A casi un año de la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas tras el colapso de una estructura en el festival AXE Ceremonia, la familia de Miguel Ángel denuncia irregularidades en el proceso de justicia. Por lo que, exigen la comparecencia de empresarios y la imputación de más compañías involucradas en la organización del evento.
Por Karen García / @karen_gdlt
A 10 meses del fallecimiento de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, sus familias denuncian que no han recibido justicia. Su muerte sucedió como resultado de la negligencia -tanto de organizadores como de distintas empresas aliadas-, al colocar una estructura improvisada como decoración y zona de descanso en el festival musical AXE Ceremonia, provocando que esta colapsara mientras ambos se encontraban sobre ésta haciendo su trabajo como fotoperiodistas.
Desde el primer momento de esta tragedia, tanto el festival como las autoridades de la Ciudad de México, tardaron en dar respuesta sobre lo sucedido y decidieron continuar con este evento. Una muestra de la lenta acción y jerarquía de prioridades para las autoridades y empresas de entretenimiento involucradas. Además, el hecho lamentable dejó en evidencia tanto la precariedad laboral, como la falta de protocolos de seguridad y protección para las y los trabajadores del festival. Esto se ha traducido en casi un año de procesos de justicia tardía e irregular.
Con este contexto de frente y mediante un comunicado de prensa, la familia de Miguel Ángel Rojas solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la comparecencia de Diego Jiménez Labora y otros accionistas del grupo ECO, la empresa organizadora del festival; así como la imputación de la empresa concesionaria del Parque Bicentenario– lugar en el que se llevó a cabo el evento-, el grupo Eclectic, manejada por los hermanos McPhail. Esto para esclarecer los hechos de la muerte del fotoperiodista.
“No se trata de acusaciones anticipadas, sino de conocer quién tomaba las decisiones y quién tenía el deber de evitar lo ocurrido.”, expresó Diana Rojas, hermana de Miguel Ángel dentro del comunicado. Con ello, se busca que tanto las empresas como “personas con poder de decisión corporativa”, rindan entrevistas para explicar los mecanismos de control y saber si contaban con protocolos de prevención de riesgos y seguridad.
Entre sus exigencias se encuentra la modificación de la calidad jurídica de la empresa Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP a imputada, pues señalan que, hasta la fecha, la única que se encuentra así es la Operadora Eclectic.
“Si una empresa administra un recinto abierto al público, también administra la seguridad de quienes entran a él”, expresó Diana Laura Rojas Hernández.
Asimismo, la familia Rojas Martínez externó su preocupación, debido a que desde que inició el proceso de justicia, no se ha celebrado una audiencia inicial, afectando “su derecho de acceso a la justicia pronta y expedita”, queja que se presentará ante el Tribunal de Disciplina Judicial, debido a irregularidades en el trámite del amparo indirecto 853/2025, el cual fue radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México por la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros.
“Esta situación impacta directamente nuestro derecho a la justicia pronta, completa y expedita. Por ello solicitamos a la autoridad disciplinaria revisar la legalidad, motivación y proporcionalidad de la medida cautelar dictada y determinar si fue emitida conforme a los principios de legalidad, debida motivación y tutela efectiva de los derechos de las víctimas”, comunicó la familia de Miguel Ángel.
Un día después de la publicación del comunicado, el 21 de febrero la familia se manifestó en el Parque Bicentenario como un acto de memoria, honor y exigencia a que su hijo tenga justicia.
