Lisi Celis, quien permanecía en plantón pacífico y huelga de hambre fuera de Casa Jalisco desde hace casi un mes, denunció que el Gobierno de Jalisco aprovechó la activación de la medida de seguridad “Código Rojo” -por los hechos de violencia del 22 de febrero en el estado- para desalojarla del campamento que había instalado para recuperar a su hijo Patricio.
Aunque la representante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en Jalisco no pretendía moverse del espacio, la nula activación de medidas de seguridad por parte del Gobierno que le hicieran sentir segura en las inmediaciones de la llamada “residencia oficial del gobernador” la hicieron tomar la decisión de resguardarse momentáneamente para proteger su vida. “Fue una medida de protección ante un contexto de violencia real y pública” advirtió en sus redes sociales.
En medio de este contexto de violencia social extrema y desprotección estatal hacia las mujeres, adolescentes y niñas en Jalisco y México, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), proteger a las defensoras de derechos humanos y a implementar estrategias de seguridad con perspectiva de género, garanticen su seguridad y vida.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
Lisi Celis no pensaba abandonar el plantón pacifico y la huelga de hambre que comenzó hace casi un mes fuera de Casa Jalisco. Sin embargo, tuvo que tomar la decisión de resguardarse para proteger su vida en medio de un “contexto de violencia real y pública”, asegura.
La activación del protocolo de seguridad “Código Rojo” que se implementó este domingo 22 de febrero en Jalisco, como respuesta a la serie hechos de violencia registrados en al menos 30 municipios del estado tras la detención del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Rubén “N”, conocido como “El Mencho”, no parecía para esta madre una razón suficiente para detener la lucha que encabeza para recuperar a su hijo Patricio.
Lisi, lleva al menos seis años exigiendo que las autoridades de procuración de justicia en Jalisco y en el país hagan lo conducente judicialmente para restituir el vínculo materno filial que su ex pareja -y padre de sus dos hijos Marcelo y Patricio- le arrebató ejerciendo en su contra violencia vicaria.
Desde el 25 de enero tomó pacíficamente en plantón la entrada principal de la residencia oficial del gobernador Pablo Lemus, para exigir con una huelga de hambre la restitución y recuperación de su hijo Patricio, quien permanece junto a su agresor vicario de manera impune.
La representante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en Jalisco, documentó a través de diversos Instagram Live la sensación de inseguridad, desprotección y desconcierto que sintió el pasado domingo 22 de febrero desde su campamento a las afueras de Casa Jalisco “aquí tienen gente armada, como esperando que algo suceda. Me voy a cruzar, a la calle de enfrente, tal vez en alguna cochera, ahí me voy a resguardar, porque en quien no confío es del Estado”.
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“Su obligación es resguardarme, no entiendo por qué no cercan las calles, qué negligencia es esto” cuestionó antes de salir de las vallas de seguridad que tanto le costó que fueran instaladas por el Gobierno del Estado para mantenerla segura en su campamento hace un mes: “dejó en redes que me estoy saliendo de la zona de más riesgo, estoy en la esquina, viendo el movimiento” aseguró en el video.
Antes avisó a una de las policías que se encontraban en el lugar que sólo iría a resguardarse fuera de la zona de riesgo, que esto no significaba retirarse, pero que no veía otra opción porque ninguna autoridad había hecho algo por mantenerla lejos del peligro “me voy a poner enfrente porque si les importara la seguridad de la zona ya habrían cerrado las calles” le dijo.
Al ver su integridad expuesta y ser insostenible la situación de extrema violencia, en medio de bloqueos, balaceras y vehículos incendiados en diversas avenidas principales del Área Metropolitana de Guadalajara Lisi hizo público que habría tomado la decisión de resguardarse “momentáneamente” para proteger su vida.
En su comunicado lo dejó claro:
“No me retiré. No abandoné mi lucha. Me resguardo porque la violencia que estaba viviendo era real y el riesgo también”.
Si bien, denuncia Lisi, el acuerdo del Gobierno del Estado fue que mantendrían intacto su campamento mientras ella se resguardaba, la mañana del 23 de febrero se encontró con otra realidad: “Mis pertenencias fueron aventadas. Mi casa de campaña fue dañada. Mi espacio fue intervenido. La autoridad no cumplió. No se trata solamente de objetos, se trata de la palabra empeñada por un gobierno”.
En su transmisión en vivo, Lisi mostró la forma en la que arrojaron sus pertenencias fuera de las vallas. Las dejaron en la calle, amontonadas, mencionó, incluso, algunas de ellas estaban rotas. “Es increíble que el gobierno haya aprovechado este momento para echarme de esta manera”.
Sus pertenencias, más allá de lo material, reconoce Lisi Celis, habían sido también un logro comunitario para conseguir la dignificación de este espacio que tomó pacíficamente para urgir al Estado justicia. “No es un campamento roto: es la falta de ética, de responsabilidad y de respeto a la ciudadanía”.
“Así es como respeta Pablo Lemus a las mujeres que luchamos, a las mujeres que luchan por sus hijos” declaró.
Con una camioneta de mudanza, que consiguió por suerte en medio de un estado donde todavía no se restablece la cotidianeidad -tras los eventos de violencia y la activación del protocolo Código Rojo- Lisi se llevó sus pertenencias.
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Al respecto, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), manifestó su profunda preocupación y total solidaridad con todas las mujeres, adolescentes y niñas en México frente a lo que nombraron ha sido “la escalada de violencia armada e inseguridad que azota sus territorios”.
Y es que, con dolor e indignación reconocieron que las mujeres “estamos atrapadas en guerras que no pedimos ni provocamos. En estos contextos de criminalidad y militarización”.
Por ello, rechazaron la invisibilización de las víctimas de la violencia estructural que se agudiza especialmente en contra de mujeres y niñas, quienes se vuelven blancos específicos en estos contextos de conflicto armado. Reconocieron de manera particular el miedo y el desplazamiento forzado que ha impactado directamente la autonomía y la seguridad de mujeres, como Lisi, como las madres defensoras de derechos humanos, de sus hijas e hijos, dentro del territorio.
Urgieron en este sentido al Estado Mexicano que “asuma su responsabilidad” y que, por lo tanto:
- Salvaguarde la vida y la integridad física y psicológica de las mujeres y niñas garantizando entornos libres de violencia.
- Proteja a las defensoras de derechos humanos, cuyas voces son vitales para la democracia y la justicia en la región.
- Implemente estrategias de seguridad con perspectiva de género “que dejen de ver el conflicto sólo en cifras y reconozcan el impacto diferenciado en las mujeres, así como la protección ante la violencia que se agrava ante otras condiciones de vulnerabilidad”.
Lisi prometió que, “en cuanto pase el Código rojo las mujeres y las madres que hemos sufrido violencia haremos lo propio” y coincidió con CLADEM sobre la necesidad de que las autoridades de Jalisco -y el país- aún requieren “voltear a ver a las víctimas”, especialmente a las mujeres, quienes sufren de la indiferencia y el abuso de poder.
“Es una pausa, no es un adiós”, informó más tarde desde su casa. “No diré hasta aquí llegué porque Jalisco nos debe mucho a mis hijos y a mí, porque el Gobierno de Jalisco nos debe mucho a las mujeres” expresó.
