Mujeres trans y trabajadoras sexuales bloquearon Pino Suárez en el Centro Histórico de la Ciudad de México para exigir reparación integral tras denunciar agresiones, amenazas con arma de fuego y detenciones arbitrarias durante un operativo policial el pasado 13 de febrero.
Por Denisse Ureña / @denisseure_ Jorge Yeicatl/ @desconocido_tour
Mujeres trans, trabajadoras sexuales y personas en situación de calle se manifestaron frente a la sede de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para exigir una reparación integral del daño tras el operativo policial del pasado 13 de febrero, en el que —según denunciaron— fueron golpeadas, detenidas arbitrariamente, despojadas de sus pertenencias y amenazadas de muerte.
La protesta derivó en el cierre de la circulación en Pino Suárez, en el Centro Histórico, luego de que los colectivos señalaran que se agotaron las vías de interlocución con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México sin obtener respuestas concretas. Las manifestantes advirtieron que no liberarán la vialidad hasta que exista un compromiso formal de investigación y garantías de no repetición.
Victoria Sámano, directora de LLECA, sostuvo que el operativo ejecutado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México constituyó una grave violación a derechos humanos, particularmente contra mujeres trans en situación de alta vulnerabilidad. De acuerdo con su testimonio, el despliegue policial no sólo implicó uso excesivo de la fuerza, sino actos de intimidación que incluyeron amenazas con arma de fuego.
Karo, trabajadora sexual que afirma haber sido agredida, relató que uno de los oficiales sacó un arma y apuntó contra una de sus compañeras. “Así como todas estas chicas que están sentadas y están tapadas su boca, es a cada una a las que golpearon, reprimieron, insultaron, denigraron y las amenazaron de muerte”, declaró durante el mitin. “Exigimos respeto y seguridad; nosotras también trabajamos y contribuimos”.
En las intervenciones públicas, las manifestantes cuestionaron la política urbana del gobierno capitalino, señalando que mientras se destinan cientos de millones de pesos a proyectos de infraestructura y remodelación, las trabajadoras sexuales enfrentan desplazamiento territorial y precarización. Denunciaron que en la Calzada de Santa Cruz se han restringido espacios donde históricamente ejercían su actividad, sin ofrecer alternativas de vivienda o trabajo digno.
“Queremos una actuación espectacular como la que se prepara para eventos internacionales, pero para garantizar nuestros derechos”, expresó otra de las voceras, al subrayar que no aceptarán nuevas mesas de diálogo si no existen resultados verificables. Afirmaron que han sido convocadas reiteradamente a reuniones sin que se traduzcan en soluciones estructurales.
Las colectivas demandan una reparación integral que incluya el reconocimiento público de los hechos, la investigación y sanción a los responsables, así como medidas que aseguren acceso a vivienda en renta accesible y condiciones de seguridad sin hostigamiento policial. También exigen que se respete su derecho al trabajo y a la identidad de género, sin discriminación ni criminalización.
La movilización coloca nuevamente en el centro del debate la situación de las mujeres trans y trabajadoras sexuales en la capital del país, un sector históricamente expuesto a violencia institucional, estigmatización y falta de acceso efectivo a derechos básicos. Organizaciones acompañantes señalaron que los hechos podrían configurar violaciones al derecho a la integridad personal, a la libertad, al trabajo y a la no discriminación.
Hasta el cierre de esta edición, el Gobierno de la Ciudad de México no había emitido un posicionamiento detallado sobre las acusaciones. Mientras tanto, la zona de Pino Suárez permanece cerrada a la circulación y los colectivos mantienen presencia permanente frente a la sede del gobierno capitalino, en espera de una respuesta que, insisten, no sea retórica sino vinculante.
