Género, Erika Loyo señalaba que el número de denuncias depende de factores, como: la apertura de las autoridades a recibirlas, la reducción del miedo y la estigmatización, así como, la falta análisis para identificar tendencias claras. En toda la red universitaria las denuncias formalizadas en 2024 bajaron un 19% en comparación del año 2023, lo que no implica necesariamente una disminución de la violencia.
Factores como el miedo, la desconfianza en los procesos, la preferencia por soluciones no punitivas, la necesidad de confidencialidad, la urgencia de anonimato o protección para quienes denuncian frente a sus agresores y el desconocimiento del protocolo, contribuyen a que muchos casos de violencia de género permanezcan invisibles y sin denuncia formal.
Según la encuesta, el 66% considera que el proceso de denuncia requiere mejoras y el 28% señala que la universidad no brinda apoyo suficiente. A pesar de estas limitaciones, Erika Loyo no considera a CUSur un foco rojo de violencia, pero reconoce que aún hay retos importantes para garantizar una atención efectiva y segura para todas las víctimas.
Ana Fabiola Campos Jasso y Ludivina Margarita Masía Silva, responsables de Primeros Contactos en CUSur, explicaron que, este decremento en denuncias, no significa necesariamente que la violencia haya disminuido, “no puedo asegurar que disminuyen los casos de violencia porque nosotros tenemos el registro de cuando las personas vienen con la idea o cuando nos explican el caso y podemos decir hay violencia, pero de esas personas, ¿cuántos no se animaron a denunciar?”.
Una de las personas participantes en la encuesta, en el apartado destinado a compartir su historia sin la intención de ser contactada nuevamente, explicó:
“No me atrevo a denunciar porque creo que el problema se haría más grande, pero tampoco me gustaría que quedaran impunes. Ya no quiero que le suceda a nadie más”.
Por otro lado, tres personas más habían manifestado su interés en contar sus experiencias y proporcionaron sus datos de contacto; sin embargo, al momento de hacer el acercamiento, decidieron no responder ni compartir su testimonio. Estas mismas personas señalaron que no habían denunciado por miedo a represalias o porque no lo consideraban necesario, mientras que una de ellas indicó haber presentado una denuncia, pero sin recibir respuesta alguna a su caso.
***
En este enlace podrán leer otras historias elaboradas por las y los estudiantes de ZonaDocs: Escuela de Periodismo, 2da. Generación:
ZonaDocs: Escuela de Periodismo, 2da. Generación
***
Este trabajo es el resultado del proceso formativo de ZonaDocs: Escuela de Periodismo, 2da. Generación, proyecto auspiciado por la Fundación Internacional de Seattle, a través del Fondo para Jóvenes de Centroamérica y México (Fondos CAMY).
