¡No al tarifazo!

Lo primero que se pregunta doña Luz Alicia Cabrera es si el gobernador Pablo Lemus sabe cuánto ganan los ciudadanos de a pie que son la gran mayoría en Jalisco, y particularmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara. El salario mínimo,-reflexiona en su comentario escrito bajo la nota del periódico Occidental-, no alcanza para pagar dos, tres o cuatro pasajes diarios, incluyendo el tren ligero.

Cuatro votos a favor de integrantes del Comité Técnico Tarifario de la Secretaría de Transporte fueron los que decidieron, -con la oposición del Observatorio de Movilidad y Transporte, y de la Universidad de Guadalajara en representación de sus pares-, subir el pasaje a 14 pesos, casi un 50 por ciento más comparado con los 9.50 que cuesta.

A las pocas horas del aumento llegaron las reacciones programadas conforme al manual socorrido: la del gobernador Pablo Lemus que ya tenía preparado su guion para anunciar mil 200 millones de pesos de subsidio para 3 millones de ciudadanos que podrán pagar 11 pesos solo si tramitan la tarjeta única naranja, y la de ciudadanos y estudiantes que empezaron a protestar y movilizarse para impedir que entre en abril la nueva tarifa.

Son 11 mil 200 millones de pesos que irán a las cuentas de los concesionarios y no a obras sociales o al desarrollo de la ciudad.

En el mensaje del gobernador, y antes en el del secretario de Transporte, quedó evidenciado cuál fue el único criterio que predominó en la decisión que va ganando el repudio generalizado de los usuarios y jóvenes estudiantes: el técnico, muy por encima de las condiciones sociales y económicas de la gente.

En la decisión técnica burocrática no cabe la realidad de la gente que sufre del encarecimiento de los productos básicos que suben en gran medida por el aumento de la gasolina y que les impacta como a los concesionarios o dueños del transporte que se quejan de que no les alcanza lo que cobran, pero no abandonan el negocio porque siguen ganando. Solo que siempre quieren más.

Para las autoridades del transporte y el gobernador, los ciudadanos solo pueden acatar lo que se les imponga y no es necesario que sean consultados para preguntarles sobre el servicio que prestan los concesionarios, y lo que podrían los usuarios pagar demás de acuerdo con la situación económica que vive el estado y las familias más vulnerables.

Tampoco hay diferencia en la forma de tratar a los ciudadanos. Sean del PRI, del PAN o de Movimiento Ciudadano, la gente no es tomada en cuenta en decisiones que repercuten en su vida.

Que el gobernador, sobrado y empoderado, distante de la realidad social y económica de los jaliscienses, anuncie un subsidio para que la población pague a fuerza 11 pesos y ya no 14, ni menos los 9.50 que venía desembolsando, es engañoso. Es asumirse como el héroe de una historia donde es el principal villano, el orquestador del ataque a la economía de las familias tapatías.

Hay en los funcionarios del transporte y del mismo mandatario no solo insensibilidad, sino una idea equivocada de cuánto gana un obrero o empleado, o cuántos en promedio integran una familia en las colonias populares y fraccionamientos, lejos de las residencias opulentas de los funcionarios que tienen vehículos último modelo en su garaje.

En Noviembre del 2025, en su encuesta Nacional de Empleo y Desocupación, el INEGI reveló que casi un millón de jaliscienses tenían un trabajo en el que ganan un salario mínimo mensual o menos, equivalente al 24 por ciento de la población ocupada o activa.

La Zona Metropolitana de Guadalajara es más que el Centro Histórico o las zonas residenciales que lo rodean. Hay más colonias populares y ciudadanos, obreros, empleado, que viven al día, preocupados básicamente por lo que comerán y vestirán sus hijos.

No solo es el padre que trabaja, o la madre que también lo hace fuera o en casa, sino los hijos que van a la escuela y tienen que tomar uno o más unidades para movilizarse.

“El gobernador piensa que el salario mínimo es igual al de los diputados, senadores y todos los órdenes de gobierno. ¿Qué no saben cuánto ganamos al día?”, expresa doña Luz Alicia Cabrera en su reflexión que se suma a los miles de ciudadanos inconformes que ya salen a las calles a marchar para echar abajo la medida que amenaza su economía.

La bandera del rechazo a la medida ya no es solo de los jóvenes de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) que son los que tendrán la última palabra a la oferta de 5 pesos que les hizo el gobernador para frenar las protestas en la víspera del inicio de clases y del Mundial del Fútbol, es también de los ciudadanos que en las redes sociales y en las pláticas rumbo al trabajo manifiestan su rechazo al abusivo aumento del que solo habrá dos beneficiados con el negocio del tarifazo y las tarjetas: el gobierno de Pablo Lemus y los concesionarios que nunca pierden.