Manos Libres
Por Francisco Macías / @pacommedina (X) / @FranciscoMacias (TG)
Justicia como una obligación de dar, distribuir o como oportunidad para la compasión que atiende necesidades y refleje lo que nos debemos como sociedad, es a lo que nos enfrentamos cotidianamente.
Hay quien ve a la justicia como una narrativa, una estadística o simplemente como un vehículo de castigo que no deja satisfecho a nadie, ni a los operadores, ni a los que se encuentran en conflicto con la ley, ni mucho menos a quien recibe el daño y busca retomar el control de su vida.
Más allá de los múltiples enfoques, existen realidades que reclaman acciones y respuestas, que nos vuelven a exigir volver a los mínimos acuerdos como sociedad, si es que queremos continuar en una construcción de la democracia.
El primer episodio y el más relevante, es la noticia sobre el rechazo de Martha Álvarez-Ugena a la reparación del daño -por concepto de proyecto de vida- por más de 20 millones de pesos debido al homicidio cometido por el futbolista Joao Maleck Robles, en contra de su hija María Fernanda Peña Álvarez y su esposo.
La misma madre señaló que “ni con todos los millones del mundo me van a reparar la muerte de mi hija; solo sería posible si me regresan con vida a Fernanda” (El Occidental, 10 de octubre 2025).
El hecho refleja lo limitado de las herramientas del derecho ante un daño irreparable, independientemente de que el monto suene a algo extraordinario, para la dignidad y justicia de la familia de María Fernanda Peña resulta irrelevante debido a que la determinación pulcramente ceñida a un procedimiento que carece de una escala que represente sus necesidades, entre ellas la de evitar la impunidad de sujetos que bajo el alcohol y protegidos por la impunidad arrebatan vidas y sueños.
Surge entonces la necesidad de que la justicia sea un instrumento que restaure en la medida de lo posible, con otros oídos, palabras y acciones. Que, ante un hecho traumático y violento como este, también propicie responsabilidades en la comunidad y en el mismo Estado, que el dolor inmenso tenga un significado para una construcción de futuro.
Otro episodio para comentar es el relacionado con la intención de aprobar la reforma judicial en Jalisco por parte de las personas diputadas del PRI, PAN, Morena, Hagamos, Futuro y PT del Congreso de Jalisco, sin incluir otras fracciones políticas y con una propuesta que reflejaba más la intención de activar el debate que en realidad mostrar preocupación por la justicia que se requiere.
El propio Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció la falta de diálogo y propuso un nuevo, donde puedan incluirse voces y propuestas de universidades, colegios de abogados, organizaciones de la sociedad civil e incluso el mismo Poder Judicial, “ya que no puede haber reforma legítima si se impulsa de manera apresurada o excluyente” (El Informador, 8 octubre 2025).
Más allá de las agendas partidistas, de la construcción de las distintas iniciativas y sus intereses, la falta de diálogo refleja la ausencia de un componente importante para poder acercarnos a un proceso justo en un tema fundamental.
En materia de justicia, es un reflejo de la desgastada mirada de los actores políticos lo que ha ocasionado que los acuerdos solamente se lleven a cabo cuando se negocian intereses corporativos o que rayan en personalismos, con voces unívocas o en alianza con actores que revisten apariencias de legitimidad o de personas expertas solo útiles para méritos académicos, lo cual desencadena cuotas, cuates y daños a vidas de personas concretas.
La justicia no es un consejo de administración de una empresa a la que se tiene que administrar, nombrar apoderados o realizar inversiones, se trata de una de las bases de los derechos humanos y la democracia.
Nos encontramos ante la oportunidad de construir una reforma que superen esos intereses, incluso de los mismos actores que están convocando y acompañando.
Es indispensable reconocer que, si la justicia está en crisis, el ejercicio de diálogo debe de ser extraordinario y fundante. Que sea convocado mediante un amplio pacto ético político llevado a cabo por otros actores sociales, desde las víctimas y personas que requieren del sistema de justicia, hasta personas relevantes que han realizado grandes aportes a la humanización de Jalisco, universidades, organizaciones civiles e iglesias que funjan como mediadores y garantes del proceso justo, para que el resultado sea aceptado, gradual y que transparente los intereses en beneficio de los que más necesitan de justicia.
Es momento de que los actores políticos escuchen, atiendan, construyan con otros y acepten que son parte del problema, pero también de la solución con otros, otras.
La sociedad en Jalisco ya ha protestado, exigido, reclamado e incluso ha puesto el ejemplo en la construcción de otros sistemas, es momento de darle más poder a la gobernanza ciudadana para innovar y abrir las puertas, para que como dice aquel gran versículo: “la justicia sea tan corriente como el agua”.
