La violencia vicaria en Jalisco no solo permanece invisibilizada: tampoco se registra, no se tipifica y rara vez se investiga con perspectiva de género. Esta es la principal conclusión del reporte presentado por Civilidad para Transformar, el 19 de noviembre, en el contexto del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.
Tras analizar 30 casos acompañados entre 2024 y 2025, la organización —junto con Marea Incondicional y el Despacho Jurídico Ramos de la O— documenta un patrón sistemático de agresiones, omisiones institucionales y procesos judiciales que terminan por revictimizar a las madres.
Por Elizabeth Vázquez / @maeliz_v
Un informe ciudadano, elaborado a partir del análisis de 30 casos acompañados entre 2024 y 2025 que sufrieron violencia vicaria, muestra que la falta de perspectiva de género en las instituciones judiciales profundiza la violencia, así lo denunció la organización Civilidad para Transformar, quien presentó el 19 de noviembre -en alianza con la Colectiva Marea Incondicional y el Despacho Jurídico Ramos de la O- un reporte de los resultados de su estudio donde se evidencian patrones graves de violencia vicaria, así como la dificultad de acceso a la justicia para las mujeres en Jalisco.
Los datos del análisis confirman que el 100% de las mujeres entrevistadas sufrió otro tipo de violencia durante la relación: las 30 vivieron violencia psicológica; 29 violencia económica; 21 violencia física; y 20 violencia sexual. Dos de ellas sobrevivieron a intentos de feminicidio y una fue víctima de privación de la libertad.
Ana Paula Sandoval Jiménez, directora de Civilidad para Transformar (organización que tiene más de 12 años operando en pro de la ciudadanía activa), explica que la violencia vicaria se trata de una violencia de género, es decir, que se practica de hombres en contra de mujeres únicamente, y que consiste en la ejecución de cualquier tipo de violencia hacia las personas cercanas a la víctima, con tal de hacerle daño; generalmente, se trata de lxs hijxs que tienen en común.
“Se trata de una violencia escalada, pues el agresor traslada el ejercicio de violencia hacia los seres más queridos de la víctima. Uno de los agresores intentó ahorcar a una de las mujeres que acompañamos; ella, además del trauma, sufrió una lesión cervical de tercer grado, entre otras heridas. Finalmente, la denuncia se reclasificó como lesión, no como tentativa de feminicidio. El agresor en este caso pagó 8 mil pesos para obtener una suspensión condicional, mientras que la víctima ahora está inscrita en el padrón de deudores alimentarios con un adeudo de más de 180 mil pesos”, narra la directora.
La violencia vicaria, además, agrega o tiene otro componente importante: la violencia institucional y procesal, es decir, que también se agrega el factor de judicialización de la vida de la mujer.
“Precisamente por todos los factores que componen a la violencia vicaria, la víctima también sufre de violencia institucional y violencia procesal, pues existe un contexto machista en donde la mujer se encuentra en desequilibrio y desigualdad con respecto de los hombres. Este tipo de violencia es multifactorial, se ejerce de muchas maneras”, explica.
En materia penal, relató casos en los que delitos han sido minimizados:
“En una audiencia de violación, el juez dictó que como tal no fue violación, a pesar de haber abuso sexual de por medio (…) Lo calificaron como violencia familiar. Entonces, él salió libre, a pesar de haber sido vinculado a proceso dos veces antes, por delitos graves”.
El análisis también mostró que lxs niñxs viven consecuencias graves de la violencia vicaria: “Traemos asuntos de niñitos muy chiquitos con abuso sexual por parte del progenitor. Niños que no van a la escuela, porque están escondidos; que viven procesos traumáticos, donde pierden a su madre y cambian su entorno de un día para otro”, explicó Sandoval.
El reporte también revela que la violencia vicaria no se mide adecuadamente. “No podemos contabilizar la violencia vicaria de manera eficiente porque actualmente no se reciben denuncias por violencia vicaria”, señaló. Esto significa que muchos delitos concatenados, como violencia familiar, abuso sexual o lesiones, no se registran como parte de un mismo patrón de agresión:
“Una mamá trae tres carpetas en en CJM, una por violencia familiar, otra por otro hecho de violencia física reiterada y otra por violación. Y sí, son tres son tres tipos penales diferentes, sin embargo, es el mismo agresor y es la misma víctima. En conjunto, también violencia vicaria. Y no se está considerando de manera integral, no se está considerando que el agresor es reiterativo. Eso es lo que lo vuelve muy complejo y también hace engañosas las estadísticas”, afirma.
