Ana Guadalupe Sarabia, trabajadora social de 76 años, denunció este jueves que, a siete años de iniciarse la construcción de un desarrollo habitacional a un costado de su vivienda, continúa sin reparación del daño pese a contar con una sentencia favorable, por lo que anunció que en enero acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar la atracción de su caso.
Por Miguel Vidal / @Vidal_PMiguel (IG)
Fotos: Lauro Rodríguez
Ana Guadalupe Sarabia, durante más de siete años ha mantenido una lucha legal en contra del grupo Aravel, una desarrolladora inmobiliaria que inició la construcción de un edificio contiguo a su vivienda.
A partir del año 2018, su casa presentó grietas, filtraciones y afectaciones estructurales que, según ha declarado públicamente en múltiples ocasiones, fueron documentadas por dictámenes periciales de ambas partes, así como por inspecciones municipales. La magnitud del riesgo y afectaciones provocaron que, en junio de 2019, Protección Civil le ordenara desalojar el inmueble.
La señora Ana firmó un convenio ante justicia municipal, mediante el cual la desarrolladora se comprometió a realizar las reparaciones y cubrir gastos por renta y por la interrupción de sus tres negocios familiares. Aunque el seguro aprobó un monto estimado cercano a 600 mil pesos, Sarabia afirmó que los trabajos quedaron inconclusos y que fue desalojada nuevamente tiempo después, en una de las ocasiones con uso de fuerza pública.
Pese a contar con una sentencia condenatoria que reconoce el daño y ordena la reparación, calculada en 3 millones de pesos, la ejecución permanece detenida debido a que la desarrolladora y la propietaria del terreno promovieron un juicio de amparo.
El Juzgado Primero de Distrito concedió una suspensión que impide cobrar la sentencia, embargar la torre o acceder a recursos del fideicomiso de construcción, todo ello bajo una garantía de solo 30 mil pesos.
“La suspensión no es una absolución, es una pausa que mantiene sin reparación a quien ya ganó los tribunales”, señaló. Añadió que, tras años de desplazamiento, crisis emocionales y gastos médicos derivados del proceso, continúa viviendo en un cuarto rentado.
El arquitecto Rafael Orta, quien estuvo presente en la rueda de prensa convocada, afirmó que el origen del daño fue un error técnico del desarrollador al perforar el aljibe de la vivienda durante los trabajos de cimentación. Acusó además que los fideicomisos inmobiliarios se han convertido en “escudos” que dificultan los embargos y la garantía de la reparación.
El equipo de asesoría legal mediática explicó que la suspensión federal ha bloqueado los intentos de embargo y mantiene paralizada la ejecución de la sentencia. Señalaron que la vivienda no está en condiciones completas de habitabilidad, pues aún enfrenta adeudos, trabajos pendientes y la falta de un nuevo dictamen de Protección Civil que confirme que ya no existe riesgo.
Tres peticiones centrales
Sarabia hizo un llamado público a:
- El Poder Judicial, para que garantice la eficacia de las resoluciones y evite que las suspensiones vuelvan “ilusoria” la reparación del daño.
- La empresa desarrolladora, para que cumpla voluntariamente con la sentencia.
- La Suprema Corte, para que el ministro presidente Hugo Aguilera atraiga la revisión del amparo y revise su expediente bajo una perspectiva de acceso a la justicia y reparación integral.
La señora Ana Sarabia adelantó que, en enero, acudirá personalmente a la SCJN y permanecerá a las afueras del edificio “el tiempo que sea necesario” hasta ser atendida.
“No busco ninguna ventaja, solo que se cumpla lo que la ley ya me concedió”, concluyó.
