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Por E. Araceli Fabián / @lafabianne (X)
2025 fue un año particularmente difícil para el periodismo en el país. El ejercicio informativo enfrentó un aumento desmedido de sanciones y demandas contra periodistas y ciudadanos que señalaron o cuestionaron públicamente el actuar de funcionarios en el poder, ya fuera en su trabajo informativo o en sus redes sociales personales. Organizaciones como Artículo 19, Propuesta Cívica y la Red en Defensa de los Derechos Digitales R3D, han calificado estos actos como una censura sin precedente que atenta contra la libertad de expresión y el acceso a la información de la población.
Esta tendencia preocupa a sectores de la sociedad civil, periodistas y académicos, pues sin voces críticas que denuncien abusos, la ciudadanía carece de argumentos para informarse y exigir rendición de cuentas. Según datos de Artículo 19, el acoso judicial contra periodistas en México creció en 2025, solo en la primera mitad del año se registraron 51 casos -39 contra periodistas (1) y 12 contra medios de comunicación-, comparado con un solo registro en 2015. El aumento en una década es significativo.
La violencia contra la prensa y los ciudadanos críticos ya no se limita a agresiones o amenazas físicas, ahora incluye tácticas de desgaste económico, físico y mental, ejercidas a través de demandas por la vía civil mediante la figura de “daño moral”, como subrayó Sara Mendiola directora de Propuesta Cívica, en la Cátedra de Libertad de Expresión en la FIL Guadalajara.
En este orden de ideas, en el reporte Las leyes como mecanismos de censura (2025) (2) el acoso judicial muestra un crecimiento sostenido desde 2016 -17, cuando se registraron 13 denuncias. Esta tendencia ascendente continuo en el bienio posterior con 21 casos anuales; alcanzando un pico crítico entre 2020 y 2021 con 39 y 40 registros, respectivamente. Tras un ligero descenso entre 2022 y 2024, las denuncias se volvieron a disparar en 2025, alcanzando una cifra récord con 51 casos, como se observa en la siguiente gráfica.
Este repunte obedece a una estrategia política de presión y control sobre los medios, los periodistas y los contenidos, que tiene un impacto directo y negativo en los temas, las coberturas y los enfoques de publicación, es decir, en la libertad para expresarse, emitir opiniones o plantear debates sobre temas de interés público en medios impresos, digitales y redes sociales. Esta cantidad de denuncias, señala el reporte, son de distintos tipos: electorales, civiles, penales, administrativas o mercantiles, lo que representan una estrategia política para hostigar a la prensa, y tienen por objetivo, inhibir el ejercicio informativo (3).
Uno de los casos que encendieron las alarmas fue el de Karla Estrella de Sonora, ciudadana que publicó un tuit sobre una Diputada Federal del PT; siendo denunciada por esta ante el Tribunal Electoral Federal. La instancia judicial le impuso como sanción a Estrella, fijar durante 30 días en esta red social un extracto de la sentencia, acompañado de una disculpa pública, dictada por el mismo Tribunal. Dicha disculpa hace alusión directa a la violencia política en razón género (4) como argumento para la sanción; utilizando este recurso como mecanismo para intimidar, por ende, autocensurar, las opiniones personales sobre temas de interés público, premisa clave para el ejercicio de la democracia (5).
En tanto, en Campeche, el periodista Jorge González fue acusado por la gobernadora de delitos de incitación al odio y a la violencia. Además, tribunales locales aprobaron la creación de un censor de contenidos digitales para el medio Tribuna (6), medida cautelar para la verificación de publicaciones, que tiene como objetivo controlar la información que se difunde en el medio y restringir su trabajo periodístico, validando de esta manera la censura previa.
De acuerdo con R3D, Campeche es un caso paradigmático “por el uso de figuras legales ambiguas con la finalidad de censurar” (7). Una práctica que se está replicando en otros estados, mediante la creación de nuevos tipos penales, que suponen una advertencia para los periodistas, medios y ciudadanos de evitar investigar o publicar contenidos relacionados con funcionarios públicos en el poder o, que pretendan acceder a un cargo público, sobre todo en el ámbito Estatal.
