Manos Libres
Por Francisco Macías / @pacommedina (X) /@FranciscoMacias (TG)
Foto: Leslie Zepeda
Los impuestos y los incrementos de las tarifas de servicios se han convertido en noticias cotidianas que alteran condiciones de vida, sobre todo cuando hablamos de usuarias.
Si bien es cierto hay diferencia técnica entre un impuesto y una tarifa, la realidad es que en ambos casos existen problemas para verlos reflejados con claridad en beneficio de la población, basta ver los gastos en comunicación de los gobernantes o la realización de obras para eventos pasajeros.
Los aumentos siempre vienen acompañados de justificaciones desde la tradicional invitación a que todas las personas “se ajusten el cinturón para aportar en beneficio de las demás”, hasta “es por el bien de la economía de las familias”, que terminan en resúmenes de una realidad compleja y a través de palabras que parecen sentencias: “era insostenible la condición del servicio”, todo ello acompañado siempre por una falsa pseudo culpabilidad, sensibilidad y responsabilidad que en muy pocas ocasiones llegan a medidas concretas.
A pesar de transitar durante muchos años en los discursos y las acciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, la realidad es que en estos casos los gobiernos funcionan más con una formalidad encriptada basada en razonamientos técnicos cuyo lenguaje son los cálculos, demandas de empresarios sin rostro y sin responsabilidades sobre los servicios, en este caso de transportistas, que encuentran una vía rápida de decisión de sus demandas.
Se insiste mucho en la democracia a través de la deliberación y discusión pública, por lo que existen consejos o comités integrados por múltiples membretes de organismos y universidades, que parten de un supuesto teórico de debatir o deliberar, pero que en la práctica funcionan más como una especie de ritual de justificación a las decisiones, sea porque la regla es la homogeneidad en las votaciones a favor de los intereses de los promoventes, por desconocimiento o porque en muchos de los casos, su “voto” no tiene ninguna consecuencia dentro de las instituciones, pero si mucho impacto social.
Es decir, la realidad de este tipo de mecanismos es que funcionan más como vehículos de legitimación y de una fachada de formalidad, revestidos de la “legalidad debida” y de una expresión técnica dura que tiene como finalidad hacer inexplicable lo explicable, en una época en que hasta existen versiones ajustadas de complicadas sentencias judiciales.
La voz de las personas usuarias no se encuentra reflejadas en dichas instancias a pesar de que se incluyen a “personas ciudadanas”, se pregona mucho en los gobiernos la igualdad, pero las decisiones se toman con visible carencia de información que explique las condiciones en las que se presta el servicio en los múltiples territorios y sus impactos en diversos grupos de la población, no se incluyen las evaluaciones en las condiciones del servicio, ni las respuestas a los reclamos y las maneras en las que fueron reparados, de tal manera que todo se reduce a la etiqueta de “razones de mercado”, lo cual puede ajustarse a cualquier definición.
En plena democracia, los responsables de dirigir los consejos y las responsables de las agendas de gobierno que impulsan estas acciones son piezas de una dictadura inducida a baja intensidad porque operan más como la de un defensor oficioso o una especie de pontífice para imponer e impedir el debate público.
Las posibles medidas para una sana revisión e incluso judicialización del asunto que opere en favor de los derechos de los usuarios, son medidos previamente y combatidos por ellos, incluso, buscando definir su “improcedencia” de forma anticipada para crear confusión, desánimo, desinformación y evitar el acceso a la justicia así como la operación de mecanismos de una democracia deliberativa.
Instituciones que deberían de operar proactivamente como el caso de la lenta y formalísima CEDHJ en esta serie de violaciones a los derechos humanos, lo hacen con el mínimo ánimo y estándar de su mandato, sin un enfoque que ponga énfasis en los posibles daños o en el anuncio de posibles responsabilidades, mucho menos impulsando medidas de superación para equilibrar los faltantes. Es una simple observadora procedimental.
La concesión en el transporte público de Jalisco, aunque se trata de un contrato para que empresas particulares realicen adecuadamente, con eficiencia y con la posición de dominar una actividad empresarial alguna función que debería realizar el Estado, en la realidad se transforman en dinámicas de financiación para los transportistas que evitan ser evaluados, reparar y cumplir con el objeto del servicio. Para ellos es un negocio que en la práctica lo realizan sin tomar en consideración a las personas.
Una prueba de dicha financiación es la forma opaca y monopólica en la que se pretende generar el subsidio para los usuarios del transporte con la tarjeta “única” de la empresa Broxel, la cual pone en riesgo derechos financieros y por su diseño, condiciona el acceso a los beneficios de los programas sociales, los cuales tienen una relación directa con varios derechos: salud, movilidad, atención a personas con discapacidad, entre otros.
Se trata de capitalizar con dinero público a una empresa deficiente que desdeña su propia integridad y que demuestra que no le importan los usuarios sino contar con fondos para operar y experimentar con los datos, gastos, depósitos, comportamientos y vidas de las personas que más requieren de decisiones de protección a través de subsidios.
Se alega que se busca la bancarización de la población, pero se omite mirar las condiciones del “banco” y sus socios, además de que el mecanismo es contrario a la garantía de los derechos, porque propicia obstáculos y discriminación por la falta de acceso a las dinámicas del instrumento. Otro aspecto, es que en vez de trasladar la co responsabilidad en la protección de los derechos de la población a través de una empresa, se adelgaza y se limita a los problemáticos mecanismos de atención que tienen las mismas, como los centros de atención de llamadas con bots y aplicaciones sin mecanismos de protección de datos personales reforzados.
La ruta para quienes más urgentemente deben de ser protegidos desde la resistencia y la realidad de los derechos humanos, se encuentra en crear mecanismos de reparación con base en los principios de empresas y derechos humanos en favor de los usuarios por el mal servicio, establecimiento de sanciones y mecanismos de co responsabilidad, incluso patrimoniales para las áreas que tienen relación con la ejecución de los subsidios y su seguimiento, condicionar la planificación, programación y presupuestación de la movilidad con información mayor en clave de derechos del usuario.
Otras acciones serían reconocer la legitimidad para presentar la nulidad de las decisiones a los distintos consejos ciudadanos para que en realidad defiendan los derechos que dicen deliberar, acotar el margen de discrecionalidad en la ley en la toma de decisiones del aumento de la tarifa para que el transporte público tome en consideración como variables del mercado el compromiso con los derechos de los usuarios, así como la responsabilidad solidaria de las empresas y el Estado en los incumplimientos del servicio, ya es momento de que los derechos sociales sean tomados en serio.
Por último, reconocer los subsidios como un derecho humano progresivo, con mecanismos para garantizar su aplicación en equilibrio de una economía que evita hacerse cargo de responsabilidades e impactos, pero que es impulsada por un gobierno que confunde un despacho corporativo con un ejercicio de gobierno cuya condición para serlo es la dignidad de las personas.
