Tras 8 años de una deuda pendiente en la creación de una Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura, CEPAD exigió al Estado de Jalisco atender esta obligación de manera íntegra. Creando así, una Fiscalía autónoma, con presupuesto suficiente y transparente, ubicación geográfica que no revictimizar y la participación activa de víctimas y sociedad civil.
Actualmente en el estado existen 1,621 carpetas de investigación aperturadas por este delito, pero sólo dos han sido judicializadas.
Por Karen García / @karen_gdlt
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), realizó una conferencia de prensa junto a las diputadas y diputados Mariana Casillas Guerrero, Tonantzin Cárdenas, Valeria Ávila, Enrique Velázquez y Tonatiuh Bravo, para abordar las omisiones del Estado de Jalisco para la creación de la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura (FEIDT). Una deuda que tiene 8 años pendiente.
Denisse Montiel, Codirectora de CEPAD expresó que el Estado está en la obligación de cumplir esta deuda, pero lamentablemente no lo ha hecho. Ya que, fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien emitió la resolución en enero del 2024 y no el Estado; pasando a que en mayo de 2025 el Congreso de Jalisco aprobará la reforma constitucional para crear la fiscalía. Sin embargo, su materialización ha sido obstaculizada por retrasos administrativos y deficiencias en el dictamen, mismas que fueron corregidas apenas el 31 de octubre.
“Cuando hablamos de la ausencia de una institución que investigue los actos de tortura, hablamos también de una deuda pendiente para las víctimas”, expresó Denisse Montiel, debido a que en Jalisco no hay ninguna sentencia condenatoria por este delito.
Esto genera indignación, pues sin una institución autónoma que se encargue de investigar estos delitos y con una impunidad del 100%, las víctimas no tienen acceso a la justicia, la verdad ni a la reparación integral del daño.
Actualmente, la institución que lleva a cabo estos procesos es la Dirección de Investigación para Prevenir y Sancionar el Delito de la Tortura, misma que fue señalada por la codirectora de CEPAD por no desarrollar procesos de investigación exhaustivos y eficaces. Puesto que existen 1,621 carpetas de investigación aperturadas por este delito, de las cuales solo 2 han sido judicializadas, 49% se encontraban en archivo temporal, porcentaje que aumentó a 58% en septiembre de 2025. Demostrando que cada vez son menos los casos activamente investigados por este órgano.
Entre las exigencias para la creación de esta Fiscalía, señalaron la importancia de un presupuesto claro y suficiente, que sea una entidad autónoma y entre otras cosas, se considere la ubicación geográfica de este, pues el actual órgano encargado, se encuentra a espaldas de la Fiscalía del Estado, uno de los principales actores en la tortura, por lo que, al denunciar, las personas se ven revictimizadas y en desconfianza.
Jalisco es el tercer estado con mayor denuncias por tortura y el séptimo por mayor actos de tortura en centro penitenciarios. Además de ser un estado en el que las represiones por la protesta social es un acto común. Evidencias de esto son las torturas, desapariciones forzadas y privaciones a la libertad de las protestas del 4, 5 y 6 de junio de 2020 o las ocurridas el 28 de mayo de 2004. Ninguno de estos casos ha tenido acceso a la justicia.
“¿Realmente podemos hablar de justicia cuando la mayoría de las personas que actualmente se encuentran privadas de la libertad en algún centro penitenciario de Jalisco son inocentes, obligadas a confesar un delito que no cometieron?”, comentó Denisse Montiel. Recalcó también, la importancia de poner en la mesa las torturas en centros de rehabilitación, mismos que son invisibilizados.
Asimismo, señalaron y reconocieron que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, se tiene contemplado un presupuesto de 60 millones de pesos para el programa contra la tortura y atención a víctimas del delito, lo cual habla de una prioridad en este tema. Sin embargo, la preocupación deriva en las instituciones a las cuales serán destinados.
Finalmente, las exigencias que CEPAD hace:
Al Congreso del Estado de Jalisco:
- En caso de no haberse enviado aún, que la Dirección Jurídica del Congreso envíe a la brevedad el dictamen corregido al Ejecutivo para su publicación.
- Que en el diseño de Presupuesto de Egreso 2026 se integre una partida presupuestal específica y suficiente para la creación de la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura y Delitos Vinculados, considerando en el proceso la participación de la sociedad civil y las víctimas de estos delitos.
- Que una vez publicado el decreto mediante el cual se crea la Fiscalía Especializada, se inicie el proceso para reformar las leyes secundarias en la materia, contemplando en él la participación de la sociedad civil.
Al Ejecutivo del Estado de Jalisco:
- Una vez que el Congreso del Estado de Jalisco le remita el dictamen corregido, publique en el Periódico Oficial el dictamen de reforma constitucional mediante el cual se crea la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura y Delitos Vinculados.
A ambos poderes:
• Que en el proceso de elección de la persona titular de la Fiscalía Especializada se contemplen mecanismos que aseguren la participación de las víctimas y de la sociedad civil.
