A casi seis años de la desaparición de Oscar Daniel Ramírez Lozada, Rafael —padre de la víctima— denunció que la audiencia para dictar sentencia contra uno de los presuntos responsables fue diferida en dos ocasiones sin justificación clara, lo que prolonga el proceso judicial y profundiza la revictimización de su familia.
Con dos personas detenidas por el caso, la exigencia central es que el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco resuelva “de manera pronta y expedita” y emita las sentencias correspondientes por la desaparicion y asesinato del joven de 21 años.
Por Darwin Franco / @DarwinFranco
Oscar Daniel Ramírez Lozada fue desaparecido por su expareja el 1 de abril de 2020. Meses después fue detenido Luis Felipe, identificado por la familia como el principal responsable, y dos años más tarde fue aprehendido su hermano, Cristian Enock. Desde entonces, el proceso penal ha avanzado con aplazamientos que, de acuerdo a Rafael Ramírez, padre de la víctima, han impedido llegar a una sentencia.
La audiencia programada para el 16 de febrero de 2026 —en la que se esperaba una resolución contra Cristian Enock— fue pospuesta luego de varias horas de espera. Al día siguiente, nuevamente se difirió bajo el argumento de que la defensa requería más tiempo para conocer el caso.
“Sus abogados han tenido más de tres años para empaparse del expediente. Nos citaron a nosotros y a los testigos para cancelar otra vez. Eso es revictimizarnos”, señala el padre, al tiempo que agrega que todo esto genera impotencia y extiende el dolor de la desaparición y, posterior, localización sin vida de Oscar Daniel.
El proceso se desarrolla en los juzgados de Puente Grande. De acuerdo con el testimonio, la Fiscalía de Jalisco y el Ministerio Público a cargo han trabajado en la integración de pruebas, incluso, en coordinación con la familia, misma que participó en la localización del lugar donde fue hallado el cuerpo del joven: un pozo a un kilómetro de la vivienda de los imputados, esto gracias al testimonio de personas solidarias.
Sin embargo, Rafael Ramírez acusó que las decisiones judiciales han frenado el avance del caso: “Sentimos que nuestra voz no se oye. Vivimos con miedo y con la sensación de que no nos están haciendo justicia”.
La familia de Oscar Daniel, como una forma de presionar a la autoridad judicial, promovió un amparo para solicitar que el proceso no se siga aplazando y que se acumulen las causas contra ambos hermanos, con el fin de evitar nuevas revictimizaciones. Esto último es importante, pues a pesar de que ambos hermanos son señalados por su presunta participación en la desaparición y asesinato de la víctima, los procesos judiciales se están llevando por separado.
“Nosotros queremos que ambos casos se unan en una sola causa penal, esto para que ambos sean juzgados por ambos delitos”, señala Rafael.
En ambos casos, ninguno de los hermanos ha confesado haber desaparecido y asesinado a Oscar Daniel, pese a que las pruebas recabadas por Fiscalía los responsabilizan de ambos delitos, de ahí la urgencia de la familia de que no se le permita más a su defensa extender el proceso judicial.
De ser declarados culpables por el delito de desaparición entre particulares con la agravante de homicidio, los hermanos podrían recibir una condena de entre 50 y 75 años de prisión.
A la par de denunciar la dilación de la justicia, Rafael Ramírez señaló que también han solicitado medidas de protección, pues durante la búsqueda recibieron amenazas: “Me dijeron que si seguía buscando iban a venir por otro de mis hijos. Esa declaración está asentada”, afirmó al tiempo de que aseguró que teme que esto se repita ahora que están exigiendo que se les dicte sentencia.
Otro de los efectos de las dilaciones es el desgaste de los testigos, quienes deben trasladarse en repetidas ocasiones, cubrir gastos y reorganizar sus actividades laborales. Esto, advirtieron, puede afectar la disponibilidad de sus testimonios y, con ello, el desarrollo del proceso: “Ellos pierden tiempo y dinero. Pueden decidir ya no ir, y entonces los responsables quedar libres”, explica.
De acuerdo con el padre de la víctima, el Ministerio Público ha solicitado al juez avanzar hacia la resolución del caso al considerar que existen los elementos suficientes para dictar sentencia.
En el contexto de las desapariciones en Jalisco y en el país, la familia subrayó que el acceso a la justicia en tiempos razonables forma parte de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos: “Nuestra exigencia es que se respete el debido proceso, pero también nuestro derecho a la justicia y a vivir sin miedo, pues la tranquilidad nos la robaron desde hace seis años. Lo único que pedimos es justicia”, expresa.
Mientras tanto, la familia espera que las audiencias pendientes —entre ellas la del otro imputado, programada para mediados de año— permitan avanzar hacia una resolución: “Queremos poder decirle a nuestro hijo que se hizo justicia”, concluye.
Entre 2018 y 2025, en Jalisco se han dictado 42 sentencias condenatorias por el delito de desaparición, lo que corresponde a menos de un 1% del total de denuncias presentadas por este delito en todo el estado.
