El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) advirtió que la información presentada por la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda durante la Glosa del primer año de la administración de Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano muestra avances administrativos y de coordinación, pero no responde a la magnitud de la crisis de desaparición.
Por su parte, las diputadas de Futuro, Mariana Casillas y Tonantzin Cárdenas criticaron que los recursos destinados a la búsqueda de personas desaparecidas se estén empleando en infraestructura que no está dando resultados reales.
Por Darwin Franco / @DarwinFranco
Tras la presentación de “resultados” de parte de la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Jalisco en el marco, en el marco de la primera Glosa de Gobierno de la administración de Pablo Lemus, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) señaló que las dependencias estatales continúan interpretando, comunicando y atendiendo la desaparición de personas bajo parámetros inadecuados, lo que impide dimensionar la gravedad del fenómeno.
La organización que acompaña a colectivos de búsqueda subrayó que, a diferencia de delitos como robo o homicidio, una desaparición no concluye con la denuncia, sino hasta que la persona es localizada con vida o identificada, por lo que la métrica central debe ser cuántas personas siguen sin ser encontradas.
“la métrica relevante no es cuántas denuncias ingresaron en un periodo, sino
cuántas personas siguen desaparecidas. Al 31 de octubre de 2025, la cifra asciende a 15,983 personas, un número que refleja la persistencia y gravedad de la crisis”, explicaron en un comunicado.
La organización destacó también que la reducción temporal de reportes no representa un logro institucional “mientras el universo acumulado de personas desaparecidas continúa creciendo y miles de familias se mantienen en búsqueda”.
Asimismo, advirtió que persiste una diferencia superior a mil casos entre el Registro Estatal y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas—14,200 casos en la plataforma federal—lo que demuestra que la homologación anunciada no se ha completado. Esta brecha, señaló: “afecta la búsqueda, los cruces de información y la transparencia del fenómeno”.
En cuanto a la Secretaría General de Gobierno, el CEPAD reconoció que la dependencia presentó un amplio conjunto de acciones en materia de búsqueda, coordinación y atención a víctimas; sin embargo, señaló que estas no están vinculadas a resultados verificables, pues “no se especifica cuántas personas fueron localizadas a partir de operativos, cuántos casos de larga data se resolvieron ni de qué manera se redujo la impunidad”.
El comunicado enfatiza que el volumen de acciones no equivale a eficacia. Como ejemplo, señaló que en predios como Las Agujas y Teuchitlán continúan apareciendo indicios de fosas clandestinas incluso después de que la Comisión de Búsqueda y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses concluyeran sus labores, lo que evidencia deficiencias en protocolos, supervisión y capacidades técnicas.
Sobre la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda (SIyB), el CEPAD cuestionó la falta de productos sustantivos de inteligencia. Indicó que la dependencia no presentó diagnósticos, informes estratégicos, mapas de riesgo, patrones territoriales ni sistemas de alerta temprana, pese a que estas funciones representan el núcleo de su mandato.
También observó que los convenios, reuniones y campañas reportados por la Secretaría no se vinculan con localizaciones, decisiones de política pública o acciones basadas en evidencia. En cuanto a la atención a familias, sostuvo que las cifras de acompañamiento y entrega de dispositivos de protección son reducidas frente a la magnitud de la crisis e, incluso, reportaron fallas en equipos destinados a personas buscadoras.
El CEPAD señaló además que, aunque la Secretaría presume avances tecnológicos y el uso de inteligencia artificial, no presentó resultados concretos ni procesos de evaluación, lo que convierte estas herramientas en promesas sin sustento metodológico.
Finalmente, la organización de defensa de los derechos humanos lamentó que la Glosa excluyera a colectivos, familiares de personas desaparecidas y organizaciones civiles, lo que limita la rendición de cuentas. Reiteró además la necesidad de fortalecer la transparencia, la calidad de la información pública y la eficacia de las instituciones responsables de la búsqueda, la identificación y la atención a víctimas.
El CEPAD concluyó que la información presentada por las dependencias refleja avances administrativos, pero también vacíos críticos en diagnósticos, resultados verificables, políticas de prevención e inconsistencias en los registros oficiales, por lo que instó al gobierno estatal a superar la lógica de acciones aisladas y priorizar la verdad, la búsqueda efectiva y el derecho de las familias a respuestas oportunas y dignas.
Diputadas de Futuro critican el mal uso de recursos para buscar, así como la estigmatización de las víctimas de desaparición
Las diputadas de oposición Mariana Casillas y Tonantzin Cárdenas, ambas de Futuro, denunciaron que la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas de Jalisco no está cumpliendo con la promesa de transformar la búsqueda en un estado que registra más de 15,900 personas desaparecidas.
Señalaron que, aunque se anunciaron más de 2,100 millones de pesos para la dependencia, los recursos se están destinando a cámaras, arcos carreteros y un nuevo C5, en lugar de fortalecer capacidades forenses, peritajes y presencia institucional en campo.
Las críticas de Mariana Casillas se centraron en señalar que la Secretaría opera con sólo 64 empleados, lo que ha generado duplicación de funciones y debilitamiento de la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco (COBUPEJ). Añadiendo además que, mientras las madres buscadoras continúan trabajando “solas con palas”, la dependencia presume algoritmos, modelos predictivos y “localizaciones” que, en su mayoría, son de carácter administrativo y no resultado de búsqueda real: “La burocracia crece; la búsqueda real no”, precisó.
Además la diputada por el Distrito 14 de Tlajomulco, uno de los municipios con más incidencia en desaparición, cuestionó que, pese a la inversión anunciada, no se están destinando recursos a identificación ni equipos forenses, al tiempo que se mantiene una narrativa oficial que no se refleja en la realidad del territorio.
Para ejemplificar su dicho recordó el hallazgo de más de 400 bolsas con restos humanos cerca del Estadio Akron y preguntó a la titular, Edna Montoya Sánchez.: “dónde estaban sus modelos predictivos” y “dónde estaba el Estado cuando se encuentran estas fosas”, esto al considerar que estos hechos delictivos evidencian la falta de resultados y la simulación gubernamental.
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Por su parte, la diputada Tonatzin Cárdenas advirtió que atribuir la desaparición a las familias o a las propias víctimas es “profundamente clasista e injusto”, pues señaló que esta narrativa es revictimizante para quienes han tenido que convertirse en buscadoras y buscadores por la ausencia de sus seres queridos. Afirmó también que la desaparición es un fenómeno estructural ligado al crimen organizado, la impunidad y las fallas del Estado, por lo que culpar a las víctimas implica evadir responsabilidades institucionales y agravar el dolor de las familias.
Las legisladoras insistieron en que la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas de Jalisco concentra recursos pero no garantiza verdad ni búsqueda efectiva.
Advirtió, en ese sentido, que la inversión pública se está orientando hacia obra e infraestructura tecnológica, sin atender necesidades urgentes de identificación de personas ni garantizar condiciones de acompañamiento a las familias en territorio, lo que se traduce en simulación de búsqueda cuando lo que debería de estar haciendo el Gobierno de Jalisco es buscar a las 15 mil 983 personas que permanecen desaparecidas.
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