La Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia (RENACER) denunció que, tras más de tres décadas de tratados de libre comercio, México vive una crisis de contaminación, enfermedad y despojo territorial que afecta a comunidades de, al menos 18 estados, donde se han identificado 60 lugares marcados por altos índices de cáncer, insuficiencia renal y otros padecimientos graves a causa de la contaminación y daño al medio ambiente.
La Red acusa una “impunidad legalizada” que favorece a las industrias, la omisión de autoridades frente a evidencias científicas y la falta de información pública.
Por Farah Medina /@ _dtfarahm_
La Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia (RENACER) denunció el pasado 26 de enero de 2026 un escenario de “envenenamiento, enfermedades, contaminación, despojo del territorio y muerte”, consecuencia directa de más de tres décadas de políticas y tratados de libre comercio. La RENACER se fundó el 26 de enero de 2025 y está integrada por comunidades de 18 entidades, organizadas en cinco regiones del país. Desde ahí, construyen una articulación nacional que busca frenar un modelo que, afirman, convierte a México en un territorio de sacrificio.
Durante la presentación de informe en la Ciudad de México, la organización identificó 60 grandes regiones de emergencia sanitaria y ambiental, calificadas como “infiernos ambientales”, donde la expansión industrial sin control ha provocado un aumento sostenido de enfermedades crónicas y muertes en comunidades de al menos 18 estados del país.
Desde 1994, año en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las comunidades hoy articuladas en RENACER aseguran que la promesa de desarrollo nunca llegó.
“Denunciamos que desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, no hemos percibido los supuestos beneficios que prometieron los gobiernos neoliberales para salir de la pobreza, sino todo lo contrario”, expresó Alejandra Méndez, la coordinadora de la región centro de RENACER.
En cambio, relatan haber vivido un proceso prolongado de exposición a sustancias altamente peligrosas. “Llevamos más de tres décadas expuestas a sustancias tóxicas, peligrosas y contaminantes que terminan acumulándose nocivamente en nuestros cuerpos, principalmente en las infancias y personas jóvenes”, continúo Alejandra, quien además habló que los efectos visibles son en el incremento de cáncer, insuficiencia renal, abortos espontáneos, malformaciones congénitas y enfermedades degenerativas.
Uno de los ejemplos más documentados es la Cuenca del Alto Atoyac, en donde se han registrado altos índices de enfermedades como el cáncer o insuficiencia renal. Según, este informe, a nivel nacional, el diagnóstico es igualmente alarmante.
RENACER sostiene que esta crisis tiene raíces en el modelo económico impuesto desde los años noventa, desde entonces, la Red menciona la arquitectura legal fue diseñada para facilitar inversiones, no para proteger a las personas, su salud y el medio ambiente.
Uno de los principales señalamientos que se hace desde la Red es que las normas ambientales no reflejan la complejidad real de la contaminación, así denunció Andrés Barreda Marin, Coordinador de RENACER:
“Hay una impunidad legalizada, así le llamamos porque las industrias vienen cumplen con la normativa, que la normativa ya es laxa… pero hay cientos de que no están dentro de la norma y que están matando a la población”.
La Red también advierte que, en materia de contaminación del aire, sólo se regulan contaminantes asociados al cambio climático, dejando fuera muchos compuestos directamente vinculados con enfermedades graves.
Confirmaron, también, la existencia del respaldo científico sólido que confirma la relación entre contaminación y enfermedad y la mayor presencia en estados como: Jalisco, Hidalgo, Veracruz, Estado de México, Monterrey y Guanajuato. Sin embargo, denuncian omisiones por parte de las autoridades:
“No entendemos por qué diferentes instituciones gubernamentales hacen caso omiso de las evidencias de correlación entre la contaminación ambiental y las enfermedades degenerativas”, comentó Phidell Castillo M, integrante de la región oriente de RENACER.
Señalaron además que, desde instituciones y autoridades, suele trasladarse la responsabilidad a la población, culpando a quienes viven alrededor de los sitios gravemente afectados por estas actividades.
Ante ello, invitaron a reflexionar sobre los distintos niveles de responsabilidad, pues, aunque reconocen que todas las personas contribuyen de alguna forma al problema, subrayan que los componentes más tóxicos provienen principalmente de las grandes industrias y no de pequeños productores, como los queseros.
“Una cuestión que había que ver es ubicar el nivel de responsabilidad que tenemos todos, todos, todos; todas somos responsables, pero hay niveles de responsabilidad”, expresó Alejandra.
La activista también se refirió a la obligación de las autoridades de transparentar la información:
“Es una obligación del Estado mexicano tener disponible la información, pero eso no ocurre… hay un ocultamiento también de la información por parte de las instituciones”.
Ante este panorama, la organización RENACER exige el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, firmado por México, el cual establece que se debe garantizar el derecho al acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la protección a las personas defensoras del medio ambiente, según lo reconoce el Gobierno federal.
Exigen solución y atención a problemas de salud presentes en la población, los daños al medio ambiente, sumado a esto solicitan la creación de un plan general de justicia ambiental y de salud, para las comunidades y personas trabajadoras afectadas.
La Red aclara que desde su posición, tiene un interés por el crecimiento de industrias que apoyen la economía e industria nacional; sin embargo, sin cambios que vean por el bienestar ambiental y de salud de las poblaciones, el aumento de enfermedades, seguirá, así como la destrucción de ecosistemas, rechazará la expansión industrial.
“Antes de instalar más corredores y parques industriales, exigimos que se solucionen los problemas de salud que padecemos y se remedien los daños provocados al medio ambiente”, expresó Gustavo Alcocer, Coordinador de la región Occidente de RENACER
También, a voz de Gustavo, cuestionaron soluciones parciales como la construcción de plantas de tratamiento sin cambios de fondo:
“En lugar de que las personas funcionarias públicas de todos los niveles de gobierno simulen que resuelven nuestros problemas, necesitamos que se revisen y modifiquen a fondo las normatividades de agua, aire y suelo, reconociendo las sustancias y dosis que nos enferman y matan”.
RENACER ha identificado que las comunidades afectadas por esta falta de regulación son las siguientes: Tula, Atitalaquia, Atotonilco y Apaxco; corredor San Pedro Barrientos–Lechería; Valle de Toluca; Cuenca del Alto Atoyac; El Salto y Juanacatlán; Coatzacoalcos, Minatitlán y Tierra Blanca; sur industrial, norte agroindustrial y centro de Guanajuato; zona metropolitana de Monterrey; región Laguna en Coahuila; Valle del Yaqui y cuenca del río Sonora; Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y río Bravo; regiones de Campeche y Yucatán; cuenca Libres Oriental; Los Azufres; Lázaro Cárdenas; Los Mochis y Santiago Ixcuintla, entre decenas más.
