Colectivos de familias buscadoras alertaron que una iniciativa presentada y en discusión en el Congreso de Jalisco podría limitar la pega de fichas de búsqueda en el espacio público. Advierten que el término “espacios públicos no prohibidos” pone en riesgo la difusión, obstaculiza la búsqueda y abre la puerta a actos discrecionales contra quienes buscan a sus familiares, así lo denunció el Colectivo Luz de Esperanza.
Por Aletse Torres / @aletse1799
El 25 de febrero, a las 12:25 horas, la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso del Estado de Jalisco discutió una iniciativa relacionada con la Protección de Fichas de Búsqueda de Personas Desaparecidas, presentada por el diputado independiente Alejandro Puerto, la cual fue modificado por la propia Comisión para que en lugar de proteger el derecho de las personas desaparecidas a ser buscadas, se les restrinja a sus familiares el hacerlo a través de la pega de fichas en el espacio público.
La sesión se dio en medio de un contexto de violencia reciente en el estado y con la presencia de familias buscadoras que acudieron para exigir que la ley no limite ni obstaculice las acciones de búsqueda en vida.
Durante la discusión, las familias fueron informadas de que el dictamen de dicha iniciativa incluía un término que no estaba contemplado en la iniciativa original y que representa un riesgo directo para la búsqueda: “las fichas sólo deberán respetarse cuando estén colocadas en “espacios públicos no prohibidos”.
Para el colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, esa redacción no es un detalle técnico ni un error menor. Se trata de un concepto que no existe como categoría jurídica definida y que deja en manos de la autoridad la decisión sobre dónde y pueden colocarse las fichas y dónde no.
“Imagínese que estemos haciendo acciones de pega y de repente llegue la autoridad administrativa o la policía y nos diga: ‘¿Sabes qué? Aquí no puedes hacer pega de cédulas de búsqueda porque es un lugar público no permitido’. Entonces, ¿cuáles van a ser los lugares permitidos?”, cuestionó Héctor Flores, integrante del colectivo.
El padre buscador subrayó que la preocupación de las familias es completamente legítima, pues -al menos en el colectivo al que pertenece- llevan varios años realizando la pega de ficha cada domingo, y lo hacen bajo el criterio de mayor visibilidad, pero ahora les preocupa que de aprobarse el dictamen con dicha ambigüedad, esto pueda traducirse en interrupciones constantes a las jornadas de pega, en retiros arbitrarios de fichas y en la posibilidad de que se impida la difusión bajo criterios administrativos: “Nos quieren cortar las alas en los temas de difusión y de pega de cédulas”, afirmó.
La iniciativa plantea reformar el artículo 146 del Código Penal del Estado de Jalisco, esto para crear una sanción aplicable únicamente a funcionarios que retiren o borren fichas de búsqueda.
Además, también se plantean cambios en los artículos 4 y 74 de la Ley de Personas Desaparecidas para que oficialmente se reconozca a la “Cédula o Ficha de Búsqueda” como un documento clave en la búsqueda de las víctimas de este delito, lo que derivaría en la reglamentación de acciones de protección y la obligación de los municipios a publicarlas en medios digitales, así como facilitar su colocación impresa en espacios públicos.
La iniciativa fue presentada por el diputado Alejandro Puerto con el objetivo de proteger las cédulas de búsqueda y sancionar a quienes las retiren, manipulen u oculten sin causa justificada. Sin embargo, el dictamen aprobado por la Comisión incorporó la distinción entre “lugares permitidos o prohibidos”, lo que, para las familias, contradice ese objetivo y debilita la protección que se buscaba garantizar.
Durante la sesión, el legislador Puerto reconoció que la redacción del dictamen introduce términos que complican el proceso de búsqueda y anunció que buscará modificarlo en la segunda lectura. No obstante, para las familias, el daño ya está hecho: el dictamen avanzó con una redacción que pone en duda la legitimidad de la pega de fichas en el espacio público.
Pese a las advertencias de los colectivos, la Comisión de Seguridad y Justicia se adhirió al dictamen con siete votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, lo que permite que la reforma avance al pleno del Congreso para su segunda lectura y votación. En caso de ser aprobada, podría publicarse y entrar en vigor con el término aún vigente.
Para las familias, el problema de fondo es que la redacción actual invierte la lógica de protección. Antes de sancionar a quien retire una ficha, se pondría en duda si la ficha podía estar colocada en ese lugar.
“No es que nosotros no entendamos qué es un espacio público”, insistió Flores. “Es al revés: se está atentando contra un derecho internacional, el derecho a ser buscado, y contra la libre expresión”.
Desde la perspectiva de derechos humanos, la inclusión del término “espacios públicos no prohibidos” no es una falla menor ni un problema de redacción aislado. Para las familias buscadoras, se trata de una forma de violencia institucional, porque introduce un obstáculo adicional a la búsqueda en un contexto donde el Estado ya ha fallado en garantizarla.
De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, el Estado tiene la obligación de facilitar la búsqueda de las personas desaparecidas y garantizar la participación de sus familiares, no de someterla a criterios administrativos ambiguos.
Además, la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege la libertad de expresión y la difusión de información de interés público, lo que incluye las acciones de visibilización que realizan los colectivos mediante fichas de búsqueda. Bajo estos estándares, cualquier redacción que condicione o limite la colocación de fichas en el espacio público no sólo genera inseguridad jurídica, sino que vulnera derechos fundamentales y expone a las familias a nuevas formas de control y revictimización.
En la sesión de la Comisión, la diputada de MORENA, Norma López, sostuvo que los cambios, pese a las críticas, sólo buscan claridad técnica; sin embargo, el Colectivo luz de Esperanza reiteró que cualquier término que permita restringir la colocación de fichas representa un retroceso, pues regular la visibilidad de las fichas bajo conceptos indefinidos no ordena el espacio público: obstaculiza la búsqueda.
La exigencia de las familias buscadoras es concreta: que se elimine del dictamen cualquier redacción que permita a la autoridad impedir, cuestionar o retirar fichas de búsqueda bajo criterios discrecionales, ya que cuando el derecho a buscar depende de interpretaciones, deja de ser un derecho garantizado.