20 de los 30 casos tienen procesos en el Centro de Justicia para la para la Mujer (CJM), y en términos de violencia vicaria, 14 de estas 30 mamás han sido denunciadas por parte de sus agresores por delitos múltiples, falsamente. 27 de las 30 mamás recibieron amenazas de que les iban a quitar a sus hijxs como medida de sometimiento, y en 20 de los casos, sucedió.
La urgencia de transformar la Ley Vicaria en Jalisco es uno de los llamados más firmes por parte de la asociación. Se mencionó que la legislación aprobada el 5 de junio del año pasado con motivo de la violencia vicaria es deficiente, y necesita enmendarse para que realmente proteja a las víctimas:
“Le hace falta el candado específico de género: es decir, que solo se ejerza de hombres contra mujeres. Si no, lo que estamos haciendo es instrumentar; les damos otra herramienta a los agresores para generar más violencia, y eso no lo podemos institucionalizar”, enfatizó Sandoval.
Además, señaló la necesidad de que la violencia vicaria sea reconocida como un delito autónomo y no únicamente como un agravante: “Así como está, hace muy complejo que las víctimas puedan denunciar porque no tiene un tipo penal propio, y entonces tampoco tiene una consecuencia clara”.
En la ruta legislativa, Sandoval recordó que ya existe una iniciativa en ese sentido, presentada por la diputada Tonantzin Cárdenas y retomada por la diputada Candelaria Ochoa, en cuya elaboración participaron junto con el despacho Ramos de la O. Sin embargo, el avance se ha visto detenido: “En la sesión en la que se iba a votar no se logró el quórum porque las diputadas de Movimiento Ciudadano no se presentaron”. Por ello, hicieron un exhorto público a las legisladoras para que atiendan el proceso con urgencia.
El llamado también se dirigió a la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Fabiola Raquel Guadalupe Loyola Hernández. “Presentaron alrededor de 221 acciones por el 25 de noviembre, pero ninguna está enfocada en la violencia vicaria, y es necesario que sí lo esté”, subrayó.
Las organizaciones insistieron en que reconocer esta violencia es un paso indispensable. “Necesitamos que exista y se hable del término violencia vicaria como tal. Muchas veces las mujeres ni siquiera se identifican como víctimas porque está normalizado”, dijo Sandoval.
Parte de este esfuerzo incluye también un amparo que promovieron para que la ley estatal se homologue con la ley federal y que actualmente se encuentra en segunda instancia. La directora reiteró que esta falta de perspectiva de género en el Poder Judicial es un obstáculo estructural:
“Estamos pidiendo que el Consejo de la Judicatura capacite a ministros, jueces y juezas para que realmente juzguen con perspectiva de género, porque en Jalisco no hay acceso a la justicia. Es el poder judicial más ineficiente del país y el sexto con mayor presupuesto. No puede ser que con tantos recursos los procesos tarden no menos de dos años”.
La dimensión del problema también se refleja en la carga de procedimientos que se deben emprender para lograr justicia: “Llevamos 14 juicios ordinarios, 37 amparos, 17 recursos de revisión, tres de apelación y 20 de queja. Más de 90 procedimientos para que 11 mamás tengan acceso a la justicia”.
La directora de Civilidad para Transformar fue enfática sobre las fallas institucionales: “No está bien que los centros de justicia para las mujeres no integren bien las carpetas. Que reclasifiquen los delitos. Que no tomen las denuncias”. Adicionalmente, nos recuerda que Jalisco ocupa los primeros lugares nacionales en violencia contra las mujeres:
“Somos el estado número uno en prevalencia de violencia vicaria, y eso que no se contabiliza bien. Número uno en llamadas al 911 por violencia familiar y sexual; número cuatro en violencia familiar; número tres en lesiones dolosas contra mujeres. En feminicidios estamos en octavo, pero solo el 15% de los homicidios de mujeres se clasifican como tal”.
Ante este panorama, la postura de Civilidad para Transformar es clara:
“No podemos voltear para otro lado. La respuesta está en reconocer, dar la cara y comenzar a atender el problema desde abajo: nombrarlo, tipificarlo, que se pueda denunciar. Que las fiscalías tomen en serio las denuncias, que orienten bien, que asesoren bien a las víctimas”.
Finalmente, como parte de este esfuerzo, la directora de la organización compartió que a partir del siguiente miércoles (y todos los miércoles hasta el 10 de diciembre), la asociación ofrecerá un taller virtual gratuito sobre primeros auxilios judiciales para todas las mujeres que lo necesiten.