El caso de Puebla es otro caso paradigmático, toda vez que el congreso local ha tipificado en el artículo 480 del código penal, el delito de ciberasedio, para imponer sanciones penales a toda persona que en redes sociales o plataformas digitales “realice actos de vigilancia, hostigamiento u ofenda a una persona”, sin contemplar con claridad suficiente, una definición puntual para la interpretación, por tanto, altamente subjetiva, dando pie a la criminalización del periodismo y al libre derecho de todo ciudadano a buscar información por cuenta propia o solicitarla vía mecanismos de transparencia y rendición de cuenta.
Esta tendencia se refleja en distintos estados del país donde se han presentado denuncias y resoluciones judiciales contra periodistas y medios de comunicación, la mitad de ellos bajo el argumento de violencia política en razón de género, Artículo 19 documentó 25 casos de este tipo. La instrumentalización de esta figura legal, producto de luchas históricas como excusa para amenazar y fomentar la censura y autocensura, a través de medidas cautelares de remoción de contenidos, subvierte los preceptos democráticos, que promueven en términos teóricos, la posibilidad de plantear diversos puntos de vista en el espacio público, dialogar y/o debatir sobre ellos.
En consecuencia, el abuso por parte de funcionarias públicas de este recurso legal lastima el origen y causas que defiende, pues supone un uso consciente y arbitrario de la norma que contraviene su esencia y sentido, percibiendo en todo cuestionamiento o investigación publicada una amenaza a sus aspiraciones políticas.
Este tipo de litigios contra la participación pública (SLAPP por sus siglas en inglés) apelan al desgaste del ciudadano o periodista como venganza, inhibiendo la publicación de algún cuestionamiento o investigación periodística fundamentada, en pocas palabras, se utiliza este mecanismo de sanción político – electoral para neutralizar a quien se atreva a incomodar y, los tribunales, mediante sus sentencias, están validando estos actos de censura previa.
Incluso el propio Instituto Nacional Electoral ha reconocido en varias ocasiones, que las publicaciones periodísticas que proveen información de interés público, no constituyen per se violencia política contra las mujeres en razón de género. No obstante, este tipo de denuncias contribuyen a engrosar un trabajo innecesario para las instancias resolutivas; burocratizando los procesos, desgastando al demandado y negando a la sociedad la posibilidad de conocer a sus funcionarios públicos o candidatos a un puesto de elección popular. En este caso, a sus funcionarias y candidatas. Es “tiempo de mujeres” y tal parece que el slogan vale para todo, así atropelle al derecho al acceso a la información y a la libertad de expresión de los ciudadanos.
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Referencias:
(1) 28 hombres y 11 mujeres.
(2) Artículo19. (2025, 26 de agosto). Las leyes como mecanismos de censura: Aumento del acoso judicial contra periodistas en México. https://articulo19.org/las-leyes-como-mecanismo-de-censura-aumento-del-acoso-judicial-contra-periodistas-en-mexico/
(3) Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula (julio, 2025). Ella es Karla Estrella, la mujer obligada a pedir disculpas a una diputada del PT. Grupo Fórmula. https://www.youtube.com/watch?v=bXjnRgg3hBE
(4) Los tres estados donde más se ha presentado esta práctica, indica Artículo 19, son: Veracruz (10), Ciudad de México (9) y Jalisco (6).
(5) Guillén, B. (2025, 24 de junio). Sanciones tuiteras y periodistas inhabilitados: las denuncias por censura crecen en México. El Páis. https://elpais.com/mexico/2025-06-24/sanciones-a-tuiteras-y-periodistas-inhabilitados-las-denuncias-por-censura-crecen-en-mexico.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwY2xjawMAXQRleHRuA2FlbQIxMQABHl48N5MejC_re8COYJdGw3mK-sO0fC6bDtD59-no05p0B3L5d9M4gZPsqkXo_aem_7DArcqLFGraU5hC-XMHIFg
(6) Cabadas, M. (2025, 31 de julio). Previo a informe de layda imponen censo a diario de Campeche; piden datos de su community manager para ver publicaciones. Alianza de MediosMX. https://alianzademediosmx.org/noticias/previo-a-informe-de-layda-imponen-censor-a-diario-campeche-piden-datos-de-community-manager/3276
